Luego del encuentro con funcionarios provinciales, referentes de organizaciones ambientalistas de la provincia afirmaron que quedaron “más dudas”, ante la inexistencia de un proyecto del corredor costero del canal de Beagle. Quedaría en manos de la empresa adjudicataria realizarlo, al igual que el estudio de impacto ambiental y la traza de la ruta. Reclamaron la convocatoria a especialistas.
Río Grande.- Referentes de organizaciones ambientalistas de la provincia cuestionaron la falta de un proyecto en la obra de la ruta costera, que se adjudicó a la empresa Juan Felipe Gancedo por un monto de 1.700 millones.
De parte de la Fundación Ushuaia XXI, Julio Lovece indicó que “el jueves de la semana pasada tuvimos una reunión con algunos de los funcionarios, entre ellos el Ministro de Obras Públicas, funcionarios del área de Medio Ambiente, de Turismo, de Cultura y Planeamiento de la provincia. Se manejó dentro de carriles muy amables y se nos hizo entrega de parte de la información que estábamos reclamando, pero quedamos un poco confundidos porque no se trata del proyecto en sí mismo sino de los pliegos de la licitación”, dijo a Radio Universidad.
“Yo esperaba encontrarme con un proyecto inicial que marque las pautas a seguir y se transforme luego en los pliegos de licitación, pero aparentemente es parte de la normativa que está autorizada. Encontramos en esos pliegos bastante información, se hicieron reuniones por separado con cada ONG y durante casi dos horas pudimos expresar nuestra posición y hacer muchas preguntas. Algunas fueron respondidas y otras no tuvieron respuesta”, lamentó.
“Nosotros seguimos pensando que un proyecto de esta envergadura e importancia, que involucra a un sector muy frágil de nuestra geografía, tendría que tener la participación de un grupo de biólogos, arqueólogos, expertos en turismo y paisajistas que garanticen que van a ser conservados los valores que nosotros creemos que deben preservarse. Por lo menos por ahora no existe esa alternativa, si bien es nuestra esperanza que la provincia convoque a distintos expertos, que ya conocen la zona y trabajan hace muchos años, por lo que pueden opinar”, planteó.
Consideró que “tendría que haber un plan de manejo que garantice qué se va a poder hacer y qué no en ese sector, para que la ruta tenga objetivos ya definidos y no indefinidos, de manera que se pueda saber si es que se va a permitir que en esa ruta comiencen a haber asentamientos urbanos, si habrá algún proyecto minero o no, si se va a permitir cualquier tipo de inversión que pueda venir, como alguien que quiera venir a construir un hotel o se le ocurra poner una fábrica de chacinados, por dar un ejemplo”.
“No todas las actividades que se puedan ir desarrollando son compatibles. Se habla de proyectos acuícolas y pueden llegar a tener cierta compatibilidad con lo turístico, siempre y cuando estén acotados y respondan a un plan de manejo muy estricto. No se trata de llenar de jaulas de salmones todo el canal de Beagle sino de tratar de zonificar y garantizar que algunos espacios van a ser preservados para el turismo y otro tipo de actividades, para que no nos pase lo que le pasó a Chile”, advirtió.
“Acá se habla mucho del modelo noruego de acuicultura como si fuera garantía de sustentabilidad, cuando la única sustentabilidad que ha tenido el modelo noruego ha sido económica y, en función de potenciar las ganancias, ha metido jaulas para 100 salmones con 800 animales, que se han enfermado. Esto ha implicado una mayor cantidad de antibióticos, luego ha generado contaminación que en muchos sectores es irreversible. Si la ley no existe, ya debería haber una que marque la cancha y diga cuáles son los límites, cuál es el modelo y que debe estar garantizada la sustentabilidad, para que no cometamos los errores que han cometido en otras partes del mundo”, sostuvo.
“De la reunión por lo menos rescatamos un diálogo, que no se debería haber demorado, y esperamos que no sea la única. Apostamos a que no solamente se nos convoque a los referentes de las ONGs, porque aquí debe convocarse a un equipo de científicos del CADIC, de docentes de la universidad de Tierra del Fuego, que seguramente pueden tener una mirada mucho más profunda de la nuestra, que es desde el aspecto turístico y cultural”, dijo.
“Si quieren hacer de esta ruta una ruta turística, debería ser una ruta turística modelo, la más linda del país, y para ello se requiere la mirada de otro tipo de profesionales que exceden a los profesionales del gobierno, que de alguna manera están condicionados por el poder político, que les impide dar una mirada contraria”, expresó.
Reiteró que les hizo “mucho ruido que no exista un proyecto que hable del corredor canal Beagle y que se hable solamente de la ruta 30. Yo veo que la información sigue estando incompleta y esto nos genera temor e incertidumbre. Uno tiene la duda de si realmente se tiene un plan o se está especulando y, si mañana alguien quiere poner un hotel o una fábrica, y se le va a permitir libremente siempre y cuando garanticen cierta inversión. A veces no todas las inversiones son positivas”, sentenció.
Todo a cargo de la empresa
Por su parte Nancy Fernández, de la asociación Mane’kenk, aseguró por Radio Provincia que luego de la reunión con los funcionarios “nos fuimos con más preguntas que respuestas. Estamos conformes por el diálogo, pero las autoridades no hicieron más que cumplir con lo que marca la ley, que es dar respuesta a los pedidos de información pública”.
“Hubo muchas preguntas que no pudieron responder. La respuesta fue que no hay proyecto y que lo tiene que hacer la empresa en 90 ó 120 días. La empresa va a definir la traza de la ruta y va a hacer el estudio de impacto ambiental”, afirmó, sobre una serie de responsabilidades que le competerían al estado y fueron delegadas.
“No estamos en contra del desarrollo ni de la obra pública, pero evidentemente tenemos una diferencia metodológica sustancial respecto de las prioridades del desarrollo y qué obra se prioriza con semejante endeudamiento por tantos años. Estamos en total desacuerdo con el tramo uno y el tramo tres, porque son ambientes que se están conservando gracias a la inaccesibilidad. Creemos que es posible hacerlos accesibles por otros medios, como sendas de trekking, de bicicleta, que realmente atraigan al turismo, que no siempre va a buscar una ruta”, dijo.
Observó que “el pliego licitatorio menciona un documento que ponen como condición de estudio ambiental, que se llama Mega II de Vialidad Nacional y cualquier ciudadano lo puede descargar. Allí se establecen todos los pasos que se deben dar y uno de ellos es la prefactibilidad y el estudio de impacto ambiental estratégico, que define si es o no viable, y esa etapa corresponde al estado hacerla. Esa parte no fue hecha”, aseveró.
“La empresa va a presentar el proyecto ejecutivo, donde se establece la traza, debe presentar el estudio de impacto ambiental a la Secretaría de Medio Ambiente, luego se tiene que llamar a audiencia pública, que no es vinculante, y recién luego la empresa podría poner pie en el terreno. Estamos hablando como mínimo de cuatro a seis meses y la empresa no puede empezar mañana la obra, porque de ser así, sería ilegal”, manifestó.
Apuntó que “todavía no tienen la aprobación de los privados por donde pasa la ruta, y es fundamental para poder hacer la obra. Me parece que una obra de semejante envergadura tiene que ser tratada de una forma más responsable. La información que tuvimos es mínima y todavía estamos esperando una respuesta de la Legislatura, porque si los legisladores aprobaron un endeudamiento de 1.500 millones para hacer esta ruta, entiendo que habrán tenido acceso a alguna información que nosotros no tenemos, porque no levantarían la mano gratuitamente sin saber lo que van a aprobar. También estamos esperando información de Vialidad Provincial como autoridad de aplicación, que tiene que armar el pre-proyecto”.
Calificó al tramo uno como “un disparate, porque ya existe una manera de llegar a Almanza y, bien mantenida, es una ruta muy accesible”. De la misma manera opinó del tramo tres, que llega a Cabo San Pío. “También nos parece un disparate, porque ya es mar abierto y ahí no habría ningún proyecto productivo, si quieren hacerlo”, expuso.
Insistió en que “sin la autorización de los propietarios de esas tierras, no van a poder construir ninguna ruta. Eso es fundamental y lo marca la ley. De lo contrario tiene que haber una ley de expropiación, que todavía no está aprobada, y políticamente no es muy positivo. Por otro lado, la expropiación hay que pagarla y eso hay que sumárselo al presupuesto de la ruta”, concluyó Fernández.
