El ministro de Gobierno José Luis Álvarez se refirió a las paritarias estatales y planteó una situación económica de la provincia que hoy no permite dar ningún tipo de aumento. Hay sindicatos que aceptarían el 15% pero tampoco hay fondos para el techo fijado a nivel nacional. Se intentarán buscar recursos extraordinarios, reorganizar internamente el Estado, antes de efectuar un ofrecimiento que, por el momento, no se podría cumplir.
Río Grande.- El ministro de Gobierno José Luis Álvarez y el director provincial de negociaciones salariales, Dr. José María Bustos López, visitaron los estudios de Radio Universidad 93.5 para referirse al avance de las paritarias estatales.
Bustos es parte del equipo que lleva adelante las negociaciones paritarias con los gremios y, por el momento, no hay fondos para ningún tipo de aumento.
El ministro Álvarez recordó que actualmente se negocia con tres gremios en la administración central, ATE, ATSA y UPCN; en tanto en el sector docente quedó SUTEF, UDA y AMET, de los 23 sindicatos inscriptos en la gestión Ríos. La reducción a los que solamente tenían personería gremial “ha mejorado la calidad de la discusión, y también para el trabajador es mejor conocer cuál es su sindicato, afiliarse y tener la garantía de que el sindicato está con sus papeles en regla”, dijo el funcionario.
Respecto de las desigualdades salariales entre la administración central y los entes descentralizados o autárquicos, indicó que “hubo una discusión sector por sector a partir de 2017 y la mayor cantidad de recursos fue destinado al escalafón seco, que era el más atrasado, y se está tratando de equiparar la situación con el resto de los escalafones”.
Bustos por su parte explicó que “todavía no se ha arribado a ningún acuerdo, UPCN ha presentado una propuesta, al igual que las otras asociaciones sindicales. La última mesa fue el 3 de abril y la propuesta de UPCN es del 15%. Esto se va a analizar con las simulaciones para ver cuál es el impacto presupuestario”.
Álvarez destacó que “en la mesa paritaria hay representantes del Ministerio de Economía y siempre se les ha dicho claramente que en este momento no contamos con los recursos para afrontar ninguna de las propuestas de los sindicatos, con lo cual no hay ninguna pauta”, sentenció.
“Nosotros no podemos negarnos a brindarles información y es lo que hemos hecho. Nos han pedido hacer una simulación y estamos obligados a brindarles toda la información, también de las proyecciones de ingresos que tiene la provincia. La provincia en este momento no puede ofrecer una propuesta porque no cuenta con los recursos para comprometer al erario público. Si tiráramos una propuesta irresponsablemente, podríamos generar una falsa expectativa. Tenemos que cumplir con los requisitos de la ley de responsabilidad fiscal, el pacto fiscal suscripto por la provincia y estamos buscando la posibilidad de contar con recursos. El presupuesto aprobado en 2017 nos fija un déficit de 1.700 millones, que nos faltan para pagar las obligaciones de todo el año”, remarcó.
Entre las alternativas, se analiza la posibilidad de mayores ingresos por la actividad petrolera, a partir de la licitación de áreas como la CA-12. También “estamos buscando recursos propios con el reordenamiento de nuestros propios gastos, hicimos un congelamiento de los salarios de los funcionarios desde enero de este año. Estamos viendo el ahorro que podemos hacer en las distintas administraciones para reconducir el gasto propio y con eso ver de qué manera se puede afrontar un incremento”, detalló el ministro.
Sin embargo los mayores ingresos vendrían a compensar la merma de recursos por el pacto fiscal: “Estamos viendo los efectos de la reforma tributaria que se hizo el año pasado. Se subió un 0,5% en algunas actividades, que puede permitir mayores ingresos propios, para equiparar la pérdida de recursos nacionales para este año. El pacto fiscal para nosotros implica una baja de ingresos de la soja, por ejemplo”, manifestó.
“Tenemos que ver qué resultado tiene este reordenamiento y si podemos sostener el aumento que se pacte todo el año. Santa Cruz dio un aumento en febrero de 2016 del 22%, en agosto y septiembre no pudo pagar más sueldos y todavía está en una crisis social”, citó como escenario cercano y remarcó que se busca “mejorar las condiciones de los trabajadores de Tierra del Fuego, con medidas que sean sostenibles en el tiempo”.
Hizo mención de los esfuerzos de la gestión en los primeros años, que dieron algunos resultados: “Estamos pagando sueldos y aguinaldos en una cuota, en marzo duplicamos las asignaciones por ayuda escolar y en abril se le dio en un solo pago la ayuda de material didáctico a los docentes. La situación de la provincia es complicada y no le esquivamos a las discusiones. Tuvimos cuatro reuniones en el Ministerio de Trabajo, invitamos a los sindicatos al Ministerio de Economía el jueves y viernes de la semana pasada, hemos mostrado las cuentas y vamos a seguir buscando los recursos para mantener primero la previsibilidad en el pago de los sueldos, porque tenemos que mantener lo que tenemos”, priorizó.
Entes alineados
Por otra parte, el ministro aclaró que “ningún ente descentralizado puede negociar sin aprobación del Ministerio de Economía, y quien fija las pautas para cualquier incremento es el Ejecutivo provincial, para evitar la discriminación entre trabajadores y equiparar los años de distintas negociaciones”, dijo, ante las desigualdades que se plantearon por acuerdos individuales en distintos organismos.
Respecto de los municipios, manifestó que “son autónomos en este sentido para fijar su política salarial”, pero subrayó que “ellos han firmado un pacto fiscal con la provincia y tienen que cumplir con los mismos requerimientos respecto de las pautas salariales, para no incurrir en irresponsabilidad fiscal; pero ellos manejan sus fondos y no podemos decirle a los municipios cuál es la pauta que deben poner”.
“El gobierno va a garantizar siempre el pago de los sueldos para generar previsibilidad a los trabajadores. Queremos llevar la tranquilidad de que se está trabajando en las mejoras. Con los jubilados hemos achicado mucho el cronograma inicial, hoy están en tres tramos, y estamos muy bien en ese sentido”, señaló.
“Con los municipios hemos podido trabajar a partir de la firma del pacto fiscal y hemos trabajado en conjunto temas de obras públicas. La gobernadora se ha reunido con los tres intendentes y estamos trabajando institucionalmente con los tres”, aseguró.
Menos ausentismo
También se le consultó sobre la reducción del ausentismo en el estado, y valoró la labor de Fiscalización Sanitaria, que “empezó a hacer un control de ausentismo en los domicilios de los trabajadores que pasaban un certificado. Hay una empresa que hace la verificación con un médico y, si el trabajador no está, no se justifica”.
“Se llegó a descubrir que había certificados truchos, hemos hecho denuncias penales, hubo allanamientos y se descubrieron personas que se encargaban de falsificar la firma de los médicos. Se han hecho sumarios administrativos y se ha cesanteado a gente”, dijo de las medidas tendientes a regularizar esta situación de abusos.
Mayor seguridad
El ministro Álvarez cifró grandes expectativas en la nueva gestión de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Javier Eposto, y adelantó la instalación de un centro de monitoreo en la provincia. “Con la emisión de deuda adjudicamos la obra de tendido de fibra óptica para toda la provincia, y uno de los objetivos de Javier Eposto es la adquisición de cámaras de seguridad y la creación del centro de monitoreo. Para esto hemos suscripto en su momento un convenio con el Ministerio de Seguridad, vino la ministra Bullrich en 2017 para hablar de este convenio marco y estamos invirtiendo en lo que tenemos que invertir”.
Habrá refuerzos en el control de fronteras, como en el caso de San Sebastián, donde se insistirá con la instalación del escáner. “Hemos suscripto con Nación un convenio para la ampliación del paso fronterizo San Sebastián, por más de 30 millones, y estamos trabajando en conjunto con ellos. La situación del escáner se va a reavivar con la ministra Bullrich”, concluyó.
