El contador Gabriel Clementino, vicepresidente del Banco Tierra del Fuego pero además comerciante de la ciudad de Río Grande, cuestionó el cambio de las exigencias de AFIP, que perjudica a las pymes. En medio de una caída de ventas y actividad, se redujo el plazo para regularizar deudas de aportes y contribuciones y actualmente están iniciando acciones judiciales para trabar embargos con 20 días de atraso, afirmó. Marcó que la prioridad para el gobierno debiera ser mantener los puestos de trabajo, en lugar de asfixiar a la pequeña y mediana empresa con estas medidas “leoninas”.
Río Grande.- El vicepresidente del BTF y comerciante de la ciudad, contador Gabriel Clementino, fue consultado por FM La Isla sobre las dificultades que están teniendo varios comercios con el pago de aportes y contribuciones, a través del formulario 931, que en muchos casos los llevan a recurrir a algún tipo de asistencia financiera, si no terminan con el cierre.
Aclaró que “si hay deuda previsional, desde el banco no podemos asistir, pero hablando como comerciante, existe un nivel de exigencia de parte de la AFIP muy fuerte, por los plazos que plantea. Hace un año aproximadamente, el inicio de las acciones judiciales estaba en los 60 días de vencido el plazo -para presentar el 931-, luego de la notificación. Esto daba al comercio 60 días para acceder a un crédito o buscar recursos. Ahora está llegando el embargo a los 20 ó 24 días de vencido el 931. La tasa de interés de la deuda que se cobraba el año pasado estaba arriba del 40% anual y no sé el valor de hoy en día, pero el banco presta dentro del orden del 30% para lo que es capital de trabajo”, comparó, si bien consideró que “no es sano sacar un crédito para pagar aportes”.
“Hay una política leonina en el cobro de aportes y contribuciones, en un momento muy duro del país”, sentenció, cuestionando “el nivel de exigibilidad que está teniendo la AFIP sobre los comercios, tomando en cuenta que a las PYMES con veinte días de atraso les están viniendo los embargos. Cambiaron el ciclo de cobranza y con honorarios brutales también”, manifestó, dado que el embargo implica pagar asesoramiento legal y costas judiciales.
“Como PYME, y fuera de mi rol en el banco, cuando uno va a hacer un plan de pago, hay un limitante en la cantidad de cuotas o cantidad de planes de pago acumulativos. Creo que no son los momentos para tener una posición tan rigurosa con respecto a esto, cambiando el ciclo de cobranzas e iniciando acciones judiciales antes; salvo que sea un buen negocio para los abogados”, indicó.
“Hay un sector productivo que está tratando de sostener los puestos de trabajo y un sector gubernamental que está teniendo una posición demasiado leonina”, sostuvo, apuntando contra la falta de una política de estado.
Aseguró que “hay reclamos de la Cámara de Comercio y de varios sectores de las PYMES, y la situación es muy difícil por la composición de costos. Las ventas han bajado, porque el nivel de ventas debería estar un 20% arriba de lo que se está vendiendo. Eso que no se está vendiendo es parte del excedente que puede tener para reinvertir el comerciante, o su ganancia. Hoy el comerciante que sale empatado, tiene que agradecer”, dijo, con lo que no habría margen para ganancia.
“La retracción del consumo ha generado también una retracción de las utilidades, porque al bajar los ingresos, el componente de costos se incrementa considerablemente. La diferencia entre la venta y el costo cada vez es más estrecha, y entonces surgen estos cuellos de botella, sobre todo en algunos rubros que no son de primera necesidad o son estacionales, como la construcción, la indumentaria, algunos servicios. Uno lo ve en la cantidad de comercios que cierran”, subrayó el contador.
“La verdad el esfuerzo del comercio hoy para sostener los puestos de trabajo es muy fuerte. La prioridad es el pago de los sueldos, el pago de proveedores, los servicios, y en cuarto lugar aparece el 931 con los aportes y contribuciones, que con esta exigencia de AFIP pasa a estar en primer lugar, porque les embargan el comercio”, advirtió.
“Esto se soluciona con una discusión de qué queremos para las PYMES y esto también potencia la discusión que debe haber sobre focos de desarrollo de políticas regionales, de producción, de industrias regionales, economías regionales, y una visión más integral que necesitamos del gobierno”, reclamó.
Clementino aclaró que “esto lo estoy comentando como comerciante, como miembro de la CAME, porque la situación es de un esfuerzo muy grande de todas las PYMES para sostener los niveles de empleo y actividad. Esto no se soluciona con anuncios, sino con una visión integral de desarrollo del país, donde las PYMES son un eje muy fuerte”.
Apuntó que “las PYMES no cotizan en bolsa, no tienen acceso a la colocación de Lebacs, tienen un nivel de financiamiento directo en la banca pública y no tienen acceso a niveles de endeudamiento en dólares o de otro tipo. Nosotros como banco no nos hemos retraído en las operatorias de crédito, y obviamente tomamos en cuenta el nivel de riesgo de cada cliente, hacemos una medición de las ventas y tenemos una visión de la sostenibilidad de las unidades productivas. No tenemos niveles de mora que nos planteen alarma, y esto demuestra también la responsabilidad del sector productivo”, concluyó.
