La legisladora del MPF aseguró que en el plenario del miércoles hubo un compromiso de los legisladores de seguir dialogando con los propietarios de la estancia Harberton, que hicieron llegar su propuesta, pero al día siguiente se avanzó con la expropiación. Marcó contradicciones en el discurso del ministro de Obras Públicas, y reclama que se cite a la familia Pastoriza, para conocer si realmente el acuerdo era imposible con ambas estancias. Advirtió que el avance con la traza actual puede ocasionar paralizaciones en la obra, y acciones judiciales no sólo de los dueños de la tierra sino de organizaciones ambientalistas.
Río Grande.- La legisladora Mónica Urquiza expuso serias contradicciones detrás de la ley de expropiación de tierras de las estancias Harberton y Túnel, para avanzar con el corredor costero Canal de Beagle.
El proyecto ingresó sobre tablas en la sesión del jueves pasado y había sido presentado el día anterior, en un plenario de comisiones, al que se presentaron los dueños de Harberton para exponer las propuestas realizadas, que no aceptó el gobierno, e implicaban la cesión gratuita de tierras que ahora se pretenden pagar.
Por Radio Provincia explicó que el MPF votó en forma negativa siendo consecuentes con la postura que tomaron cuando se votó esta obra. “Nosotros no acompañamos el menú de obras con los 200 millones de dólares del endeudamiento, y dentro de las obras que no entendíamos prioritaria estaba esta. Todos escuchamos que se habla de un circuito turístico con Almanza, la ruta J desde hace muchos años. El proyecto está dividido en tres tramos: el primero une Ushuaia con Almanza, el segundo va de Almanza a Moat, y el tercero de Moat a Cabo San Pío. El primer tramo cierra el circuito con la ruta J, que quedó inconcluso”, repasó.
“Lo que se aprobó es la expropiación del tramo que pasa por la estancia Túnel de Pastoriza y del tramo que pasa por la estancia Harberton, porque no habrían llegado a un acuerdo con las familias”, dijo de acuerdo a lo expuesto por el ministro de Obras Públicas Luis Vázquez.
Indicó que “el día anterior a la sesión, y vino el Ministro de Obras Públicas con el resto de los funcionarios para explicar el proyecto, y uno se queda cada vez con más dudas que certezas, por lo que dieron a conocer desde Harberton. La familia Pastoriza no fue invitada y nos quedamos solamente con lo que dicen los funcionarios, que dicen que intentaron llegar a un acuerdo pero no pudieron hacerlo con el total de los herederos y había que iniciar el juicio de expropiación. Con la estancia Harberton comenzaron las conversaciones a fines de enero, la familia fue a la reunión de comisiones porque se enteraron por otro lado, y expresaron algo totalmente distinto de lo que había dicho el ministro: la familia dijo que ellos no están en desacuerdo con la obra, sino todo lo contrario, y que no tiene que ver con lo económico sino con preservar la riqueza de los yacimientos que existen en la zona, y con preservar su actividad económica, porque este proyecto les partiría la estancia al medio y dejaría parte de las tierras sin acceso al agua”.
“Lo que más les preocupa es el yacimiento arqueológico importante que tienen, que está a la altura de Cambaceres. Ese yacimiento data de 7.800 años, también lo explicó el arqueólogo Ernesto Piana, que tuvo una charla con los legisladores antes de que se votara el proyecto. Ante esta situación, la familia dio dos opciones para modificar la traza original y les han dicho que no, por una cuestión de costos”, relató la legisladora, aunque la cesión de tierras en este caso era gratuita.
Afirmó que “en el plenario del miércoles se resolvió seguir dialogando con la familia para llegar a un acuerdo, porque la propuesta plantea desviar 8 kilómetros, de los 132 totales. Pero en la sesión resolvieron que sí o sí necesitaban la ley de expropiación”.
Agregó que el licenciado Piana había sido contactado por la empresa Gancedo “y él les dijo que la traza no era la correcta. Hay legislación que protege los yacimientos, pero el estado tiene que darle una traza tentativa a la empresa. Podrá haber modificaciones, pero el mismo Ministro de Obras Públicas estableció límites a esos cambios. Sabemos que ya hay que hacer modificaciones en el proyecto que presentó el estado, porque en el primer tramo ya había serias diferencias. Esto lo trabajó el licenciado Piana, y no se condice con el proyecto original que está en la Dirección Provincial de Vialidad”, sostuvo.
Reiteró que la postura del Ministro es que “las modificaciones tienen que ser mínimas. El ministro dice que no puede aceptar el cambio que solicita la familia de la estancia Harberton y que necesitan sí o sí la expropiación, pero por otro lado se comprometen a cumplimentar todas las leyes que protegen los yacimientos”, marcó como contradicción.
Todo al revés
La legisladora cuestionó que se haya empezado “de atrás para adelante” con este proyecto, porque se obtuvo el financiamiento, se adjudicó la obra y recién se va a hacer el proyecto. “Primero se debería haber hecho el proyecto como corresponde, trabajar con los reservorios y todos los antecedentes que existen, y recién ahí, sobre una traza, hacer el llamado a licitación. Hoy ya está adjudicada la obra, va a empezar a trabajar la empresa y, como dijo Piana, van a trabajar cien metros y automáticamente se va a paralizar la obra si no están cumpliendo con las normas que protegen los yacimientos arqueológicos”, advirtió.
“Los funcionarios se desdicen, se contradicen. La representante de la familia Goodall contradijo lo que decía el ministro, porque ellos habían ofrecido una alternativa. Lo único que nos quedan son dudas, porque además si hay paralización de la obra, la provincia puede entrar en un conflicto legal con la empresa y no sabemos cuántos millones más de los 1.700 nos va a salir”, alertó.
“Desde nuestro bloque pedimos también que venga la familia Pastoriza, porque no se le puede creer a los funcionarios. Nos dicen una cosa, y estando presente la familia Goodall cambiaron el discurso, entonces qué queda con los que no han tenido posibilidad de poner voz”, se preguntó la legisladora.
Pedido de informes
Desde el bloque del MPF se pidieron informes y recurrirán a la justicia si no son respondidos. “Desde ya que vamos a seguir de cerca el tema, aunque se nos hace muy difícil llegar a la información. Hay distintas asociaciones preocupadas por el medio ambiente que están mirando esto. En la sesión nosotros hicimos un pedido de informes y vamos a reforzarlo en otras áreas con notas fundamentadas en la ley de acceso a la información, porque en muchos casos no responden los pedidos de informes. La ley nos habilita a una instancia judicial. Nosotros queremos tener acceso a toda la documentación de las licitaciones, pero no existe el proyecto definitivo, porque el ministro ha contratado la obra con proyecto y ejecución. Ellos presentan una traza tentativa y la empresa debe trabajar en la definitiva, que después aprobará el Ejecutivo provincial. Apresuraron el tratamiento de este tema, y estuvimos de cuarto intermedio en cuarto intermedio, con funcionarios que iban y venían, para aprobar la ley. Por un lado el legislador Bilota y el legislador Rubinos se comprometieron a intermediar con las familias, pero por otro ya se van a sentar a negociar con una ley de expropiación aprobada”, expresó.
Agregó que en el plenario, ante la presencia de los dueños de Harberton, había propuesto dejar de lado la expropiación de esas tierras, “ya que se comprometían a dialogar con la familia, porque pueden firmar un convenio en lugar de avanzar con la ley de expropiación. Empezamos de atrás para adelante.
Se debió haber convocado a profesionales de la provincia, al Ministro de Ciencia y Tecnología que fue empleado del CADIC y conoce muy bien esa zona. El licenciado Piana se presentó sumamente preocupado y es alguien que no tiene nada que ver con la política, y lo hace desde su formación académica. Todos le dijeron que sí, pero a las dos horas aprobaron la expropiación”, cuestionó.
“Pareciera que están buscando llevar a la provincia a un conflicto y tener que pagar hasta el juicio final. Hay que evitar estas cosas, porque ya las conocemos, y se está llevando adelante con irresponsabilidad”, sentenció.
“Cuando no estuvimos de acuerdo con el endeudamiento, también manifestamos que no estaban los proyectos de las obras. Pasan los meses, los años, y no están los proyectos, como lo manifestamos. Cuando consulté sobre los fondos que se van a necesitar para pagar la expropiación, me contestaron que todo va a surgir de la diferencia de cotización del dólar y de las colocaciones financieras que está haciendo el gobierno. La verdad, dependemos de la timba financiera y nos preocupa esta forma de gestionar”, concluyó Urquiza.
