El jefe de bancada del FPV, Federico Bilota, sostuvo que si bien se aprobó la ley de expropiación, podrá llegarse a un acuerdo con las estancias sin mediar acciones judiciales. Garantizó que no hay una autorización legislativa “para hacer cualquier cosa” y defendió el marco legal vigente para que se protejan los recursos arqueológicos. Aclaró que la propuesta alternativa de Harberton, “no cuenta con ningún antecedente técnico ni de ingeniería vial”.
Río Grande.- El jefe de la bancada oficialista, Federico Bilota, se refirió a la ley de expropiación de tierras de las estancias Harberton y Túnel, aprobada en la sesión del jueves pasado para avanzar con la obra del corredor costero Canal de Beagle.
Por Radio Nacional Ushuaia, fue consultado sobre las declaraciones de Abby Goodall, propietaria de Harberton, sobre la propuesta alternativa que plantea una cesión gratuita de las tierras, y se había presentado en forma previa a este proyecto de expropiación.
“Hasta último momento están dadas todas las condiciones para que se llegue a una resolución sin que haya un proceso judicial de por medio”, aseguró, y se remitió a “las explicaciones que nos ha dado el Ministerio de Obras Públicas, quien dijo que, cuando los propietarios de Harberton propusieron una traza tentativa, como la que está propuesta por Vialidad y por el gobierno de la provincia, no se podía dar seguridad o certeza de que la traza que se proponía desde el privado se podía llevar a la realidad. No cuenta con ningún antecedente técnico ni de ingeniería vial, por lo tanto no se podía asegurar esa traza”, subrayó.
“El compromiso que asumió el gobierno de la provincia es que, si es viable la traza que propone la familia de la estancia, va a ser considerada, sobre todo si la traza tentativa actual va a invadir o afectar un yacimiento arqueológico. Es una cuestión de lógica y razonabilidad, y además así lo establece la ley 370, porque no se puede ir por arriba de un yacimiento arqueológico”, sostuvo.
Reconoció que, de ser así, “la obra se detiene inmediatamente y hay que resolver esa cuestión” y defendió el marco legal, que “es absolutamente claro como para que haya suspicacias de que van a agarrar una topadora y van a hacer lo que quieren, porque no es así”.
También se le preguntó sobre la postura que sentó el licenciado Ernesto Piana, que se hizo presente en la sesión del jueves para advertir sobre los antecedentes que había elevado a Vialidad, y no se tomaron en cuenta. Según Bilota, con la aprobación de la expropiación “no cambió nada desde que se tomó la decisión de tomar un préstamo y hacer una obra determinada como el camino costero. En la sesión no se aprobó una traza determinada y hubo una confusión. Me parece saludable la inquietud del licenciado Piana, porque la tenemos todos, y me parece que se quedó satisfecho con la respuesta que le dimos. Por eso hubo una reunión con todos los legisladores, donde se le aclaró que nosotros no aprobamos ninguna traza definitiva”, remarcó.
Explicó que el proyecto en danza es “una traza que sirve de base, pero no va a ser la definitiva si pasa por un yacimiento. El licenciado Piana intervino en la redacción de la ley 370 de preservación de patrimonio arqueológico, y él entendió que era suficiente garantía esta ley al momento de generarse la traza definitiva”.
Pidió “no adelantarse a algo que no sucedió, porque es algo muy precario. No cambió nada desde que tomamos la decisión de hacer el camino, porque lo que hicimos fue avanzar en la expropiación para declarar de utilidad pública el lugar por donde debería pasar la traza definitiva”, expuso, y afirmó que “las inquietudes de Piana las tenemos todos”.
Recordó que “el proceso licitatorio consta de dos etapas, una es el proyecto de obra y la otra la ejecución. El proyecto tiene que pasar por el tamiz de la ley 55 de medio ambiente, de la ley 370 de patrimonio arqueológico, tiene que ir a audiencia pública, ser evaluado por los órganos del estado, por vialidad provincial. Si no se están haciendo las cosas como corresponde, están todas estas instancias, y el gobierno va a cumplir la ley”.
Bilota también explicó por qué el proyecto lo va a elaborar la empresa, en lugar de la provincia que tiene áreas de planeamiento, de vialidad, e incluso puede recurrir al asesoramiento del CADIC: “Es una modalidad de contratación. Lo mismo hicimos con la expropiación de la ruta de margen sur al destacamento José Menéndez. La licitación va con proyecto de obra y con obra, y todo eso tiene que ser aprobado por los órganos del estado. Pero no significa un vía libre para hacer cualquier cosa”, dijo.
Consideró “muy razonable que se haga así” y aseguró que “la modalidad fue consultada al Tribunal de Cuentas y resultó aprobada. Es una cuestión de mérito, conveniencia, y para hacerlo más rápido porque la empresa quizás tenga mayor capacidad técnica y recursos”, barajó.
“El Poder Ejecutivo lo encaró de esta forma, no es la primera vez y se hace así en la mayoría de los casos”, concluyó.
