El titular de la AREF anunció para hoy la presentación en la Legislatura de la adecuación tributaria, luego del informe del IARAF -Instituto Argentino de Análisis Fiscal-, que expuso a Tierra del Fuego como la única provincia que incumple el pacto fiscal. Cuestionó la interpretación que se hizo de los fondos específicos destinados a salud, educación y previsión social, y lo atribuyó al desconocimiento de los profesionales de la realidad de las provincias. Aseguró que algunas autoridades del instituto han visitado Tierra del Fuego, pero más para “lobby y lunch, que para una discusión de fondo de la política tributaria”, dijo. De no adecuar las alícuotas, se perderían fondos de la soja, de infraestructura, coparticipación de ganancias y no habría posibilidad de endeudamiento. Con la adecuación, el impacto negativo será de 500 millones, que incluyen unos 80 millones para cada municipio, además de un recorte de fondos de emergencia. Espera que el esfuerzo se traduzca en una mejora de competitividad para el sector privado y en una rebaja de precios para el consumidor final.
Río Grande.- Con fuertes críticas al IARAF -Instituto Argentino de Análisis Fiscal-, el titular de la AREF, Luis Capellano, informó que hoy se presentará en la Legislatura el proyecto de adecuación tributaria, para cumplir con el pacto fiscal, luego del informe negativo del Instituto.
Por Radio Nacional Ushuaia apuntó contra el “desconocimiento” del IARAF sobre la matriz tributaria de cada provincia y la interpretación que realizó sobre fondos específicos para atender emergencias, en este caso en salud, educación y previsión social, cuya alícuota está referenciada a Ingresos Brutos pero no implican “presión fiscal” al sector privado, aseguró.
Lo cierto es que, por la incidencia de estos fondos, Tierra del Fuego fue catalogada como la única provincia que incumple el pacto fiscal y, ante el riesgo de un mal mayor, como la pérdida de fondos de la soja, de infraestructura y coparticipación de ganancias, habrá que realizar un nuevo ajuste, que tendrá impacto en los municipios también.
Capellano explicó que los fondos específicos “tienen que ver con el financiamiento de servicios sociales, que atañen a la educación y salud, y para el fortalecimiento del sistema previsional. Estos fondos toman como determinación la base imponible que se declara para Ingresos Brutos. Ante una interpretación que se hace del consenso fiscal, estos fondos estarían comprendidos dentro de lo que es la presión tributaria y en algunas actividades estarían medio punto por encima de la alícuota general”, indicó.
Recordó que ya el consenso fiscal “le dio menor coparticipación a las provincias, porque en la reforma se plasmaron adecuaciones de impuestos nacionales para darle más productividad al sector privado. El consenso fiscal opera como un regulador del gasto público para llegar en algún momento al superávit primario, dado que el espíritu del consenso fiscal es la contención del gasto, la eficiencia y el control de los gastos corrientes totales. Pero si me preguntan personalmente sobre los fondos específicos, tienen otro fin porque apuntan a la emergencia de un sector determinado, y son para gastos direccionados exclusivamente a esa emergencia, no son fondos para gastos corrientes totales. Por eso en su momento adecuamos una tarifaria para tener una contemplación total de cuáles eran los recursos que se perdían por la menor coparticipación nacional, para gradualmente ir bajando la presión tributaria hasta el año 2022, acorde con lo que se solicitaba”, expuso.
La provincia podría pelear quizás con éxito estos fondos, pero puede llevar años de discusión y, en medio, perder ingresos mayores: “Lo que pasa es que hoy, quienes por interpretación del gobierno nacional queden fuera del consenso fiscal, pierden el fondo sojero, el fondo de infraestructura, la coparticipación total de ganancias que se reparte en las provincias y no tienen posibilidad de endeudamiento. Ante una posible interpretación que se puede hacer de que en algunas alícuotas estaríamos por encima del consenso fiscal, estamos presentando el proyecto de adecuación para no generar ningún tipo de perjuicio”, manifestó Capellano.
Aseguró que la interpretación de Nación podría ser discutible, “pero si uno va a discutir esa posición y tarda cuatro o cinco años en solucionarse hasta que nos den la razón, estaríamos cuatro o cinco años sin recibir los beneficios para los que cumplen con el consenso”, advirtió.
Reconoció que la nueva adecuación “nos va a costar y es un esfuerzo que vamos a tener que hacer entre la provincia y los municipios”, con una disminución de ingresos estimada en 500 millones: “Tierra del Fuego va a recaudar 500 millones menos y significará unos 80 millones menos para cada municipio. Esto hay que compatibilizarlo con los 1.200 millones que se van a recibir de nación si estamos dentro del consenso”, indicó.
Respecto de la posibilidad de compensar esta baja de ingresos propios, consideró que “si el índice de precios sigue evolucionando como va a cerrar el primer cuatrimestre del año, manteniendo la actividad económica, los ingresos nominales van a cubrir esto”, por lo cual la inflación estaría compensando esta merma. “Estamos haciendo una medición de lo que está dando la economía y hay que ver cómo sigue evolucionando. El 75% de los recursos nacionales proviene de las exportaciones y, pese al muy buen valor que tiene la soja, desgraciadamente hemos tenido una sequía que arrojó un 25% de pérdidas de la cosecha gruesa, por lo cual hay 5.000 millones de pesos menos de recaudación a nivel nacional. Todas estas cosas influyen en el impulso para que las actividades empiecen a caminar”, expresó.
Algunos de estos recursos son coparticipables a los municipios y otros no, por lo cual “el proyecto que se va a enviar va a tener un balanceo. Esta reducción de la tasa general de ingresos brutos va a estar direccionada a todos los sectores, va a brindar mayor competitividad y va a dar posibilidad de un mayor sostenimiento de la actividad económica, porque va a tocar siete u ocho sectores puntuales de la actividad económica de Tierra del Fuego”, precisó.
Los que sufrirán un descuento por la adecuación, son “el 80% de los sectores agricultura, ganadería, pesca y conexos, construcción, actividad hotelera y de restaurantes, comercios y telecomunicaciones. Van a tener una rebaja en la tasa general algunos, y otros en el fondo, dentro de este equilibrio que tratamos de llevar, para que el efecto también sea medianamente compartido entre la provincia y los municipios”, manifestó el funcionario.
El “muchachito” de Córdoba
Capellano cargó duramente contra el Instituto que realizó el monitoreo de cumplimiento del pacto fiscal y sostuvo que “hay institutos que hacen análisis desde la lejanía, sin conocer el perfil propio de cada una de las provincias que desarrollan su matriz tributaria de acuerdo a la actividad económica específica que tienen. El IARAF es un Instituto que realmente trabaja desde la lejanía y ven un horizonte del punto de vista de la política nacional. No tienen conocimiento de cómo se desarrolla la estacionalidad, el comercio y las diferentes actividades de cada una de las provincias”, fustigó.
Remarcó que “tienen un desconocimiento total sobre a qué apuntan los fondos específicos, que son una matriz especial que atañe a la emergencia de ciertos y determinados sectores sociales. No estamos hablando de actividad económica privada, sino de sectores sociales específicos como la salud, la educación y el problema del déficit del sistema previsional que tiene la provincia”.
“Hacen análisis globales, catalogan a la provincia de malas prácticas y creo que les falta un poco de ecuanimidad. No son imparciales y no tienen conocimiento acabado de cómo se desarrolla la provincia. Suelen visitarnos algunos de los profesionales que dirigen este instituto, pero lamentablemente cuando nos visitan vienen a algún foro o a alguna actividad donde es más lobby y lunch que discusión de fondo de lo que tiene que ser la política tributaria de una provincia, integrada a la política tributaria nacional”, disparó.
Aseguró que el IARAF está dirigido “por un muchachito de Córdoba, que lo han nombrado bastante últimamente, y tiene un equipo de gente que no trasciende por lo menos en el ámbito de las grandes corporaciones donde se discute la política tributaria, ni tienen ningún tipo de renombre. Está dirigido por un asesor del Ministerio de Economía y Hacienda de la Nación”, señaló sobre Nadin Argañaraz, Doctor y Magister en Economía de UCEMA y Lic. en Economía Universidad Nacional de Córdoba.
“Ellos tendrán un conocimiento acabado de la política tributaria nacional, pero la reforma tributaria que nosotros tuvimos no fue integral y solamente hubo una adecuación a ciertos sectores de la actividad económica”, recordó.
¿Precios más bajos?
Se le preguntó a Capellano si esta reducción de alícuotas, al margen de perjudicar la recaudación provincial, se puede traducir en una rebaja de precios para los consumidores. “Cada sector lo tendrá que evaluar dentro de su análisis de costos y beneficios. Desde el gobierno provincial se está dando una posibilidad de competitividad y, si esto hace generar mayor actividad económica y mayor crecimiento, seguramente evaluarán el impacto hacia el consumidor final. Cuando uno reduce o saca un impuesto, hay un análisis compartido. Si hay crecimiento y mayor actividad económica, seguramente el consumidor final recibirá un porcentaje de esos beneficios”, confió.
Si bien en general cuando bajan impuestos no se refleja en los precios, advirtió que “es un momento en que la gente no consume y seguramente tendrán que poner un precio competitivo para poder generar actividad y crecimiento”.
“El interés nuestro es que todos estos esfuerzos que se están haciendo desde la provincia lleguen realmente al bolsillo de la gente. Es el fin para el cual se hacen estos sacrificios”, subrayó.
Respecto de por dónde se va a recortar el gasto para compensar la merma de recursos, teniendo en cuenta que se suma la reducción de alícuotas con la tasa cero para el servicio de gas, dijo que “esto está enmarcado dentro de una política de eficiencia del gasto. Es lo que suscribieron las provincias con nación con el consenso fiscal y la responsabilidad fiscal”.
IVA a la mitad
También se le consultó sobre el proyecto del massismo, que propone reducir el IVA a la mitad y, según Capellano, hubiera correspondido un esfuerzo del gobierno nacional y no sólo de provincias y municipios.
“La reforma tributaria, la reforma previsional y el consenso fiscal se llevó adelante en el marco de un esfuerzo tripartito, de nación, provincias y municipios. Ante esta situación de tener que morigerar alícuotas, que solamente impactan en la provincia y los municipios, no veo descabellado hacer este planteo, porque hay un impuesto tan agresivo como Ingresos Brutos como lo es el IVA, pero es el sostén de la recaudación nacional y entonces no lo tocan. Si el esfuerzo lo hacemos entre todos, no sería descabellado que la nación bajara un impuesto que impacta a todos. Lamentablemente el esfuerzo lo estamos haciendo las provincias y los municipios y no la nación desde la adecuación de este tipo de gravamen”, cuestionó.
“Habría que analizar también cuánto se dejaría de recibir de coparticipación si bajan el IVA, y compararlo con lo que recauda en menos la provincia por morigerar ingresos brutos. Yo creo que hubiera sido más razonable hacer una reforma tributaria integral donde se hubiera respetado el espíritu de este consenso fiscal, que era un esfuerzo compartido general entre nación, provincias y municipios, y no solamente de provincias y municipios -insistió-. Si el Congreso toma la decisión política, el IVA se puede reducir y habría que analizar el costo fiscal que tendría. Pero es muy difícil que se pueda llevar adelante porque el mayor crecimiento interanual de la recaudación nacional viene por los impuestos al consumo”, admitió.
No olvidó mencionar el impacto del IVA en las tarifas, porque “también está gravado el consumo de servicios” y propició medidas “para bajar los impuestos a la gente que está dentro de los cuadros tarifarios, pero no sé si se puede llegar a lograr”.
Volviendo sobre la “parcialidad” del IARAF, consideró que “sería bueno que estos institutos no se dediquen a hacer análisis de provincias que no conocen en profundidad. Sería importante que se abocaran a hacer un estudio integral, para que cuando tengamos que hacer el esfuerzo, sea un esfuerzo entre todos, de forma equitativa e igualitaria”.
No prevé realizar un descargo ante el Instituto por esta publicación, pero defendió la reforma tributaria que en su momento realizó la provincia, acorde con el pacto fiscal. “El consenso fiscal puso alícuotas máximas que se iban a ir reduciendo gradualmente. Las alícuotas generales de ingresos brutos las tenemos dentro del marco que determinó el consenso fiscal, solamente que a diferencia de otras provincias tenemos fondos específicos de emergencia. Ellos lo suman a la presión tributaria total, pero estos fondos se direccionan a atender una emergencia marcada y verdadera, y no tienen nada que ver con la adecuación de impuestos. Este era un plan integral y gradual hasta 2022, y el análisis que tenemos hecho arroja que baja la presión fiscal con respecto a 2015. Los fondos tomaron la base imponible de Ingresos Brutos porque no había otra base medible que se podía tomar en ese momento”, explicó.
Con esta nueva reforma, Capellano prevé que si la Legislatura le da tratamiento este mes al proyecto y se empieza a aplicar a partir del 1 de junio, “ya estarían presentando julio con la liquidación de las nuevas alícuotas”.
