La iniciativa forma parte del paquete de reforma laboral que ingresó al Senado el último viernes, y podría ser tratada en el recinto a fines de mayo o en junio, con el Mundial de fútbol en marcha. El proyecto incluye una modificación del cálculo de las indemnizaciones por la que no se tendrían en cuenta premios, bonos ni el sueldo anual complementario (SAC).
Buenos Aires.- El oficialismo presentó el viernes último un proyecto de reforma laboral que incluye una modificación del cálculo de las indemnizaciones por la que no se tendrían en cuenta premios, bonos ni el sueldo anual complementario (SAC).
«Es para evitar discrecionalidad en el cálculo, en el que muchas veces se generan distorsiones e imprevisibilidad a la hora de tomar nuevos trabajadores», justificaron desde el Ministerio de Trabajo al diario La Nación.
En tal sentido agregaron que «ahora se establecen con claridad los alcances». Por ahora, las indemnizaciones por despido se calculan sobre el sueldo más alto percibido por el empleado al momento de ser echado, y a ello se le suman bonos o premios, el SAC y todo «reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador».
De hecho, la alternativa que a fin de año el Gobierno presentó al Congreso a la indemnización como la conocemos hoy es un «fondo de cese laboral», que sería constituido a través de un convenio colectivo con el aval de las cámaras empresariales y el gremio más importante de cada actividad.
Según esa propuesta del equipo de Macri, cada mes sólo el empleador será quien aporte de su bolsillo un monto específico que se calcula sobre un porcentaje del salario más adicionales remunerativos y no remunerativos. Pero ahora con el nuevo proyecto oficialista, que ingresó al Senado el 27 de abril, se incluyó esta novedad de modificar el cálculo de las indemnizaciones a raíz del fuerte rechazo que provocó en los gremios y la oposición la propuesta del «fondo de cese laboral» y que hizo que se frenara el tratamiento en la Cámara alta en diciembre.
La reforma de Macri se estima que recién será tratada a fines de mayo o principios de junio, justo cuando esté en progreso el Mundial de fútbol que se juega en Rusia. Otros puntos del proyecto oficialista son el blanqueo, las pasantías y la creación de una agencia de evaluación de tecnologías de la salud, pero éstos contarían con el aval de los sindicatos, quienes se mostraron sorprendidos por la nueva fórmula para calcular las indemnizaciones.
«Habíamos acordado apoyar blanqueo, la agencia médica y las pasantías siempre y cuando sean mediante el convenio de la actividad, pero esto, no, no avanzarán con las indemnizaciones», señaló un directivo de la CGT a La Nación.
¿Cómo es la flexibilización laboral que impulsa el Gobierno?
Los puntos más «amables» del proyecto de reforma laboral comenzarán a debatirse en las próximas semanas, mientras que los más resistidos se estiman que se discutirán durante el Mundial de Rusia.
El alto costo político que implicó en diciembre pasado la aprobación de la resistida reforma previsional obligó al gobierno de Mauricio Macri a cambiar de estrategia y patear para adelante otro de sus objetivos: la flexibilización laboral.
Ese «adelante», consideraron en Casa Rosada, ya llegó, a pesar de que el descrédito popular crece merced de la desbandada de la inflación, los tarifazos que se acumulan uno sobre otro y la consecuente la caída del poder adquisitivo del salario.
Por eso, el Ejecutivo volverá a la carga, aunque intentará hacerla pasar con una estrategia diferente y más «amable», donde en lugar de buscar aprobar una reforma laboral integral en un solo mega proyecto, dividirá su contenido en tres proyectos distintos.
Además buscará primero hacer pasar la aprobación de aquellos capítulos de su reforma que cuentan con menos resistencia e incluso abierto respaldo de la CGT y relegar los más polémicos y resistidos para su debate en junio, mientras gran parte de la atención mediática estará ocupada con el Mundial de Rusia.
Cálculo de indemnizaciones, alteraciones de las condiciones laborales, pasantías, licencias sin goce de sueldo, extensión de la licencia por paternidad y blanqueo son algunos de los puntos que el gobierno de Macri busca modificar.
Las propuestas que se debatirán
• Indemnizaciones 1
En paritarias los gremios y las empresas podrán acordar regímenes especiales de indemnización o seguro de desempleo con aportes de los propios trabajadores. En otras palabras los trabajadores podrán aportar de sus sueldos para sus propios despidos.
• Indemnizaciones 2
Para su cálculo se tomaría en cuenta sólo los ítems salariales de la remuneración. Quedarían afuera del cálculo las horas extra, el aguinaldo, las comisiones y cualquier otro ítem no regular. Además hasta ahora es habitual, sobre todo en mandos medios y gerenciales, la inclusión de rubros como el automóvil, el celular o la prepaga en el cálculo de las indemnizaciones. Para ello el proyecto prevé la redefinición del concepto de «salario» previsto en la ley de Contrato de Trabajo.
• Pasantías
Se prevé la reintroducción de un nuevo esquema de pasantías o prácticas formativas disociadas de las obligaciones de un contrato de trabajo que podrán acordarse en cada convenio colectivo. Podrían extenderse por hasta 12 meses con prestación de tareas por hasta 30 horas semanales.
• Irrenunciabilidad
Entre los puntos más polémicos de la reforma se destaca el vinculado al concepto de «irrenunciabilidad». La legislación vigente prohíbe la firma de acuerdos individuales con resignación de contratos superadores de los colectivos. De este modo, en caso de aprobarse, un trabajador podrá renunciar a mejoras obtenidas por encima de las negociadas en convenios laborales generales.
• Acción legal
Se reduciría desde los dos años vigentes en la actualidad a sólo uno el plazo de prescripción para el inicio de acciones judiciales de un trabajador contra su empleador.
• Alteración de las condiciones laborales
Se eliminaría la valoración del «ius variandi» como garantía de no alteración de las condiciones de trabajo. Hasta ahora si un empresario resolvía de forma unilateral mudar el lugar de trabajo o cambiar las labores de su personal, los trabajadores podían exigir ser indemnizados o bien aceptar las nuevas condiciones de trabajo. Ahora estarían obligados a aceptar, por ejemplo, que una empresa ubicada en la ciudad de Buenos Aires mude sus oficinas a Tortuguitas.
• Licencia por paternidad
Se ampliaría a 15 días la licencia para padres por el nacimiento de sus hijos.
• Licencia sin goce de sueldo
Se incluiría la posibilidad de que los empleados se tomen hasta un mes de franco sin goce de sueldo.
• Contribuciones patronales
Se reducirían las contribuciones patronales y aportes a la seguridad social. Se haría de forma escalonada. El objetivo es reducir un tercio el costo laboral por cada contratación nueva o blanqueo de trabajador. La diferencia la aportaría el Estado. Este sistema ya rige para las microempresas y las Pyme por lo que este punto sólo beneficiaría a las grandes compañías.
• Multas
Las multas administrativas previstas en las indemnizaciones fijadas por juicios dejarán de ser percibidas por los trabajadores para ser derivadas a un fondo de la ANSES.
• Tercerizaciones
El gobierno intentará además frenar los juicios «por solidaridad», es decir aquellos en los que el empresario demandado no es el empleador directo sino el que desarrolla la actividad principal. Esta medida potenciaría las tercerizaciones.
• Certificado del trabajo
Se facilitará la expedición de dichos certificados, motivo usual para la radicación de juicios y que motiva multas equivalentes a tres sueldos.
• Blanqueo
El Gobierno busca lanzar un blanqueo laboral por un año: los primeros seis meses sin costo para el empresario. Para el período restante deberá pagar sólo el 30% de las deudas por aportes y contribuciones no efectuadas.
• Extinción de la acción penal
La iniciativa prevé la extinción de la acción penal para los empleadores fuera de regla así como una amplia condonación de multas y su baja del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal).
• Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud
Un punto clave para ganar el respaldo de la CGT es la creación de una agencia evaluadora de tecnologías de salud ideada para poner freno a los juicios contra obras sociales y prepagas, cuyos dictámenes serán «vinculantes» para la Justicia.
