El secretario general de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, advirtió que está en riesgo la paz social, ante la negativa del gobierno a negociar un aumento salarial acorde a la inflación. El gremio comenzó con manifestaciones en la calle y aspira que se sumen trabajadores y organizaciones al reclamo. El viernes se firmó el aumento con el Municipio de Río Grande, de un 15% pero con una cláusula gatillo, si la inflación anual supera ese porcentaje. Córdoba afirmó que el ministro de Economía José Labroca es quien traba el acuerdo paritario con el gobierno, y también demoró la negociación municipal.
Río Grande.- El secretario general de ATE Río Grande Marcelo Córdoba dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el acuerdo paritario firmado el viernes con el Municipio de Río Grande, pero además adelantó que corre riesgo la paz social, de persistir el gobierno en la negativa a dar aumento, y apuntó contra el ministro de Economía José Labroca como principal responsable.
En el caso del municipio, dijo que “la discusión salarial llevó más de dos meses de reuniones oficiales y no oficiales, porque el contexto es difícil. No fue una discusión para palmadas de espalda, pero la conclusión fue muy buena”, celebró, en especial por la cláusula gatillo que lograron incorporar.
“Al principio el Municipio hizo un ofrecimiento bastante ambiguo y lo rechazamos por insuficiente y por el modo en que lo planteaba. Esta conclusión fue fruto del trabajo del sindicato y de la discusión con los funcionarios municipales. Se firmó el acuerdo de aumento del 15% en dos tramos. El 11% se va a cobrar retroactivo al 1° de mayo y el 5% restante, acumulativo a lo otorgado, se paga en septiembre. Este 11% en mayo también tiene la intención de mejorar el aguinaldo”, destacó.
Agregó que para compensar los primeros meses del año “se han logrado 2.500 pesos, que se cobran por única vez y se podrían liquidar esta semana en una boleta complementaria”.
“La cláusula gatillo fue muy importante para nosotros y fue un escollo durísimo para el municipio, pero el intendente entendió que era factible. La cláusula plantea que, superado el 15% del proceso inflacionario determinado por el INDEC, esta cláusula se activaría en forma automática con el porcentaje en que se supere la inflación, a partir del 1° de diciembre. Por ejemplo, si la inflación llega al 19% en diciembre, faltaría un 4% sobre lo ya otorgado. Nosotros creemos que, superado el 15%, en el mes que sea, hay que activar la cláusula gatillo, y esto quedó acordado por acta”, afirmó.
“Logramos salvaguardar la pérdida de poder adquisitivo dos meses para atrás y también nos protegimos hacia adelante. Además mejoramos la permanencia en categoría, que es un tema que venimos discutiendo hace mucho”, indicó, con un 14% adicional por cada ocho años. Esto se acordó porque “no hay promoción y muchas veces una categoría depende de la voluntad del Secretario o el Director, y viene a suplir que el compañero no quede anclado en la parte salarial”, explicó.
Contratos y monotributo
Otra etapa de la discusión a mediano plazo tiene que ver con resolver los contratos en el Municipio. “Estamos discutiendo durísimo en el marco de la paritaria. Hay una parte de la paritaria que concluyó con la homologación de este acuerdo y continúa la paritaria sobre convenciones colectivas, donde estamos discutiendo el nivel de contratos”, dijo Córdoba del grupo que no cuenta con estabilidad laboral.
“Nosotros creemos que no debe haber contratos para distintas tareas, sino que es específico. Por la ordenanza de presupuesto, el municipio hoy tiene 1.730 agentes. Ahí está incluido un grupo importante de contratados y los diferencia nada más que la estabilidad laboral. El sindicato plantea que no debe haber compañeros contratados, salvo que se trate de una tarea específica por un tiempo determinado. Hoy tenemos contratados de dos meses y de tres años en el municipio. En este caso ya no es una tarea específica y debe ser planta permanente”, remarcó.
Consultado sobre la situación del gobierno con los contratados, aclaró que “no tenemos ningún antecedente, porque tiene otra modalidad. El compañero ingresa a planta permanente con un año y un día, y logra la estabilidad laboral. Pero en el gobierno puede haber monotributistas, que es otra condición de trabajo, como también hay en los tres municipios”, observó.
“Es un grupo importante el de monotributistas y en el caso del Municipio de Río Grande están por fuera de los 1.730 empleados, porque es interpretado como un proveedor del estado. No tengo el número exacto y nos cuesta saber cuántos compañeros son. En los tres municipios y el gobierno provincial están trabajando con esta modalidad”, aseguró sobre lo que en el sector privado es trabajo en negro encubierto.
Cuestionó la falta de acceso a la información pero sobre todo a los legisladores, que no la solicitan como corresponde. “La cantidad de empleados en esta situación, como también de las finanzas en general, es resorte del Poder Legislativo. A nosotros nos dan la información a cuentagotas y es muy difícil lograr información de los Ejecutivos. Me gustaría escuchar hablar de este tema a legisladores que están hace veinte años, porque la provincia no ha detallado la cantidad de empleados y los presupuestos provinciales históricamente han sido un mero trámite administrativo, porque después hacen lo que quieren.Es una vieja maña de los legisladores y el Poder Ejecutivo”, sostuvo.
Medidas de fuerza
Respecto de las declaraciones del ministro de Gobierno José Luis Álvarez, quien habló de la falta de recursos para recomponer siquiera el 15% que quiere como techo el gobierno nacional, el dirigente recordó que “hace tres semanas que estamos en la calle peleando la pauta salarial provincial. Si tomamos la palabra del ministro Álvarez, en la provincia no habría aumento para nadie porque, si el gobierno va a dar aumento cuando corrijan el déficit, ese déficit está hace 30 años”.
Valoró que “la gobernadora se hizo cargo de todo lo que no se hicieron cargo otros gobiernos, asumió el costo político y están asumiendo el costo financiero, porque la provincia tiene un déficit fenomenal y no lo van a resolver mañana”, pero sentenció que “ATE ha tomado una decisión y está en un plan de lucha. Esto va camino a profundizar la medida. Nosotros estamos en la calle pero también estamos buscando información más precisa. Hemos tenido reuniones extraoficiales con algunos ministros, que siguen planteando dificultades, pero acá hay un ministro clave que responde directamente al gabinete nacional, que es el ministro de Economía José Labroca. Claramente entendemos que es quien está poniendo la traba y está llevando adelante los destinos económicos y financieros de la provincia”, acusó.
Se le preguntó si Labroca además estuvo trabando la paritaria municipal y respondió que “eso lo saben todos. Yo lo vengo planteando desde hace un par de meses y lo confirmo, porque nuestra experiencia cuando hablamos con funcionarios es que nos dicen que está pasando esto. No vamos a mandar al frente a nadie, pero tenemos claro que el autor de que la pauta salarial no camine es José Labroca”, ratificó.
Expuso el perjuicio para la gobernadora de sus propios funcionarios: “Estoy convencido de que a varios funcionarios del gobierno les importa un carajo el costo electoral que pueda tener la gobernadora. Hay funcionarios de la gobernadora a los que no les interesa absolutamente nada el costo electoral que va a tener Rosana, y se lo dije en una charla personal. Le dije que, si sigue este direccionamiento desde el Ministerio de Economía, al gobierno se lo pone de sombrero”, disparó.
Córdoba comparó la situación este año con el 2017, cuando hubo “un aumento considerable y fue avalado por el sindicato”, mientras en 2018 la crisis se profundiza y no hay respuesta.
Asimismo, negó que más del 90% de los recursos del estado vayan a sueldos, como dicen los funcionarios: “La gran mayoría de los trabajadores no supera el 28% del presupuesto en masa salarial. Que Álvarez explique cuánto presupuesto tiene el Legislativo y el Judicial, y otros organismos que tienen algunos privilegios”, desafió, ante datos que aportó el ministro.
Paz en riesgo
El dirigente fue consultado sobre los plazos que manejan para que el gobierno fueguino responda al reclamo salarial: “Nosotros no le podemos poner plazo a nadie, estamos trabajando, saliendo a la calle a manifestarnos. Esta semana aumentó la necesidad de atender sectores y nos están llamando muchos compañeros que nunca se habían involucrado, inclusive de otras organizaciones sindicales que hace diez años no pisan en una calle y se han transformado más en financieras que en sindicato”, dijo.
Prevé que la situación se va a seguir tensando “hasta que encontremos un punto de inflexión con los trabajadores y con otras organizaciones sindicales, y tengamos una mirada en común sobre el rol que tenemos, y es posible que ahí se profundice la conflictividad”.
Cargó contra la responsabilidad de los legisladores, que avalaron el consenso fiscal que firmó el gobierno provincial, “sin tener en cuenta que hay más de veinte mil familias estatales, incluidos los pasivos, que se ven afectados. No han tenido en cuenta que está en riesgo la paz social en los meses venideros. Que se hagan cargo los que tienen responsabilidades institucionales. Nosotros nos vamos a hacer cargo de lo nuestro, porque ATE no fue convocado para ese pacto fiscal y naturalmente lo rechazamos. Quiero que los trabajadores tomen conciencia de dónde estamos, y que la agenda de ATE no es solamente la pauta salarial, sino que tiene que ver con el sistema previsional y asistencial y ahí debemos trabajar todas las organizaciones sindicales que tengamos una mirada en común, pensando en 2019, porque estoy convencido de que, si las organizaciones sindicales no tienen representación legislativa en 2020, no vamos a tener futuro para el sistema previsional. Por eso tenemos que buscar los mejores compañeros para defender el sistema en el Poder Legislativo, porque las leyes que avasallaron todos los derechos de los jubilados y trabajadores estatales, salieron de la Legislatura”, concluyó.
