La legisladora Mónica Urquiza dio a conocer que su par de bancada Pablo Villegas ya redactó el escrito para ingresar a la justicia, con el fin de que ordene a la Secretaría de Seguridad la entrega de los expedientes de las compras secretas durante la gestión de Ezequiel Murray. También aludió al reclamo de la Cámara de la Construcción, que ve pasar las grandes obras a manos de empresas de fuera de la provincia. Por las condiciones que el propio gobierno incluyó en los pliegos, como la prohibición de presentar una UTE, admitió que “a uno lo hacen pensar mal: que las licitaciones están direccionadas a determinadas empresas o se intenta evitar que puedan participar algunas locales”.
Río Grande.- Las compras secretas de la Secretaría de Seguridad, por un monto superior a los 20 millones de pesos, podrían quedar develadas de prosperar en la justicia el pedido que ingresará el MPF. La legisladora Mónica Urquiza adelantó a Radio Universidad 93.5 que su par de bancada, Pablo Villegas, “ha terminado de redactar el escrito que vamos a presentar a la justicia” y dijo que se basa en la ley de acceso a la información pública.
“La ley de acceso a la información pública da plazos. Nosotros solicitamos la información por escrito y nos respondieron que la documentación tiene carácter reservado. Al no cumplir con la respuesta, se habilita la presentación de un recurso a la justicia para hacernos de la documentación”, explicó.
La legisladora aclaró que “esto no tiene nada que ver con la denuncia penal que presentó un ciudadano -Horacio Miranda-, sino que esta es una acción para poder obtener los expedientes que venimos solicitando”.
Al no tratarse de una vía penal sino civil, no habrá allanamientos. “En este caso la justicia lo que hace es ordenar a los funcionarios que nos hagan entrega de la documentación”, indicó la legisladora.
“Nos hacen pensar mal”
También se refirió al reclamo de la Cámara de la Construcción, cuyas empresas asociadas están trabajando “al 20% de su capacidad”, según dijo su titular Andrés Volpe a este medio, dado que las grandes obras se están adjudicando a empresas de fuera de la provincia.
“Vemos que adjudican grandes obras de la provincia a empresas que no pertenecen a Tierra del Fuego. Nosotros siempre abogamos para que las empresas sean locales, para crear mano de obra local y que el dinero quede en nuestra provincia. Quienes invierten permanentemente deben tener el trabajo que corresponde”, sostuvo.
Consideró que el pedido de la Cámara de la Construcción debe ser atendido. “Esto deberían tener en cuenta todos los Ejecutivos, por supuesto las empresas deben tener la experiencia, la capacidad que exige la ley de obras públicas, pero se ponen condiciones que a uno lo hacen pensar mal y que las licitaciones están direccionadas a determinadas empresas o se intenta evitar que puedan participar algunas empresas locales”, planteó, teniendo en cuenta que en los pliegos que elaboró la provincia se prohibió, por ejemplo, la presentación de una UTE.
“Para obras muy específicas puede ser que en la provincia no haya empresas preparadas, pero para este tipo de obras pueden hacer una UTE con alguna otra empresa y distribuir los recursos en la provincia, como corresponde”, sostuvo.
Fondos atrasados
Consultada sobre los atrasos de fondos de nación, que obligan al municipio de Río Grande a sostener obras con fondos propios, como el nuevo natatorio y la planta potabilizadora, dijo que “es una realidad que viene sufriendo la ciudad de Río Grande con respecto al financiamiento de la planta potabilizadora. A uno lo preocupa porque en este caso son fondos del Fideicomiso Austral que, si bien son recursos que aporta la Nación, pertenecen a la provincia, y quienes deben defender estos recursos ante la Nación son los funcionarios provinciales como representantes del gobierno provincial”, subrayó.
Asimismo expresó su preocupación por los anuncios de recortes de obras a nivel nacional. “El ministro de Obras Públicas dice que están garantizadas, pero hay muchas obras en ejecución como la planta potabilizadora, la pileta, la ampliación del puerto de Ushuaia, donde la empresa adjudicataria habría estado librando cheques que fueron rebotados. Esto fue confirmado por empresas que les han prestado servicios. Son cosas que preocupan mucho”, manifestó.
Conflicto en Ushuaia
En cuanto al reclamo de recomposición salarial que llevan adelante los trabajadores municipales, observó que “la situación en Ushuaia está empezando a complicarse. Los empleados municipales están haciendo un justo reclamo y uno no entiende algunas respuestas en las que los funcionarios se desligan de sus responsabilidades y las ponen en cabeza del Ejecutivo provincial, por ejemplo. No puede ser que el Ejecutivo municipal esté esperando una respuesta o la orden que le va a dar el Ejecutivo provincial. Los municipios son autónomos, tienen sus propios recursos y esta situación es muy delicada”, dijo.
“El poder adquisitivo no sólo del empleado público sino de todos, día a día se ve perjudicado, y realmente están intentando ganar tiempo. Ya estamos en mayo y han convocado a paritarias para la anteúltima semana del mes. Van a comenzar las discusiones y ya pasamos a junio, con lo que se fue la mitad del año y afecta la primera cuota del aguinaldo”, expresó.
Además prevé más ajuste con la adecuación tarifaria que giró el Ejecutivo provincial, para encuadrar en las pautas del pacto fiscal. “Ahora resulta que tienen que bajar alícuotas de Ingresos Brutos y vamos a tener una merma de 500 millones. Todo esto va a ir en perjuicio del empleado estatal”, advirtió.
Reforma política
Finalmente la legisladora se refirió a la reforma política, dado que ayer continuaron las reuniones en la comisión 1, que preside la legisladora Myriam Martínez. “Estuvieron presentes los concejales de Ushuaia. El concejal Bocchicchio concurrió con ingenieros especializados en el tema de voto electrónico y la verdad han hecho una exposición interesante. Tuvimos distintas voces del punto de vista político y cada uno expresó su posición. En el tema de voto electrónico es coincidente la preocupación por la seguridad del secreto del voto. Este es el punto neurálgico, y otro punto tiene que ver con la implementación de las PASO. Tal cual como se manifiesta, no estamos de acuerdo con el voto electrónico”, manifestó.
“Los convencionales del MPF nos hemos reunido y emitimos un documento. Por supuesto estamos de acuerdo en la implementación de sistemas que faciliten la elección, pero con todas las salvedades. El voto electrónico tuvo su auge y la tecnología avanza para lo bueno y para lo malo, y se tiene que corregir la seguridad. Los países más desarrollados lo implementaron en su momento y de a poco lo van dejando, precisamente por falta de seguridad. Existen muchas dudas con respecto al secreto, que es un precepto constitucional y la base de la democracia”, concluyó.
