El legislador del MPF Pablo Villegas dijo que esta semana ingresará a la justicia una demanda de acceso a la información, transcurridos “más de 150 días” del paso del ex secretario de Seguridad Ezequiel Murray por la comisión de presupuesto. Hasta ahora no pudieron acceder a los expedientes de las compras secretas y esperan que la justicia ordene el envío de la documentación.
Río Grande.- El legislador Pablo Villegas adelantó ayer por FM Aire Libre que esta semana prevé ingresar “la demanda judicial para poder hacernos de los expedientes de la Secretaría de Seguridad, en el marco de la ley 653 de acceso a la información pública. Tenemos que recurrir a la instancia judicial, porque transcurrieron más de 150 días de aquella escandalosa reunión en el ámbito de la comisión de presupuesto de la Legislatura provincial, donde surgieron estos gastos reservados o compras secretas”, dijo.
“Al día de la fecha no hemos tenido ningún tipo de información, hemos cursado notas, hemos utilizado todos los mecanismos institucionales, administrativos, y hasta le hemos requerido información a la propia gobernadora, pero no hemos obtenido nada como respuesta”, lamentó.
Precisó que cursaron notas “al jefe de gabinete Gorbacz, al ex secretario de Seguridad Murray y a la propia gobernadora, pidiendo copia certificada de los expedientes donde tramita la afectación de más de 24 millones de pesos de recursos públicos. Nosotros simplemente tenemos un informe del Tribunal de Cuentas de fines del año pasado, donde hay informes muy críticos de los auditores intervinientes, que hacen referencia a la utilización de mecanismos de contratación que no están legitimados ni avalados por el régimen jurídico vigente. Luego de eso, no tuvimos más información y al día de la fecha ningún ciudadano de la provincia sabe a ciencia cierta en qué se gastaron estos 24 millones de pesos”, expresó.
También fue crítico del discurso de la gobernadora en el acto de la policía provincial: “Bertone dijo que por más denuncias que le hagan va a seguir haciendo compras para la policía, en un acto público, y que el objetivo prioritario es la lucha contra el narcotráfico. Esto merece algunas reflexiones, porque uno lamenta que un acto institucional de la policía de la provincia se lo utilice como tribuna política para tratar de justificar lo injustificable. Ella misma en ejercicio del Poder Ejecutivo le pidió la renuncia al Secretario de Seguridad Murray. Acá hay una relación de causalidad entre el escándalo de la comisión de presupuesto del año pasado, la falta de remisión de información pública no solamente a los legisladores sino a la ciudadanía en general, y la renuncia del secretario Murray”, aseveró.
“Desde el MPF nos hubiera gustado que en ese acto institucional se hiciera referencia a temas de interés de los hombres y mujeres de la policía, como la necesidad de una recomposición salarial, de una actualización económica de la ley de enganche con la policía federal, donde hay un desfasaje mayor al 50%; o la incorporación de 200 vacantes requerida por el jefe de policía. Uno camina la calle, yo tengo contacto con distintos funcionarios y estuve el sábado visitando distintas dependencias policiales de Ushuaia. Sabemos en materia operativa que la cantidad de personal es limitada y podría mejorarse”, señaló.
“En el tema de narcotráfico, no alcanza con el voluntarismo político. Coincido en que tiene que ser prioridad de la acción política de un gobierno, pero para eso hace falta además de voluntad, idoneidad, capacitación y profesionalismo por parte de quienes están a cargo de la Secretaría de Seguridad. Al día de la fecha uno no ve un plan integral de seguridad ciudadana, no se ha puesto en marcha el sistema de videovigilancia, que es fundamental para la prevención y disuasión del delito, y para facilitar la obtención de pruebas. Tampoco hay un reclamo firme para que se dote de un escáner a los puestos fronterizos y al puerto de Ushuaia”, sostuvo.
“Cuando estuvo la Ministra de Seguridad en la provincia no se le hizo un reclamo. A principios del año pasado, por una presentación hecha por el bloque del MPF, la Legislatura aprobó una resolución solicitando a las autoridades de la Secretaría de Seguridad de la Nación que pongan a disposición estos elementos tecnológicos que son fundamentales. También le hemos requerido a la senadora Boyadjián que arbitre los mecanismos. Yo no tengo posibilidad de sentarme todos los días a hablar con las autoridades nacionales y precisamente es la gobernadora la que sale en las fotos y comunicados de prensa con ministros de economía, de hacienda. Yo soy legislador de la oposición, no un funcionario del Ejecutivo, y no está en mí fijar la política de seguridad de la provincia”, aclaró.
“Yo felicito a los miembros de la policía que trabajan en esto”, dijo a partir del secuestro de drogas que se ve en la provincia, pero insistió en que “no alcanza con voluntarismo político. Bienvenido sea lo que se secuestra, también los procedimientos de la policía, pero como legislador me gustaría que hubiera un plan integral de seguridad ciudadana, y que ese plan se nutra de índices serios, objetivos, que exista un mapa del delito público. Al día de la fecha, por más que cambien a los funcionarios, este plan brilla por su ausencia”, concluyó.
