La legisladora del MPF Mónica Urquiza adelantó un pedido de informes que se presentará en la próxima sesión ordinaria sobre los gastos de la obra social estatal en los agasajos a la comitiva de la COSSPRA. Se suma a uno de similar tenor impulsado por el bloque UCR-Cambiemos. La legisladora planteó que es “una burla” a los afiliados, que deben peregrinar para obtener las prestaciones. En particular mencionó casos de derivados y personas con certificados de discapacidad. Además, informó que ya ingresó la demanda contra el gobierno para acceder a los expedientes de las compras secretas de la Secretaría de Seguridad.
Río Grande.- La legisladora del MPF Mónica Urquiza dio a conocer por Radio Provincia la decisión de presentar un pedido de informes ante los gastos de la obra social estatal en agasajos a la comitiva de COSSPRA, que se reúne a partir de mañana en la capital fueguina. Se trata de 300 mil pesos para una cena temática y casi 200 mil pesos de alojamiento en el hotel Arakur. “Realmente preocupa la situación, porque uno permanentemente recibe afiliados de la obra social que son maltratados. Esto tiene que ver con la forma de atención, las derivaciones, las prestaciones que no le quieren reconocer porque no son médicos convenidos con la obra social. A la gente que va derivada no le alcanza lo que le paga la obra social para los gastos, van con el pasaje de ida y vuelta y, si tienen que hacer alguna modificación, la tienen que pagar los afiliados. La presidente de la obra social ha dicho que se quieren quedar de shopping pero no es así, y la verdad uno no deja de asombrarse”, sostuvo.
“Los afiliados viven de recurso de amparo en recurso de amparo para acceder a las prestaciones, y principalmente la gente que está derivada y con certificados de discapacidad”, puntualizó.
El encuentro de la COSSPRA, que nuclea a las obras sociales estatales de las distintas provincias, son “reuniones en las que puede ser sede Tierra del Fuego o cualquier otra provincia y, por una cuestión de ética, se tienen que controlar los gastos. Esto parece una burla para las personas que tienen que estar luchando con la obra social, que lo único que está viendo es cuánto gasta cada afiliado”, cuestionó.
Estas situaciones son preocupantes y nosotros vamos a plantear un pedido de informes además de otras alternativas, porque la mayoría de las veces los pedidos de informes que uno realiza desde la Cámara no los contestan, o los contestan muy tarde. No respetan absolutamente ningún plazo y, para hacernos de la información, nosotros enviamos notas a los funcionarios que correspondan amparados en la ley de acceso a la información pública. A esto hemos llegado porque es de la única manera que respetan plazos, dado que la última instancia es un recurso de amparo en la justicia. A esto nos han llevado con los expedientes de la Secretaría de Seguridad”, manifestó.
Respecto de este caso, informó que “ya presentamos el recurso de amparo contra el gobierno, porque a esto nos habilita la ley de acceso a la información pública, para tener copia de los expedientes de compras secretas por más de veinte millones de pesos. Por lo que sabemos, esos expedientes están en el Tribunal de Cuentas. En su momento pedimos información y el Tribunal mandó los informes de los auditores porque no tenía los expedientes todavía. De los informes de los auditores surge que se compraron elementos de uso normal y habitual de las fuerzas de seguridad, y que no correspondía encuadrar en contrataciones de carácter secreto”, recordó.
Por tratarse de un amparo, el trámite “es sumarísimo y estamos atentos a que la justicia avance. No tiene nada que ver con la denuncia penal presentada por un ciudadano de Río Grande. En alguna declaración la gobernadora dijo que los expedientes fueron pedidos por el juzgado, pero por lo que tenemos conocimiento, están en el Tribunal de Cuentas. Aparte, como dijo Murray en su momento, ya arreglaron algunas cosas y por ahí el Tribunal termina de expedirse”, barajó.
“Ya en el mes de enero el ex secretario Murray dijo que estaban tratando de arreglar los expedientes para después elevarlos a la Legislatura, porque incluso hay un pedido de la comisión de presupuesto; pero nunca elevaron nada. Después nos dicen que no pueden hacerlos públicos porque estarían avisándole qué tienen a los narcotraficantes; pero compraron camionetas, chalecos antibalas, que son elementos normales y habituales. Es más, los entregaron en un acto público. Acá lo que preocupa es que no se quieran dar explicaciones. Se están ejecutando recursos que son de todos, y están obligados a dar explicaciones. Lo mismo nos pasa con Energía y también tuvimos que hacer una nota pidiendo la información que ya habíamos solicitado y nunca llegó, sobre la compra de las turbinas de Sullair. El lunes o martes pidieron una prórroga, porque no tienen el informe técnico y económico que diga que es conveniente la adquisición de las tres turbinas. Ellos solos lo dicen y es lamentable”, consideró.
Reforma política
Por otra parte, se refirió al debate sobre la reforma política, dado que la semana pasada comenzaron con la ronda con los distintos partidos políticos. “Hay opiniones variadas. Los proyectos también tienen que ver con varios temas, no sólo la reforma de los partidos políticos sino el voto electrónico, que es el que más debate está teniendo, por la incorporación de tecnología a la elección. Es lo que más discusión trae y, la verdad, las charlas son muy ricas porque uno puede ver distintas posiciones y fundamentos desde lo técnico”, dijo.
“Como fuerza política convocamos a la convención del MPF y se ha expedido al respecto. Hay dos proyectos sobre reforma constitucional que no están relacionados con la reforma electoral y se pretende hacer una reforma que va más allá. Nosotros no estamos de acuerdo con esto. Uno de los puntos que sí tiene que ver con lo electoral plantea volver a la lista sábana y no estamos de acuerdo. Nuestra Constitución fue de vanguardia porque eliminó la lista sábana, por eso votamos por estamentos, con boletas separadas, de distintos colores. Más allá de que después en los cuerpos colegiados se vote distinto, defendemos que se vote en forma separada, y no votar automáticamente con el gobernador a los intendentes y concejales que vienen con él”, señaló.
Reveló que “otro de los proyectos plantea la reforma del artículo 70 de la Constitución, que autoriza el endeudamiento solamente si se aplica a obra pública y acá se pretende modificarlo para que sea aplicado a gastos corrientes. Nuestro partido se ha expedido con respecto a esto y a la reforma de la ley de partidos políticos, que creemos que se debe modificar. Hay una línea muy fina porque también tenemos que ser respetuosos del derecho a la participación”, planteó.
“Respecto de la implementación de tecnología, por supuesto estamos de acuerdo en avanzar con la discusión, pero hoy está en juego el secreto del voto. Esto es lo que está en duda y el punto principal para nosotros. Hay diferentes instancias en el proceso electoral, e implementar tecnología en el paso entre el cuarto oscuro y la urna, nos deja muchas dudas. La famosa cajita feliz está en discusión, pero no está en ninguna ley. Fue una alternativa que en su momento encontró el juzgado y no dio resultado. La caja no va a estar y desde el juzgado electoral están buscando otra alternativa, como por ejemplo el proyecto de la UCR-Cambiemos que propone la boleta única en papel. En una sola boleta estarían todas las alternativas que se presentan, con estamentos separados como lo determina la Constitución. Las boletas seguirían separadas por estamento y en cada una estarían las ofertas electorales. El problema principal se plantea en la cantidad de propuestas para estamentos legislativos, en particular en la Legislatura. Ahí hay que encontrar una alternativa y puede ser que nos encontremos con una boleta enorme, pero vamos a tener la certeza de que allí van a estar todos los candidatos. No va a pasar que falten boletas o que las roben, aunque en nuestra provincia no hubo nunca una denuncia de fraude electoral”, destacó.
Esta semana terminaría la ronda con los partidos y luego seguirá “una audiencia con participación de las empresas que serían posibles proveedoras del sistema electrónico”, dijo.
De tomarse este camino, el MPF entiende que “no podría ser para la próxima elección, porque no dan los plazos, se necesita capacitación y darle todas las herramientas al juzgado electoral, que hoy no las tiene”, concluyó la legisladora.
