El vocal de la obra social estatal Aníbal Torres dio a conocer el pedido de destitución de la presidente Margarita Gallardo formulado a la gobernadora, y además un pedido al Tribunal de Cuentas para que investigue la contratación por casi medio millón de pesos para el agasajo de la comitiva de COSSPRA. Cuestionó el “manejo discrecional” de la presidente, que por un lado recorta prestaciones y por otro “despilfarra dinero de los afiliados”.
Río Grande.- El vocal de OSEF Aníbal Torres dialogó con Radio Universidad 93.5 para dar a conocer no sólo el pedido de destitución de la presidente Margarita Gallardo, sino una investigación que impulsar por parte del Tribunal de Cuentas, por una contratación que estaría fuera del marco legal.
“Los contratos superan el monto previsto por el jurisdiccional de compras fijado por ley. Hasta 340 mil pesos se puede contratar en forma directa para un mismo fin, y en este caso la suma llega casi al medio millón”, dijo del gasto de 300 mil pesos en la cena temática en el restaurante del Presidio y de casi 200 mil para el alojamiento en el lujoso hotel Arakur.
“Independientemente de lo que está estipulado por ley, lo que queda al descubierto es el manejo discrecional que tiene la presidente de la obra social, frente a la realidad que estamos viviendo y padeciendo los afiliados”, expresó.
“Es totalmente incompatible esta clase de gasto con las coberturas y prestaciones que día a día están requiriendo los afiliados, y se encuentran con la negativa por resoluciones emitidas desde la presidencia. Se racionaliza el gasto con recortes internos en la obra social y por otro lado se despilfarra esta cantidad de dinero en un agasajo, cuando tiene que ir a los afiliados porque son el sustento de la obra social”, subrayó.
Consideró que no corresponde el ajuste que se viene realizando en las prestaciones, porque “la obra social tiene más de 50 mil afiliados, entre titulares y familiares de las tres ciudades, más los que están fuera de la provincia. No está en situación de emergencia como para que en esta gestión se vean los recortes que estamos teniendo. El presupuesto 2017 y 2018 está en un monto aproximado de 1.700 millones y es lo que se está manejando en la obra social después de la separación del IPAUSS”, dijo.
“El 18 de este mes presenté una nota a la presidencia con el rechazo y repudio por esta forma de gastar los fondos de la obra social. También hicimos este lunes una presentación al Tribunal de Cuentas para que investigue esta forma de contratación. Le enviamos una nota a la gobernadora para que tome una decisión sobre este tema y no quede en algo mediático. Esto no es de ahora y no solamente es por el gasto, sino por los recortes, los ajustes, el maltrato, por todo”, sostuvo.
Buena situación
Consultado sobre la situación de la institución, indicó que “los aportes se han regularizado en su gran mayoría, después del acuerdo que se firmó entre la obra social y el gobierno de la provincia por las acreencias que había. No hay ninguna zozobra para decir que estamos mal. Por eso la presidente dijo que la obra no está en situación delicada y está en condiciones de hacer este gasto que llevó a cabo. Esto da la pauta de que la obra social no está mal para los ajustes que está habiendo con los afiliados”.
Ante las quejas de las personas derivadas, explicó que “hay un área técnica administrativa donde se tramita la ayuda socioeconómica para el derivado, que recibe dinero por dos o tres días y, si se tiene que quedar más, lo tramita por la delegación de Buenos Aires y se tiene que acreditar el resto de los pagos. El año pasado hubo enormes demoras para la gente que estaba derivada porque no les pagaban la ayuda. Hoy no tenemos grandes demandas por este tema puntual, pero hay demoras y la ayuda tampoco alcanza para nada, porque son 500 pesos por día. Nosotros presentamos un proyecto, ante la inflación que venimos teniendo, para que se aumente a 1.000 pesos por día, ya que es el importe que han logrado algunos afiliados mediante recursos de amparo. Los derivados no se van de vacaciones, sino por diagnósticos médicos y a veces muy serios”, remarcó.
Aclaró que “esta ayuda económica no está regulada dentro del marco prestacional. Nosotros quisimos lograr ese cambio, pero no lo conseguimos, y el monto se da y se quita por resolución. La equidad y la solidaridad que tanto pregona Gallardo en los medios, pasa por que el afiliado tenga un beneficio cuando realmente lo necesita. Si hubiera otra composición del directorio en esta gestión y tuvieran un poco más de humanidad con los afiliados, se podría lograr algo bueno”, afirmó.
Se le preguntó por qué no avanzar con inversiones, por ejemplo, en una clínica propia, teniendo fondos asegurados de 50 mil afiliados, dado que lo han hecho gremios con mucha menor cantidad y nivel de salarios. “Esto se podría hacer tranquilamente y es una decisión política. Los directores anteriores no miraron hacia el futuro de la obra social y hoy estamos estancados. Hay una gestión de intervencionismo del gobierno a través de la presidente que tenemos, y hay un vaciamiento enorme. Si queremos proyectar a largo plazo, con esta gestión no lo vamos a lograr”, dijo.
“Podríamos tener una farmacia con todo para darle al afiliado, consultorios, ambulancias propias, como tienen otras instituciones con menos afiliados. El 3 de enero de 2017 denunciamos la resolución que limitó a la farmacia de la obra social para que no expenda más los medicamentos de alta rotación. Hoy los venden las farmacias externas y ahí hay una fuga de capital enorme. Estamos hablando de arriba de 20 millones de pesos”, afirmó.
“Esto está hecho a propósito para que no funcione. Con los medicamentos de alto costo, si los compran en las droguerías de primer nivel, hay un descuento del 40 y 50%, y esto lo ha dicho la presidente Gallardo. Si trasladamos eso a los medicamentos de alta necesidad y alta rotación, que son los comunes que están expendiendo hoy las farmacias, hablamos de un 40, 50 y hasta 60% menos. Eso es una regalía interna enorme para tener entrada de dinero y mantener una farmacia a todo lujo”, aseveró.
“Lamentablemente desde el principio de la gestión venimos denunciando que la independencia interna se ha perdido, porque somos cuatro directores, la presidente y el vice que responden al Ejecutivo y dos directores electos. Cualquier iniciativa que tengamos en beneficio de los afiliados, o la rechazan o habilitan el voto doble de presidencia, y nos ganan. Somos cuatro y no hay democracia”, fustigó.
Torres también recurrió a la Legislatura para que tome intervención en este tema: “El 19 de febrero de este año presenté una nota al presidente de la Legislatura y a cada uno de los bloques, reiterando la inconstitucionalidad de este artículo sobre la integración del Directorio, porque no tenemos autarquía ni democracia interna para velar por los intereses de los afiliados. Les hice saber no sólo que es inconstitucional sino perjudicial esta composición, y presenté un proyecto de ley para modificar ese artículo, porque hoy el directorio está armado para que el Ejecutivo gane sí o sí”, dijo.
Inmuebles abandonados
También el funcionario hizo referencia a la falta de inversiones para poner en valor los inmuebles de la obra social. “Con la división en las dos cajas se hizo un desdoblamiento de los bienes patrimoniales. La caja de previsión se quedó con el edificio de Fadul y San Martín, el hotel Las Lengas y otros más; nosotros nos quedamos con el edificio de Fitz Roy, que quedó obsoleto, porque no entra el personal, los insumos; el área de odontología de Karukinka y tres lotes que tenemos en calle Roca, entre Deloqui y Gobernador Paz. En Río Grande tenemos el edificio del viejo correo, frente al hospital. El vocal Caicheo presentó un proyecto para revalorizarlo, porque está en estado de abandono, y también fue rechazado”, informó.
“Por los lotes en desuso en Ushuaia estoy presentando un proyecto de construcción de un edificio nuevo para la obra social, que es necesario y debe tener, porque hoy se alquila un edificio y se está haciendo una erogación que se podría volcar a la atención de todo tipo en un edificio propio”, planteó.
Dio a conocer que, en lugar de hacer inversiones, se está depositando el dinero de la obra social en el banco Tierra del Fuego. “En esta gestión tenemos varios montos fijos que se depositan en el BTF y hemos rechazado esta situación, porque entendemos que deben ser volcados a cubrir las necesidades de una franja de afiliados que deambulan pidiendo cobertura o prestaciones que necesitan”, propició.
Como otra alternativa de inversiones, expuso la construcción de viviendas para los afiliados. “Es una materia pendiente que hasta ahora no hemos tocado por el trajín de esta gestión y todo lo que nos viene en contra continuamente. Sé que hubo proyectos de viviendas anteriores, por el lado previsional, pero desconozco cómo están estas gestiones”, señaló.
Más ajustes y malgasto
Torres sostuvo que “por el caudal de dinero que entra, la situación está mejor. Se paga lo que se tiene que pagar en aportes, pero se restringen por otro lado las prestaciones cuando hay dinero. Los municipios han regularizado bastante la situación como la mayoría de los entes”, apuntó sobre el ingreso permanente de fondos.
Dentro de las políticas erróneas citó el gasto en vuelos sanitarios por las derivaciones, en lugar de avanzar con la compra de un avión propio. “Se pagan hasta 400 mil pesos por vuelo y tengo que decir que también esto es una decisión política. Los organismos de control, incluida la Legislatura, deberían velar por esto. No podemos tener este desfasaje de montos y gastar 300 y 400 mil pesos por evacuaciones, que son necesarias, y no pensar en que debemos contar con una aeronave de uso propio para que los montos se achiquen”, concluyó.
