Una veintena de entidades nucleadas en la Federación Marítima y Portuaria (FeMPINRA) que lidera uno de los miembros del triunvirato de la CGT, Juan Carlos Schmidt: realizará el próximo jueves un paro de actividades, en el marco de una serie de reclamos que atañen a distintas áreas del Gobierno, desde el Ministerio de Transporte al de Defensa. Por su parte, las Cámaras del sector advirtieron que la medida de fuerza generará pérdidas por 300 millones de pesos.
Buenos Aires.- Los más de 20 gremios relacionados con la Marina Mercante, los puertos, la industria naval y demás actividades conexas con el transporte marítimo, fluvial y el comercio exterior, paralizarán todos los puertos del país y se movilizarán hacia el Ministerio de Trabajo
La lista de reclamos sectoriales, si bien es variada, no incluye demandas salariales. Los mismos apuntan en primer lugar a repudiar el aún no concretado acuerdo con el FMI, ente internacional al que responsabilizan por el desguace que sufrió la actividad portuaria y marítima nacional en la década del 90.
Argentina llegó a contar con una de las flotas mercantes más poderosas de la región, no solo por la existencia de buques de ultramar estatales a partir de empresas como ELMA e YPF, sino también por la variada oferta de bodega repartida entre varias navieras privadas. La desregulación implementada por el ex presidente Carlos Menem fue especialmente lapidaria para la actividad ya que las empresas del sector no fueron privatizadas tal como sucedió con las de servicios públicos. «La actividad marítima fue literalmente desarmada, los activos vendidos y las fuentes de trabajo pérdidas», sostuvo ante Infobae uno de los sindicalistas miembros de la Federación.
Más allá de este planteo de carácter doctrinario, la FeMPINRA marchará en demanda de soluciones que difícilmente puedan ser atendidas por la cartera laboral que conduce Jorge Triaca: reactivación del Astillero Río Santiago, prórroga de concesiones para el puerto de Buenos Aires, rechazo a vetos presidenciales en la legislación marítima recientemente aprobada por el Congreso Nacional, rechazo a acuerdos pesqueros con Gran Bretaña, mejoras en servicio de transporte de personas en el Delta bonaerense, participación de los trabajadores en las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea y denunciar sobreprecios en los servicios que presta el astillero TANDANOR -propiedad del Ministerio de Defensa en el que se reparó el ARA «San Juan»-, son parte de una lista de reclamos que atañen a distintas áreas del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires.
Cámaras empresarias sorprendidas
Las cámaras empresarias del sector han manifestado su sorpresa por esta medida ya que la misma, al no ser salarial, no los tiene como contraparte en discusión alguna, pero reconocen que de llevarse a cabo afectará la entrada y salida de decenas de buques en todo el país con un costo estimado de $300 millones en concepto de demoras y lucro cesante.
Muchos de los empresarios consultados sostienen que el mismo se inscribe en una ofensiva sindical que apunta en su esencia a incrementar el nivel de conflictividad en contra de la anunciada política de ajuste que pretende llevar adelante Mauricio Macri.
Entre los gremios que integran la Federación Marítima y Portuaria se encuentran algunos que brindaron un decidido apoyo a Cambiemos durante la campaña electoral de 2015 e impulsaron la nueva legislación en materia de Marina Mercante e Industria Naval, la que si bien pareció contar con el beneplácito del equipo de Guillermo Dietrich durante su tratamiento parlamentario, fue objeto de vetos presidenciales en los artículos más fuertemente sostenidos por el sector gremial, lo que las tornó vacías de contenido según la visión de los sindicatos.
Si bien es de suponer que en las próximas horas el Ministerio de Trabajo dictará la conciliación obligatoria, la misma será abstracta pues «no hay nada que conciliar con el sector patronal», remarcan los empresarios.
En la práctica, la medida implica que no habrá servicio de remolcadores para buques que deban entrar o zarpar de los puertos del país, no se prestará el servicio de guincheros para la carga o descarga de contenedores o carga a granel. Tampoco navegarán buques de bandera nacional o de terceras banderas tripulados por personal argentino, especialmente en lo que a cabotaje marítimo y fluvial atañe.
Finalmente no trabajarán los astilleros públicos y privados ni los talleres navales de reparaciones, y todo el personal administrativo de la Marina Mercante cesará totalmente sus tareas.
