El concejal radical Paulino Rossi aseguró que la provincia pretende avanzar con el revalúo inmobiliario previsto en la ley 1075, que aumentaría la presión fiscal sobre los vecinos de Río Grande. Cuestionó la “falta de razonabilidad”, al complicar la situación de los vecinos en la coyuntura económica actual y recordó que esos fondos no vuelven en obras de la ciudad, sino que van a la caja de jubilaciones. Desde el Ejecutivo, el secretario Federico Runín descartó la posibilidad de reconocer al inmobiliario como un impuesto provincial y confirmó la presentación del recurso de queja a la Corte Suprema.
Río Grande.- El concejal radical Paulino Rossi advirtió por Radio Provincia sobre la intención del gobierno de aumentar el impuesto inmobiliario, dado el revalúo contemplado en la ley 1075, y pidió “razonabilidad” para no complicar la crítica situación de los vecinos.
La facultad de cobro por parte de la provincia y el acuerdo de coparticipación que fija la ley, no está siendo reconocida por la Municipalidad, dado que el Concejo decidió no adherir a la norma en su momento. “Si los municipios adheríamos, el aumento que pretende la provincia, que es cobrar más impuesto inmobiliario a los vecinos, se iba a coparticipar en un 60 y 40 por ciento. Algo para aclarar es que ese aumento a los frentistas no es para hacer obra pública ni para solucionar problemas, sino que va derecho a la caja a pagar jubilaciones”, subrayó.
“No entiendo cuál es el fundamento para ir a golpear cada puerta a cada vecino de la ciudad y decirles que tienen que pagar un 20, un 30 ó un 100 por ciento más de impuesto inmobiliario para pagar jubilaciones. No tiene ningún tipo de lógica y por eso la Municipalidad decidió no adherir, que es una posibilidad que establece la ley”, sostuvo.
“Ahora estamos frente a la posibilidad de que la provincia quiera cobrar un doble impuesto inmobiliario para pagar las jubilaciones”, dijo, una vez conocida la resolución del Superior Tribunal de no hacer lugar al recurso presentado.
Rossi acusó al gobierno de trasladar sobre los vecinos la responsabilidad que le compete de financiar la caja, dado que “la provincia no paga la deuda histórica, y ya van tres años de que la provincia tenía que hacer un fideicomiso para construir viviendas. De ahí se iba a financiar la caja de jubilaciones. Nadie habla de eso y hay un incumplimiento flagrante por parte del gobierno provincial de esto que tenía que hacer”, remarcó.
“Como no hacen esto, quieren salir a cobrarle a los vecinos más impuesto inmobiliario. Yo espero que haya un poco de razonabilidad en el gobierno provincial, porque no se pueden seguir aumentando los impuestos. En Ushuaia el impuesto inmobiliario se disparó y está judicializado, pero en Río Grande entendemos que teníamos que ver la manera de acompañar a los vecinos, que nos ayudan a que a la ciudad le vaya mejor. Todas las pymes que han mantenido a sus empleados, tienen una rebaja del 50% del impuesto inmobiliario, y no sé si ahora la provincia va a dejar de respetar esto”, cuestionó.
“Hay un plan de forestación de la ciudad que está financiado con el impuesto inmobiliario, que también se vería afectado”, agregó el edil.
“La situación no da para aumentar el impuesto en la ciudad, porque los vecinos están en una situación económica muy complicada. Un aumento tan escandaloso fomentaría la crisis y, además, es para pagar jubilaciones. Es algo que no tiene nada que ver, porque la lógica del impuesto inmobiliario es la reinversión en obra pública y el mantenimiento de la ciudad”, enfatizó.
Posible acuerdo Vuoto-Bertone
Consultado sobre la posibilidad de que el intendente Vuoto acceda a firmar un acuerdo con la gobernadora, pese a haber llevado acciones judiciales en paralelo con el municipio de Río Grande, en función del acuerdo político que los une, se mostró preocupado por el impacto negativo en la zona norte.
“La verdad no tenemos esa información pero es claro que ya hay un acuerdo político, porque ya el municipio de Ushuaia ha logrado 300 millones de pesos para obras. Además, con el endeudamiento de 81 millones de dólares, el 81% de las obras va para Ushuaia y el 19% para Río Grande. Este ‘diálogo político’ perjudica no al municipio de Río Grande, sino a los vecinos de la zona norte, y espero que en este tema puntual, tengamos la capacidad de entender cuál es la realidad económica y no generar más problemas”, planteó.
El concejal estimó que podría “triplicarse” el valor del impuesto para cada frentista, de acuerdo al revalúo que estaría analizando el gobierno. “No logro entender cuál es el objetivo de seguir viviendo del bolsillo de cada uno de los riograndenses. No tiene lógica y espero que la situación actual se pueda discutir. Hay que pensar en los vecinos, en la economía, y en no seguir perjudicándolos por la difícil situación que se vive”, pidió.
Cuestionó las “mezquindades políticas” detrás de estas acciones y dio cuenta de los esfuerzos del municipio, pese a las “críticas descarnadas de todo tipo se han hecho”. “Con fondos de los vecinos tuvimos que solucionar el problema del agua, mejoramos la recolección de residuos, el transporte de colectivos ofrece un servicio de calidad. Todos los problemas graves de fondo que teníamos se fueron resolviendo, y ahora tenemos un ambicioso plan de obra pública, que se sigue cumpliendo con el presupuesto municipal. Sumado a esto, hemos dado un aumento catalogado por el mismo sindicato como el mejor de toda la Argentina, cuando al empleado provincial le van a dar dos cuotas de tres mil pesos no remunerativos. La odiosa comparación hace que cualquier vecino vea el desastre provincial que tenemos en la administración de fondos públicos, y la lamentable gestión de La Cámpora que ha endeudado a las próximas generaciones”, fustigó.
“En la ciudad de Río Grande hemos logrado blindarnos en un montón de cuestiones y desde el Concejo hemos acompañado al intendente, desde signos políticos distintos. A medida que se acercan las elecciones y los que están haciendo las cosas mal se dan cuenta de que esto la gente lo ve, tratan permanentemente de generar conflictos en la ciudad para ver de qué manera explota. Tiene que primar la razonabilidad en algún momento y entender que, por encima de nosotros, están los vecinos y hay que solucionarle los problemas, no generar nuevos. Esta situación lo único que trae es mayor incertidumbre”, lamentó.
“Son modelos de gestión y si el resultado no funciona en la opinión pública, no hay que destruir a la ciudad que está haciendo bien las cosas, sino que se tiene que usar como ejemplo y replicarlo en los lugares donde vemos que las cosas no funcionan”, recomendó Rossi.
