El ministro de Gobierno José Luis Álvarez ratificó la vigencia de la ley que otorga la facultad de cobro del impuesto al gobierno, y aseguró que “no están en guerra con nadie”, confiando en un acuerdo “maduro” con los municipios. En breve el Ministerio de Economía haría una convocatoria para acordar la forma de cobro y la coparticipación que prevé la misma norma. Descartó que pueda tener eco un recurso de queja en la Corte Suprema, por antecedentes en los que ha definido que “no le corresponde intervenir en cuestiones de derecho público local” y recordó que la ley contempla un revalúo inmobiliario, abriendo la posibilidad de un aumento.
Río Grande.- El ministro de Gobierno José Luis Álvarez adelantó una convocatoria a los municipios de Ushuaia y Río Grande, para llegar a un acuerdo respecto del cobro del impuesto inmobiliario, y evitar una doble imposición, luego del rechazo del Superior Tribunal al recurso presentado por las municipalidades.
Puntualmente el 28 de mayo la corte fueguina resolvió el rechazo, si bien la noticia se conoció esta semana, y se mantuvo un hermetismo tanto de parte del gobierno como del Municipio de Ushuaia, que reconoció haber recibido la notificación hace más de tres semanas.
“No sé por qué salió recién a los medios ahora y esta es una situación que escapa a nosotros, que estamos trabajando con AREF, a partir de que conocimos el rechazo al recurso extraordinario federal presentado por los municipios, para ver el efecto de esta sentencia”, dijo el ministro.
“No me correspondía a mí dar a conocer esta situación y en todo caso la AREF debió emitir un comunicado o algo por el estilo. No existía ninguna situación que impidiera que se diera a conocer a la comunidad”, afirmó.
Judicialmente hablando, explicó que “se rechazaron los recursos extraordinarios federales de Ushuaia y Río Grande, y ha quedado firme la sentencia del Superior Tribunal de Justicia en el ámbito provincial. Por lo que estuvimos trabajando con la gente de AREF, nosotros deberíamos convocar a los municipios, como se hizo en diciembre de 2017, para acordar la implementación de la ley 1075.En esto está trabajando el Ministro de Economía y las áreas pertinentes”, sostuvo.
Desestimó que los municipios puedan tener eco en la Corte Suprema y, aun así, puede llevar años y no hay efecto suspensivo de esta sentencia: “No es una apelación sino un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, pero hay antecedentes de esta situación y la Corte Suprema ya ha dicho que no corresponde expedirse respecto del derecho público local. Nosotros entendemos que la ley está vigente y es la interpretación nuestra y de AREF”, enfatizó Álvarez.
“Esto implica que debemos aplicar la ley 1075, generar el consejo que fija los valores de los inmuebles, y el gran efecto es el reconocimiento de que el impuesto inmobiliario corresponde a la provincia”, subrayó.
Convenio mediante, barajó que “se puede delegar el cobro y la fiscalización a los municipios, pero el recurso corresponde a la provincia y es la primera gran definición del fallo”.
Recordó además que “la ley 1075 establece una coparticipación respecto de lo recaudado. En su momento se iba a hacer un revalúo de los inmuebles y, si se generaba una diferencia en más, se iba a coparticipar el 60% para los municipios y el 40% para la caja previsional. Los municipios no iban a ver mermados sus recursos porque el valor nominal lo iban a seguir percibiendo igual, y solamente se iba a generar una alícuota coparticipable sobre los remanentes. Con esto no se afectaban las cuentas municipales. La ley preveía que los municipios pudieran percibir el impuesto y luego coparticipar a la provincia el remanente. Esto está en el texto de la ley, pero los concejos deliberantes no adhirieron y nos vimos en la obligación de generar una acción declarativa de certeza para subsanar el escollo de la interpretación que hicieron los municipios”.
El ministro aseguró, ya con la sentencia ratificada en la mesa, que “el mismo fallo pide que se genere una concertación provincial entre el Ejecutivo y los municipios, y me parece que es lo más maduro que corresponde hacer: analizar la situación, ver los pro y los contra. El espíritu de la ley era generar recursos para la caja previsional, sin perjudicar a los municipios, y la intención del gobierno sigue siendo la misma: negociar, buscar que se compaginen los intereses provinciales y municipales, y atender a la previsibilidad del sistema previsional de Tierra del Fuego”, manifestó.
Consultado sobre el impacto político, además de económico, que esto puede traer en las relaciones sobre todo con el Municipio de Ushuaia, que venían muy aceitadas con el gobierno, el funcionario aseguró que “no estamos en guerra ni queremos generar un conflicto. Necesitamos tener la concertación y madurez suficiente para sentarnos a generar un acuerdo”.
Reiteró que el recurso de queja ante la Corte Suprema no modifica la situación porque “no suspende ni genera efectos suspensivos de la sentencia”, por cuanto “se va a convocar a los municipios para poder generar esa concertación”.
Respecto de si ya comenzará a cobrar la AREF el impuesto, dijo que “primero vamos a generar un canal de diálogo para cumplir el fallo. Necesitamos que los municipios entiendan que tenemos que sentarnos a hablar de este tema y resolverlo de modo responsable de ambas partes”, concluyó.
