El Municipio de Río Grande acompaña este martes la capacitación de la Policía Federal Argentina sobre trata de personas. La jornada está orientada a agentes y autoridades de las fuerzas de seguridad y se realizó en las instalaciones de la Casa de la Cultura.
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Nutridos grupos de personas se movilizaron ayer en Río Grande y Ushuaia, en el marco de una acción nacional, en busca de la media sanción faltante, para que finalmente, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sea Ley.
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El intendente Walter Vuoto junto al diputado nacional Matías Rodríguez, acompañado de la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Teresa Fernández, hizo entrega a la Asociación Civil Colegio del Sur del decreto de preadjudicación del predio de 22.600 metros cuadrados para uso recreativo y deportivo para la práctica del rugby y del hockey como de las otras actividades que surjan de la institución y que cumplan con la normativa vigente.
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El Gobierno de Tierra del Fuego, a través del Ministerio de Jefatura de Gabinete, organiza junto a la Escuela Superior para la Conducción y Alta Dirección de Estado Provincial (ESCADE) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la charla “Hacia una tercera revolución industrial”, a cargo de Jeremy Rifkin, asesor político y activista estadounidense, autor de “El fin del trabajo”.
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El secretario de Estado López manifestó que la participación de la Provincia en los temas relacionados a la Antártida “son de mucho agrado tratarlos y sobre todo tener decisiones a la hora de planificar las actividades logísticas para una campaña antártica”.
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El legislador del MPF aseguró que, por trascendidos de personas allegadas al organismo de control, podrían haberse sustituido fojas de los expedientes de las compras secretas de la Secretaría de Seguridad, mientras estuvieron en el Tribunal de Cuentas. Explicó que sus sospechas parten de la contradicción con el informe de los auditores, al que lograron acceder, donde se exponen “serias irregularidades”. Adelantó que, cuando acceda a la documentación, controlará el foliado para verificar que no exista una “adulteración de documento público”, recordando que configura un delito. Espera una resolución de la justicia civil a la demanda de acceso a la información que presentó con su par Mónica Urquiza y, de no ser satisfecha, recurrirá a los organismos internacionales de derechos
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