El legislador del MPF aseguró que, por trascendidos de personas allegadas al organismo de control, podrían haberse sustituido fojas de los expedientes de las compras secretas de la Secretaría de Seguridad, mientras estuvieron en el Tribunal de Cuentas. Explicó que sus sospechas parten de la contradicción con el informe de los auditores, al que lograron acceder, donde se exponen “serias irregularidades”. Adelantó que, cuando acceda a la documentación, controlará el foliado para verificar que no exista una “adulteración de documento público”, recordando que configura un delito. Espera una resolución de la justicia civil a la demanda de acceso a la información que presentó con su par Mónica Urquiza y, de no ser satisfecha, recurrirá a los organismos internacionales de derechos humanos.
Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas lanzó una seria acusación contra el Tribunal de Cuentas, al deslizar sospechas de adulteración de documento público, en los expedientes de compras secretas de la Secretaría de Seguridad, mientras estuvo a cargo Ezequiel Murray.
Por Radio Provincia, se lo consultó sobre la resolución de la jueza Cristina Barrionuevo, que decidió desestimar la denuncia penal del ex legislador Horacio Miranda, basándose precisamente en el informe final del Tribunal.
“Por las crónicas periodísticas nos hemos enterado de que la jueza ha rechazado el pedido de investigación formulado por el fiscal Massimi, que se ha acogido a los beneficios previsionales y ya no interviene más en la causa. Yo me veo impedido de hacer un análisis con cierto rigor jurídico porque no soy parte del proceso penal, y porque al día de la fecha como legislador provincial no he tenido posibilidad de acceder a la copia certificada de los expedientes de las compras secretas. Estos expedientes han sido ocultados a los legisladores que los hemos requerido y la causa penal corre por cuerda separada”, dijo.
“Soy una especie de testigo de oídas, estoy medio ciego y no es porque quiera, sino porque no me dejan ver las actuaciones para tener una opinión formada y cumplir con mi rol constitucional de legislador de control de gestión. Se obstaculiza una función básica del Poder Legislativo, que es controlar al Poder Ejecutivo. Al no poder acceder a esa información pública, tampoco puedo divulgarla, y se está cercenando que cualquier ciudadano pueda conocer qué pasó con esos expedientes, cuál fue la modalidad de contratación, con qué montos y qué objetivos, y si se hizo bien y era conveniente para los intereses de la provincia”, expresó.
“También hemos requerido a la Dirección Provincial de Energía información sobre la contratación directa por 12 millones de dólares, para la compra de la planta Sullair, y tampoco se nos ha dado esa información. Esto responde a la lógica de un gobierno que cercena el acceso a la información pública y los fueguinos no podemos ejercer el derecho a acceder a esa información”, cuestionó.
Recordó que “en el fuero civil se encuentra tramitando una acción sumarísima instada por mí y por la legisladora Urquiza, para poder acceder a esos expedientes; y lo mismo vamos a hacer con la información que se nos niega de Obras Públicas, de la DPE y del Ministerio de Salud”.
“Desconozco la decisión judicial, pero me generan algunas suspicacias algunas cuestiones, como la referencia de que la jueza toma la decisión en base al informe del Tribunal de Cuentas. En su momento el Tribunal nos remitió copia del informe de los auditores, que hablaban de serias irregularidades en la tramitación de esas compras. Ayer -por el lunes- presentamos una nota al Tribunal de Cuentas para que nos envíen los nuevos informes que supuestamente existirían, y que relevarían de irregularidades a estas compras”, dijo.
“Me cuesta entender que sea razonable una necesidad de realizar compras secretas para adquirir camionetas. Sinceramente si el Tribunal de Cuentas entiende ajustado a derecho que la compra de camionetas amerita la utilización de una herramienta extraordinaria, como es una compra secreta, van a dejar un antecedente jurídico único en el país. Mañana van a salir a hacer contrataciones secretas para comprar algún instrumento para el hospital de Ushuaia. No quiero caer en supuestos, pero lo que deja trascender me llama mucho la atención”, insistió.
Expedientes “arreglados”
Villegas aseguró que tiene “copia del informe de los auditores” que dan cuenta de irregularidades en el procedimiento, y dijo que “además uno habla con la gente, conoce gente, hay personas que envían mensajes y nos dicen que están ocultando los expedientes desde el primer día porque están sustituyendo distintas piezas instrumentales”, disparó, a la espera de poder “acceder a esos expedientes y corroborar si ha habido sustitución de fojas o de informes, o están refoliadas”.
“No me interesa poner el dedo en la llaga si un funcionario hizo algo mal, lo que me interesa es ver la información, porque se ha puesto en crisis el equilibrio del sistema republicano de la provincia. No nos podemos quedar callados ante esta forma de gobernar y yo voy a instar todos los mecanismos institucionales correspondientes. Si tengo que recurrir a los organismos internacionales de derechos humanos a denunciar esta modalidad de gobierno que va en contra de las obligaciones internacionales asumidas por Argentina, que no quepan dudas de que lo voy a hacer”, advirtió.
“Esperamos obtener una respuesta del poder judicial y, en caso de que no sea así, lo vamos a denunciar ante los organismos internacionales, porque tenemos el derecho de acceder a la información pública, que este gobierno nos está negando sistemáticamente. Como hombre del derecho y como hombre de la política, no puedo quedarme callado”, subrayó.
Demasiada espera
La demora en el giro de los expedientes, que no sólo fueron solicitados por los legisladores del MPF sino también por el radical Pablo Blanco, como presidente de la comisión de presupuesto, alienta la sospecha: “Este tema surgió a fines de octubre del año pasado y, si no hay nada que ocultar, si no hay ninguna foja para sustituir ni nada para arreglar, no veo por qué no pusieron a disposición los expedientes administrativos desde el primer momento. A uno le genera dudas, y por eso voy a utilizar todos los mecanismos para hacerme de esos expedientes. Cuando los tenga, ahí voy a poder valorar de mejor manera los informes del Tribunal y la decisión que ha tomado la jueza”, dijo.
“En caso de que exista una irregularidad o una adulteración de un instrumento público, como es un expediente, lo pondré en conocimiento de las autoridades judiciales porque estamos ante la posible comisión de un delito”, enfatizó.
“Nada de eso hemos podido hacer porque al día de la fecha nos han denegado sistemáticamente la entrega de estos expedientes y de esta información pública, como sucede también con la Dirección Provincial de Energía por la compra de la planta Sullair y con el Ministerio de Obras Públicas”, aseveró.
De haber alguna irregularidad en el proceso de control, también debería revisarse el fallo de la jueza Barrionuevo, que se basó en los informes del organismo. “Hay que leer los fundamentos del fallo y todavía no los tengo, tampoco tengo los expedientes y no puedo dar por cierto todo esto. Por eso presentamos nota al Tribunal de Cuentas, en función de las noticias periodísticas que hablan de que la jueza Barrionuevo habría basado su fallo en el informe del Tribunal de Cuentas, donde se habrían justificado irregularidades en el sistema de contratación. Para la jueza no constituye delito, cuando nosotros tenemos informes que indican todo lo contrario”, insistió.
“En el medio ha pasado algo. Qué pasó, uno no lo sabe, pero por información extraoficial, nos dicen que han cambiado algunas fojas del expediente, lo que podría configurar un delito de adulteración de documento público. Hasta ahora son trascendidos y lo lamentable en términos institucionales es que hablemos de trascendidos y que un legislador de la provincia no pueda acceder a la información pública correspondiente para poder poner blanco sobre negro”, expuso.
“Yo lo tomo como una situación de gravedad institucional y no es algo aislado sino recurrente, porque no es solamente en un área, sino que en todas las áreas de gobierno se nos niega sistemáticamente el acceso a la información pública. En la DPE van a hacer una compra de 12 millones de dólares en cuatro turbinas usadas que no sabemos cómo están y nosotros tenemos la información cierta de que, a posteriori de la sanción de la ley, la DPE no tenía el informe económico-financiero que ameritaba ese precio de 12 millones de dólares. Es otro tema más para ver cómo está actuando el Tribunal de Cuentas”, expresó.
Ratificó que “sacaron una ley que habilita la contratación directa por 12 millones de dólares, sin un informe económico financiero elaborado por el personal idóneo de la DPE. Ese precio surge del requerimiento que hace el vendedor, y es sinceramente descabellado. Nosotros tenemos la información de que el informe económico-financiero no estaba al momento de la sanción de la ley, y tampoco a posteriori”, sostuvo.
Esto “lo hemos requerido por nota, para ver qué es lo que se va a hacer, porque son 350 millones de pesos de recursos públicos que se habilitaron para una contratación directa. No es un solo expediente administrativo, sino que es una modalidad de gestión. Hay una obstaculización constante a la labor de control que podamos hacer y tenemos el deber de hacerlo, principalmente los legisladores de la oposición”, concluyó.
