La legisladora Marcela Gómez indicó que la adhesión a las reformas a la ley de responsabilidad fiscal y buenas prácticas era una obligación asumida en el pacto fiscal. Se aprobó el viernes en sesión especial, con los votos del oficialismo y de los radicales de Cambiemos, y la oposición del MPF. Admitió que incorpora nuevos parámetros al momento de elaborar el presupuesto, entre ellos el congelamiento de todo tipo de vacantes. En un escenario distinto de la firma del pacto, no descartó que haya una rediscusión, por el impacto que ha tenido en varias provincias. Además, destacó la creación por ley del organismo revisor de salud mental, que permitirá a pacientes y familiares contar con una instancia para recurrir en caso de no acordar con los tratamientos o medicación suministrados.
Río Grande.- La legisladora del FPV Marcela Gómez dio detalles por Radio Provincia sobre la adhesión a las reformas de la ley de responsabilidad fiscal y buenas prácticas, aprobada en sesión especial este viernes: “Tuvimos los 11 votos a favor del bloque oficialista y los tres legisladores radicales de Cambiemos, y el bloque del MPF no acompañó”, dijo.
Recordó que “al momento de ratificar el pacto fiscal que firmaron las provincias, había un compromiso de adherir a las modificaciones que se hicieran a la ley de responsabilidad fiscal y buenas prácticas y aprobarlo antes del 30 de junio. Coincidió justo con la fecha y lo cierto es que se pudo aprobar”.
“Estas modificaciones han hecho una actualización en los parámetros para la elaboración del presupuesto, las proyecciones, el cálculo del aumento del gasto público. Esas variables se empiezan a actualizar y esas serían en parte las modificaciones que están dando”, dijo, remarcando que entre los compromisos está “mantener las plantas ocupadas en el caso del empleo público e invitar a los municipios a que adhieran”.
El bloque del MPF no votó esta adhesión, como tampoco lo hizo al momento de la ratificación del pacto fiscal, entendiendo que fue el inicio del gran ajuste en las provincias. Esta modificación sería una profundización de ese ajuste, que impacta en la calidad de la prestación de servicios, al cerrar la posibilidad de incorporar personal en las áreas de salud y seguridad, entre otras.
“La situación del país ha variado notablemente y seguramente se tendrá que seguir trabajando, pero con esto había que cumplir porque era un compromiso asumido en el paco fiscal”, reiteró Gómez, y admitió la dependencia de la provincia de las políticas de nación, por la que deben acatar estas pautas.
“Si bien nosotros empezamos a trabajar para tener un cambio en la matriz productiva y no ser tan dependientes de nación, hoy dependemos, como muchas de las provincias del país, para el financiamiento, las garantías que se necesitan, y uno tiene que ser responsable”, dijo.
No descartó una revisión de estas pautas, pero ya no por iniciativa propia del gobierno fueguino sino de varios gobernadores que han visto un impacto negativo. “En su momento la única provincia que no firmó el pacto fue San Luis. El gobierno nacional propone encauzar el gasto público y tener sostenibilidad para seguir apuntando a las obras y avanzar en inversiones. Por eso se pide razonabilidad en el gasto, no aumentar las vacantes, pero eso no impide que se puedan volver a sentar, porque hay manifestaciones públicas de otros gobernadores que están cuestionando el pacto fiscal. Esto se pude rever en el marco del diálogo pero, mientras tanto, nosotros tenemos que ser responsables ante ese pacto y el compromiso asumido”, sentenció.
Salud mental
Con respecto al organismo de revisión tanto de los tratamientos como de la medicación que se suministra a los pacientes de salud mental, la legisladora explicó que se trata de “un órgano de revisión de salud mental”, que fue creado “en el marco de la ley de salud mental a la que adhirió la provincia, que es la 26.657. Si bien está en plena vigencia, a partir de la sanción de la ley nacional se instaba a que cada provincia pudiera tener su órgano de revisión de salud mental provincial, para dar garantía y monitorear cómo se dan los tratamientos a las personas que tienen algún problema de salud mental”.
“Somos la sexta o séptima provincia en tener este organismo de revisión, justamente para dar garantías a los pacientes de salud mental, de que tengan un lugar adonde ir para pedir la revisión del tratamiento, y recurrir para pedir algún tipo de revisión. Ahora el Ejecutivo va a arbitrar los medios para conformarlo, a través de una secretaría ejecutiva que va a ejercer la presidencia, va a estar integrado por un miembro de la secretaría de derechos humanos del ejecutivo. Es un órgano que va a estar conformado por varios miembros y va a dictar su propio estatuto. Va a tener la participación también de un miembro que designe el Ministerio de Salud, de un defensor que designe el Ministerio Público, y asociaciones que trabajen en el tema de salud mental, también miembros de los profesionales médicos”, detalló.
“En caso de llegar a un empate al momento de tomar una decisión, el que va a tener doble voto va a ser el representante del Ministerio Público”, indicó, marcando una diferencia con la práctica habitual en la que desempata el presidente.
Recordó que “la ley nacional prevé un tratamiento ambulatorio y como última instancia se dejan las internaciones, que son los temas más cuestionados. Si una persona tiene un problema, le dan un tratamiento y cree que no es el más correcto, puede acudir a este órgano revisor para que se revea ese tratamiento. Tanto la ley nacional como la adhesión provincial, plantea que haya una mirada interdisciplinaria en caso de una internación también, y seguramente sobre estos casos es donde más va a trabajar el órgano de revisión”, adelantó.
“Tanto para los tratamientos como para los medicamentos que se prescriben, siempre se prevé un abordaje multidisciplinario e integral. Si un familiar también detecta que el tratamiento no es el adecuado puede recurrir a este órgano”, apuntó, siendo una herramienta no solamente para el paciente sino para la familia.
Más estadísticas
Finalmente dio cuenta de avances en materia de estadísticas sobre las distintas patologías de salud mental. “Ahora se ha comenzado a trabajar para tener más datos. Esta ley también trabaja en prevención de adicciones. A través de un decreto que había sacado la gobernadora en el año 2016 ya se creó una comisión interministerial para trabajar en temas de adicciones, suicidios y demás. A partir de esta ley se le da un rango provincial a esta comisión, que tendrá la participación de un representante de la Legislatura, otro del Poder Judicial y se agregan otras áreas. Se pueden medir índices y tener parámetros para medir, además de la promoción de la salud, la capacitación y diversas actividades para informar a la población”, dijo.
En este caso la comisión tendrá “una tarea de prevención. Ya se está reuniendo y trabaja con los centros locales. Se ha visto un gran avance, se comenzaron a tener estadísticas que antes no se tenían, como por ejemplo de suicidios, y se puede hacer una comparación con el resto del país. Al principio parecían alarmantes pero, por lo que ha comentado el Dr. Jorge Rossetto -secretario provincial de salud mental-, este año ha descendido respecto de los números que manejábamos antes. Se nota el trabajo y cómo se va a avanzando, aunque falta mucho, faltan recursos, pero estamos avanzando”, concluyó.
