El abogado riograndense sostuvo que “de ninguna manera se puede reputar el delito de estafa” por cobrar honorarios de asesoramiento en el caso de la reparación histórica. Fue tras las acusaciones del gerente de la UDAI Fermín Randón hacia los letrados que no respetan los parámetros de ANSES. Lapadula disparó que “la estafa es la reparación histórica” y afirmó que, en caso de asesorar a algún jubilado, sería para que no realice este trámite. Defendió el derecho de un jubilado a contratar a su abogado de confianza, aunque deba pagarle, y le recordó a Randón que la abogacía “es una profesión liberal, y los honorarios se fijan como cualquier otro servicio que se presta en forma liberal”.
Río Grande.- El Dr. Fernando Lapadula adelantó por FM La Isla un pedido al Colegio de Abogados de la localidad para que siente postura, ante la acusación de “estafa” lanzada por el gerente de la UDAI Fermín Randón contra los abogados que cobran por asesorar a los jubilados que tramitan la reparación histórica.
“Yo escuché las declaraciones de Fermín Randón, a quien conozco y aprecio, y no me gustaron por la manera en que se expresó sobre este tema de los abogados”, sostuvo. Si bien “luego pidió disculpas, sigo creyendo que está equivocado en algunos conceptos. La relación profesional entre abogado y cliente es una relación personal donde el letrado propone los honorarios y el cliente acepta. En este caso, ANSES estableció por ley que va a pagar equis cantidad de dinero en concepto de honorarios y está en el letrado aceptar o no; pero también está en el cliente hacerlo con su abogado de confianza. Si su abogado de confianza le dice que por 1.600 pesos no hace el trámite y sus honorarios son 5.000 pesos, también está en la libertad del cliente aceptar los honorarios que pacte con el abogado que quiere elegir”, planteó.
“De ninguna manera eso se puede reputar como una estafa o un abuso de parte del letrado -subrayó-. Randón dice que un abogado no puede cobrar más de lo que dice ANSES, y no es así. Si el abogado se pone de acuerdo con su cliente, va a cobrar lo que cree que son sus honorarios por el trabajo realizado”, aseveró.
“Yo no soy previsionalista, hay gente que hace derecho previsional pero no me atrevo a llamarlos previsionalistas, porque es imposible vivir en Tierra del Fuego exclusivamente de derecho previsional, como ocurre en otras ciudades del país. Sin embargo, por lo que estudié del tema, si me piden asesoramiento, yo recomiendo no firmar ese acuerdo. Para mí, si hay una estafa, es la mal llamada ley de reparación histórica”, disparó.
“La gran mayoría de los especialistas previsionales del país concuerdan en que esto ha devenido en una estafa, porque de reparación no tuvo nada y son contados los casos en que realmente hubo algún aumento de lo que se percibía como jubilación. Cada caso concreto es un análisis, y me parece más estafa esta propuesta de hacerles firmar esto a los abogados por 1.600 pesos, fustigó Lapadula.
Aseguró que “hay casos donde la reparación ha sido menor que los honorarios de los abogados. Hay casos de 12 pesos por mes y en general lo que obtiene el jubilado de beneficio en un año, con suerte es equivalente a los honorarios que le reconocen al abogado”, sostuvo.
Tampoco considera que la tarea del abogado en este caso sea poner simplemente una firma porque “es una irresponsabilidad tomar algo sin hacer el análisis particular de cada caso. La ley plantea un acuerdo para los juicios que están en trámite e invita a los demás a no iniciar acciones, acordar con ANSES y presentarse a homologar el acuerdo. Por eso merece un análisis cada situación particular para saber si es beneficioso o no”, dijo.
“A mi estudio han llegado a consultar cuatro personas y los derivé a otros colegas, porque no hago ese trámite, e inclusive otros colegas que hacen el trámite me han manifestado que no lo hacen por los honorarios que les propone ANSES. No hay muchos casos y, de los que se presentaron, un 15 ó 20% tuvieron un acuerdo que puede ser conveniente”, sostuvo.
El “compromiso” de Randón
También replicó a Randón por reprochar a los abogados la falta de compromiso social, sobre todo a los que se formaron en universidades públicas, que deberían hacer una especie de devolución a la sociedad.“Es cierto que hay un compromiso social del abogado, que es una de las tres patas que constituye el sistema de justicia, pero si me preguntan en este caso sobre el deber como abogado de colaborar con la justicia, yo precisamente asesoro no firmar la reparación histórica -insistió-. Para mí deben seguir con el juicio, y hay una gran mayoría de letrados que piensan que esto es perjudicial. Entonces yo no puedo recomendar firmar porque gano fácil 1.600 pesos”.
“Algún letrado me podrá decir que este es un acuerdo favorable para el jubilado, pero en mi apreciación no lo es. También hay que analizar caso por caso, porque un juicio puede durar ocho años y el jubilado puede no llegar a ver la sentencia; pero cuando hay sentencia favorable, las acreencias que tenía la persona, si fallece, pasan a ser parte del acervo sucesorio y sus herederos pueden continuar con el cobro de lo que se le ha reconocido”, observó.
Finalmente adelantó que planteará este tema “para que el Colegio de Abogados se manifieste y tome posición en este asunto. No es un tema nuevo. Hace cuatro años yo era vicepresidente del Colegio de Abogados y me tocó asistir a una reunión de la FACA -federación argentina de colegios de abogados-, de la que es representante hoy el Dr. Francisco Giménez. Este tema se había planteado con otra situación de ANSES, que era poner abogados del organismo y hacer una campaña para que la gente no vaya a ver abogados, porque el ANSES ponía los propios. La FACA emitió una resolución donde rechazaba esto, porque no puede asesorar a un jubilado un abogado que es dependiente de una de las partes interesadas”, fundamentó.
“Con este tema de la reparación histórica, entiendo que los honorarios de 1.600 pesos no están en la ley, sino que están regulados por resolución. No es que la ley fija el monto, sino que establece el marco de la reparación histórica y, por resolución, se fijaron los honorarios. Nosotros tenemos una ley de honorarios, por lo cual una resolución no puede modificarla y obligarme a cobrar determinado monto por un trámite. Estamos hablando de una profesión liberal, y los honorarios se fijan como cualquier otro servicio que se presta en forma liberal”, concluyó.
