Los ministros de Economía de las provincias se reunieron en la Casa de Entre Ríos, más equipos técnicos de las bancadas de senadores y diputados peronistas comenzaron a discutir la posibilidad de tener posiciones conjuntas para discutir con el Gobierno nacional el Presupuesto 2019. Las provincias del PJ piden que no se financien los servicios de los porteños y los bonaerenses. Además, la intención es la de abroquelar el pedido de traspaso de las empresas públicas y el transporte que operan en el Amba pero que cuentan con subsidios nacionales.
Río Grande.- Reunidos en la casa de Entre Ríos, los ministros Hugo Ballay (Entre Ríos), Jorge Quintero (La Rioja), Cristian Ocampo (Chaco), Emiliano Estrada (Salta), José Labroca (Tierra del Fuego), Osvaldo Giordano (Córdoba), Jorge Ibáñez (Formosa), Roberto Gattoni (San Juan), Sebastián Veliz (Catamarca), Ernesto Franco (La Pampa) y el socialista Gonzalo Saglione (Santa Fe); junto al jefe de gabinete de Salta, Fernando Yarade y equipos técnicos del bloque Argentina Federal de senadores y diputados discutieron ayer los números de cada distrito y cómo los afectaría el recorte planteado en el acuerdo con el FMI y adelantado por varios ministros nacionales.
El primer consenso entre los gobernadores peronistas es que todos los servicios que se mantienen con aportes nacionales y que atienden a bonaerenses y porteños deben pasar a manos de esas jurisdicciones, teniendo en cuenta que la propuesta abarca no sólo energía, agua y justicia de la Ciudad de Buenos Aires sino prefectura y hospitales.
El impacto sobre el presupuesto nacional es de entre $100.000 millones y $120.000 millones.
El tema fue uno de los ejes de la reunión de ministros de Economía de provincias peronistas (también se sumó el de la administración socialista de Santa Fe) y equipos técnicos del PJ Federal en el Congreso.
Respecto de la continuidad de bajas de impuestos incluidas en el pacto fiscal firmado a fines del año pasado, el ministro cordobés Osvaldo Giordano dijo que hubo acuerdo en que debería revisarse en función de las nuevas condiciones macroeconómicas pero admitió que no se avanzó en detalles.
Distintos ministros provinciales coincidieron en que las provincias entienden que el punto de partida para empezar a discutir el reparto de los costos del ajuste con la Nación es que dejen de usarse recursos federales para atender a Buenos Aires y CABA.
El objetivo de los gobernadores es “no renunciar fundamentalmente a todo lo que afecte lo social» es decir «fondos específicos en desarrollo, salud y en educación como puede ser el Fondo de Incentivo Docente”, planteó el ministro de Economía de Entre Ríos Hugo Ballay ante “versiones que indican que pueden ser reducidas estas transferencias corrientes”.
Además el anfitrión del encuentro aseguró en declaraciones a la prensa que “queremos defender a las provincias apuntando a la equidad y rescatar sobre todo a aquellas que estamos trabajando mucho para lograr el equilibrio fiscal”.
“No queremos renunciar a todo lo que afecte lo social de estas transferencias corrientes, ya que hay versiones de que pueden ser reducidas. No queremos que afecten fondos específicos en las carteras de Desarrollo, Educación y Salud como pueden ser del fondo de incentivo docente”, manifestó el funcionario.
Asimismo, explicó que “también estamos analizando el consenso fiscal, ya con seis meses de ejecución, la idea es poder poner sobre la mesa los esfuerzos que estamos haciendo las provincias en la reducción de los tributos provinciales y medir el avance de estos”.
“Esto es lo que empezamos a trabajar hoy”, detalló y aclaró que se viene trabajando con “muy poca información aún respecto a lo que seguramente será el proyecto de presupuesto 2019”, que incluirá “todos los elementos ligados también al documento final que se firme con el FMI, del cual todavía no tenemos conocimiento”.
Sobre el acuerdo fiscal, los ministros entienden que lo mejor es no suspenderlo todo, sino hacer más graduales algunos aspectos como la baja y eliminación del impuesto de Sellos y la reducción de Ingresos Brutos al sector financiero.
Sobre la obra pública, una posibilidad que se barajó es que la Nación termine los trabajos comenzados y que, los planteados pero no iniciados, sean «conversados» para revisar cómo podrían financiarse.
El próximo paso es, además de que los gobernadores se interioricen de lo analizado en el encuentro de ayer, esperar que la Rosada convoque a los mandatarios.
“No se puede seguir avanzando hasta no saber qué es lo que tiene delineado la Nación”, afirmó un responsable de Hacienda del litoral.
