El legislador del MPF Pablo Villegas puso el acento en dos ejes que se desprenden del acceso a los expedientes de las compras secretas: por un lado los materiales adquiridos, “la mayoría” de los cuales no debían encuadrarse en ese carácter, aseguró, abriendo la posibilidad de un perjuicio fiscal al no haber existido compulsa de precios. El segundo punto se enfoca en la actuación del Tribunal de Cuentas, dado que “corroboró un refoliado” de los expedientes, con agregado de documentación durante la etapa de control posterior.
Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas se refirió a la reunión reservada de la comisión de seguridad, donde finalmente logró acceder a los expedientes de las compras secretas, y dio por comprobadas las irregularidades que venían denunciando: por un lado, el error de encuadre en compras secretas de “la mayoría” del equipamiento, que podría causar perjuicio fiscal al no existir compulsa de precios. Por otro lado, verificó el “refoliado” de expedientes, sin el acta correspondiente que justifique la maniobra.
En diálogo con FM Aire Libre, Villegas expresó que “de una vez por todas nos pudimos hacer de copias de estos cuatro expedientes, por los cuales tramitaron estas contrataciones secretas por aproximadamente 24 millones de pesos. Estamos muy satisfechos, más allá de que no se dejara que interviniera personal del cuerpo de taquígrafas ni la escribana general para que se deje constancia de todo lo que se habló en el ámbito de esta comisión reservada”, evaluó.
“Lo tomamos como un verdadero resultado positivo, después de un trabajo de más de ocho meses, que nunca debió tener esta demora, por cuanto todos los funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas y a poner a disposición las actuaciones administrativas de manera inmediata, oportuna y adecuada, como dice la ley de acceso a la información pública”, sostuvo.
“En este caso no sucedió y ahora nos va a provocar la necesidad de hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los expedientes, sacar las conclusiones y tomar las decisiones que tengamos que tomar. La reunión en sí tiene como positivo que quedó muy claro que, por encima de la Constitución, no hay ningún funcionario. Todos los funcionarios, seamos del Poder Legislativo, del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, tenemos la obligación de rendir cuentas y de que exista un sistema de control efectivo y útil entre los distintos poderes del Estado. Se demoró, insistimos, pusieron muchas piedras en el camino, pero lo hemos logrado realizar y nos hemos podido hacer de esos expedientes”, celebró el parlamentario.
Las irregularidades
Respecto de las sospechas que pudo comprobar ayer, precisó que “salvo dos casos puntuales de cuestiones que tienen que ver con la adquisición de cierta tecnología para la prevención y la represión del delito, todas las demás contrataciones no ameritan ni encuentran legitimidad en que hayan sido contrataciones secretas”.
“Ante una pregunta puntual que se le efectuó al Jefe de Policía, que ya tiene ocho años a cargo de la Jefatura, respecto de si determinadas compras durante esos ocho años se hicieron siempre en forma secreta, me contestó que no. Es importante lo que ha sucedido, no solamente porque logramos este resultado con la legisladora Urquiza, con quien instamos una acción judicial para podernos hacer de esta información, sino para los fueguinos en general. El acceso a la información pública es un derecho reconocido por la Constitución y tiene como base la libertad de conocer cierta información. Ahora podemos conocer qué se compró y hasta ahora hubo una lectura muy rápida de los expedientes y muchas preguntas de por qué no han existido más oferentes en cada una de las compras que se efectuaron, y quiénes fueron los funcionarios que tomaron contacto con los distintos oferentes”, indicó.
Observó que “la particularidad de estas contrataciones es que, aparte de haber sido declaradas secretas sin necesidad en la mayoría de los casos, tampoco respetaron el mecanismo de contratación directa, que exige tener tres oferentes y poder comparar distintas ofertas. Para cada caso en particular se buscó un solo oferente, y eso ha limitado de manera sustancial determinar si fue la mejor oferta en las mejores condiciones económicas”.
Con este encuadre erróneo, a su criterio no puede negarse que haya existido perjuicio fiscal, como sostuvo el Tribunal de Cuentas. “Si no se hace una investigación seria, es difícil determinar si hay perjuicio fiscal o no. Este es un punto de inflexión, por el reconocimiento de que todos los funcionarios estamos obligados a rendir cuentas, y también es un punto de inflexión para hacer un análisis exhaustivo de los expedientes, aunque en forma extemporánea, porque a nosotros no hubiera gustado verlos los primeros días de noviembre del año pasado, cuando los pedimos”, dijo.
Consultado acerca de si constituye un delito o es una irregularidad administrativa no haber respetado la compulsa de precios, confirmó que “por cierto es una irregularidad administrativa, y tenemos el informe del Tribunal de Cuentas que así lo dice. Si es o no delito, habría que estudiarlo exhaustivamente. Yo no hago política con el código penal bajo el brazo, pero quiero analizar este caso particular y, si amerita efectuar una actuación judicial de carácter penal, la voy a hacer sin lugar a dudas”, advirtió.
Si bien tenía sospechas, señaló que “yo no podía hacer una denuncia a tontas y a ciegas, sin tener la actuación administrativa y sin poder hacer una lectura seria de todas las constancias que existen en los expedientes”.
En cuanto al rol del ex secretario Ezequiel Murray en estas compras, y si podría terminar denunciado, dijo que “lo vamos a evaluar. No puedo decirlo sinceramente ahora porque sería actuar con ligereza”.
Además, refoliado
Villegas también dio cuenta de la verificación de las sospechas que lanzó días atrás sobre la posible adulteración de los expedientes mientras estuvieron en el Tribunal de Cuentas. “Yo tenía el trascendido porque nunca me había hecho de una copia certificada de los expedientes. Ahora quedó en claro de manera contundente que, lo que dije en esa oportunidad, se vio corroborado. Hay tres expedientes que están refoliados, sin que existan constancias en el acta debida donde diga por qué se refoliaron, y cuál fue la necesidad de incorporar documentación que antes no estaba”, afirmó.
“Algunos dijeron que era poco serio lo que yo manifesté por trascendidos, pero no podía decirlo de manera cierta porque nunca me habían dado la oportunidad de tener los expedientes. Yo no iba a revelar la fuente, pero sé lo que dije”, enfatizó.
Respecto de si cree que el ex vocal del Tribunal de Cuentas Diego Pascuas se alejó por esta situación, donde se plantea la posibilidad de una adulteración de expedientes, “sinceramente no lo sé y no lo puedo aseverar -respondió-. Hay cuestiones que llaman la atención, porque durante todos estos meses renunciaron dos vocales del Tribunal de Cuentas, y los dos fueron designados por la gobernadora Bertone; además lo hicieron renunciar al Secretario de Seguridad Murray, junto con otros funcionarios que estaban en el área de Seguridad y ya no trabajan más. Eso es muy subjetivo y cada uno hará su lectura política, pero hay una relación circunstancial entre estas actuaciones y esas renuncias. Después, si tienen que ver o no, es opinión de cada uno”.
El legislador no prevé citar al ex vocal Diego Pascuas para que explique esta situación: “Sinceramente no me interesa y creo que no aporta a la cuestión de fondo. Si él renunció por la tramitación de estos expedientes, tendrá que dar las explicaciones del caso donde corresponda. A mí personalmente como legislador me interesaban dos cuestiones, la más importante era dejar en claro que la Constitución está por encima de cualquier funcionario, porque me han salido a descalificar de todas las maneras posibles. Me han dicho que me quería atentar contra las políticas de seguridad en contra del narcotráfico, me han tratado de imprudente, de demagogo. Hoy hemos logrado acceder a la información pese a los palos en la rueda, por la convicción de hacerlo y por haber instado medidas judiciales. No debió haber sido así, pero se dio de este modo. Después de este punto de inflexión, seguramente cuando vayan a hacer una contratación secreta la van a pensar dos veces, porque acá todos tenemos que rendir cuentas ante los distintos órganos de contralor que prevé la Constitución de la provincia”, sentenció.
Las amenazas previas
Por Radio Provincia, y antes del inicio de la reunión, el legislador Villegas había sido consultado sobre los rumores de amenazas hacia su persona y familiares, vinculados con este pedido de acceso a la información. “Yo no tengo ningún tipo de miedo y estaríamos complicados como sociedad si un legislador, por cumplir su función en un marco natural de control de gestión, tuviera miedo de llevar a cabo ese acto. Tengo allegados de mi propia familia que en algún momento se han visto muy preocupados frente a algunas cuestiones que prefiero no ventilar, y que tienen que ver con toda esta cuestión que empezó en octubre del mes pasado”, ratificó.
“Prefiero reservarme al respecto, y personalmente no me van a correr por izquierda, no me van a correr de mis convicciones y de lo que pienso, y voy a llevar a cabo mi función de la forma más digna”, dijo.
Si bien se insistió con la pregunta, en particular sobre alguna persecución de la que habrían sido objetos sus familiares, mantuvo su cautela: “Me reservo opinión, es un tema muy particular mío, lo he debatido en un seno muy íntimo y prefiero sinceramente no ventilar algunas cuestiones. Yo circunstancialmente estoy cumpliendo una función legislativa y tengo derecho a ejercer mi rol de manera tranquila, pero sé cuáles son las reglas de juego. No hice ninguna denuncia de esto, porque no me gusta hacer política con el código penal abajo del brazo, pero una vez que vea los expedientes veremos cómo vamos a accionar, más allá de que pasaron ocho meses y por ahí los han disfrazado, pero no se pueden disfrazar algunas cosas”, concluyó.
