La legisladora Mónica Urquiza aportó nuevos elementos sobre los expedientes de las compras secretas de la Secretaría de Seguridad, y adelantó que junto con su par Pablo Villegas continuarán profundizando el análisis para luego hacer públicas sus conclusiones. Aseguró que todos los expedientes fueron observados por distintas irregularidades, tres de los cuatro están refoliados y no hay explicación sobre las páginas retiradas y reemplazadas. En dos de los expedientes los auditores fiscales no consideran que los elementos adquiridos encuadren en compras secretas; y «en ningún caso» se respetó la compulsa de precios que exige toda compra directa, incluidas las de carácter secreto. Además, marcó contradicciones entre el informe del Tribunal de Cuentas y la posición de los auditores, expresando su preocupación porque «se están abriendo puertas que pueden llevar a que uno diga que a estas personas las perdonaron de alguna forma», dijo.
Río Grande.- La legisladora Mónica Urquiza (MPF) sumó nuevos datos a los aportados ayer por el legislador Pablo Villegas luego de la reunión reservada de la comisión de seguridad realizada el martes, en la que los legisladores pudieron acceder a los expedientes de las compras secretas del ex secretario Ezequiel Murray.
«Este tema de las compras secretas surge el año pasado, en ocasión del análisis del presupuesto 2018, cuando se presenta la Secretaría de Seguridad y vimos que había diferencias entre los saldos de crédito original, el ejecutado y el devengado. Ante esto, los mismos responsables de la Secretaría de Seguridad no supieron responder y hablaron de gastos reservados. En ese momento dijeron que con estos gastos reservados iban a construir la comisaría en Puente Justicia, que es una obra pública. Dijeron que habían comprado vehículos con 30 millones que habían venido de un ATN de Nación. Todo esto llevó a que presentáramos los requerimientos correspondientes. Con el legislador Villegas presentamos notas al Tribunal de Cuentas, porque nos plantearon en principio que esos expedientes eran alrededor de 17 millones y después terminaron siendo 24 millones de pesos. Habían sido aprobados por el Tribunal de Cuentas según lo que manifestó el propio Murray -entonces Secretario de Seguridad-, pero no era tan así», repasó.
«En su momento nos respondió el Tribunal de Cuentas y nos explicó el sistema de contrataciones secretas, contemplado en la ley de contrataciones, en su artículo 18 inciso H; pero dijo que esto no significa que el trámite de la compra no deba seguir los mismos pasos que cualquier otra contratación directa. La compra secreta está eximida de la publicidad y esto lo dice bien claro en todos los dictámenes el Tribunal de Cuentas, pero no de la compulsa de precios», subrayó.
«Fueron observados todos los expedientes -sentenció-. Son cuatro en total y uno solo está aprobado sin observaciones. Los otros tres han sido refoliados, e incluso en dos de ellos los auditores fiscales afirman que los elementos adquiridos son de uso normal y habitual de la fuerza y no deberían estar considerados como una compra secreta», afirmó.
«Por ejemplo hay camionetas, que tienen determinados elementos que se compran aparte, y se podrían haber comprado como corresponde, por una licitación pública o privada, de acuerdo al monto total de lo que vale cada camioneta; y adquirir los elementos para estos patrulleros inteligentes por una compra secreta», explicó.
«Aparentemente esto fue justificado, pero el auditor fiscal lo consideró insuficiente. Hay otro expediente con una compra de casi 14 millones de pesos donde el auditor fiscal sostiene lo mismo. De alguna manera trataron de justificarlo pero se han omitido cuestiones de la contratación, como no emitir una orden de compra, cuando la orden de compra es el contrato entre la administración y el proveedor. Hay montón de puntos que no se han garantizado, que han sido observados, y esas observaciones tampoco fueron levantadas por los auditores fiscales», remarcó la legisladora, si bien la resolución de los vocales del Tribunal de Cuentas no verificó perjuicio fiscal.
«Se emitió una resolución por parte de los tribunos donde incluso le aplican multas al ex secretario de Seguridad Murray, o sea no es que está todo aprobado y en perfectas condiciones», dijo.
Aclaró que «la situación judicial es totalmente distinta. Con el legislador Villegas nosotros no hicimos ninguna denuncia penal, que la ha hecho otro ciudadano. Nosotros lo que hicimos fue dar los pasos que correspondían de la ley 653 de acceso a la información, que nos habilita a hacer un requerimiento en la justicia. Este jueves -por hoy-, en las dos primeras horas se le vencía el plazo al Ejecutivo e iban a tener que presentar los expedientes que ellos decían que son secretos y no iban a poder presentar; por eso los presentaron el martes en una reunión de comisión y nos entregaron las copias», aseveró.
Con la lupa en la adulteración
Urquiza se centró en el «análisis en detalle» de los expedientes y en particular «los que fuero refoliados, porque en ningún lugar consta el porqué de este refolio, ni qué han sacado o agregado», advirtiendo que una eventual adulteración de documento público configura delito.
En estas irregularidades se apoyó para entender el retaceo de la información durante tantos meses. «En un principio la legisladora Carrasco no iba a hacer entrega de la copia de los expedientes y nosotros teníamos en trámite la acción judicial, por lo que iba a tener que presentar sí o sí los expedientes. Por eso lo hicieron el martes. Vamos a analizar cada uno de ellos porque hemos observados estas cosas pero hay que hacer un análisis más profundo en el que ya empezamos a trabajar», garantizó.
Respecto de la denuncia penal que radicó Horacio Miranda, dijo que la jueza «resolvió en base al informe del Tribunal de Cuentas y desestimó el requerimiento que había realizado el fiscal Guillermo Massimi» antes de pasar al sector pasivo, pero «no se hizo un análisis de los expedientes».
«Al tener la copia de los expedientes nosotros vamos a hacer todo el análisis y, en caso de que corresponda una denuncia, por supuesto la vamos a hacer. A mí me ha tocado ser responsable del área de compras y contrataciones, y me llama mucho la atención que se hayan levantado observaciones con un simple informe, cuando he tenido multas y hasta incluso un pedido de sumario del Fiscal de Estado, por haber firmado en el caso de compras para el agua potable por cuestiones de necesidad. No digo que esté mal esa sanción y yo tuve que dar las explicaciones correspondientes, pero muchas veces el Tribunal de Cuentas viene con todas las herramientas contra el funcionario que pudo haberse equivocado y no a propósito; y la verdad acá a uno lo preocupa, porque se están abriendo puertas que el día de mañana pueden llevar a que uno diga que a estas personas las perdonaron de alguna forma», alertó, casi deslizando algún tipo de encubrimiento.
«Lo importante es que no bajemos los brazos, uno sigue insistiendo y lo que hay que rescatar como positivo es que ningún funcionario puede hacer lo que se le dé la gana. Todos tenemos que dar explicaciones. Tiene que quedar claro que existen las herramientas de acceso a la información y como ciudadanos hay que utilizarlas, porque como legisladores no podíamos tener acceso a estos expedientes y, por pretender tener acceso, nos han tratado hasta de delincuentes y que estábamos avalando el accionar de los narcotraficantes. Esto lo ha dicho hasta la propia gobernadora. Pero uno sigue adelante porque está totalmente convencido de lo que está haciendo», sentenció.
