El titular de la DPOSS Guillermo Worman planteó el efecto negativo de la devaluación tanto en la obra pública en marcha como en la proyectada, y sumó a la variable del dólar el aumento en los combustibles y el valor del gas. La decisión del gobierno es hacer frente a las redeterminaciones de precios de las obras en marcha pero no hay garantías sobre lo que podrá ocurrir con las anunciadas por nación. Ya se registran retrasos en las transferencias y el gobierno se está haciendo cargo de los certificados. Como aspecto positivo, marcó que sólo dos obras grandes dependen de aportes nacionales y el resto se financian con la toma de crédito de la provincia, tanto por la colocación de bonos como por gestiones ante el Fondo Regional.
Río Grande.- El titular de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, Guillermo Worman, admitió preocupación en el gobierno por el futuro de la obra pública, ante el impacto causado por la devaluación que genera incertidumbre sobre la evolución de la estructura de costos.
Por Radio Universidad 93.5 manifestó que «estamos ante un escenario nacional muy complejo, sobre todo por la incertidumbre que genera la estructura de conformación de precios. Esto es una variable determinante para las empresas vinculadas con la actividad de la construcción, sobre todo aquellas que tienen componentes electromecánicos; y básicamente las obras que contrata la DPOSS tienen este tipo de insumos, que son obviamente importados. Hablamos de bombas, válvulas, tableros, cables, hierros en el caso de la construcción de obra civil, hay empresas que firmaron un contrato con nosotros con un dólar a 15,60 pesos, como la planta de tratamiento nueva de Bahía Golondrina, y hoy prácticamente está al doble. La planta de Río Grande, que ganó la empresa Cóccaro Hermanos, se contrató con un dólar a 18 pesos y ahora está rozando los 30 pesos. Esto genera una profunda incertidumbre», aseveró.
«Cuando se firma el contrato, ambas partes asumimos un compromiso. La empresa se compromete a ejecutar la obra y nosotros a pagar los certificados. Pero la empresa asume un compromiso acotado a determinada cantidad de millones de pesos. En la medida en que sus insumos van incrementando el valor, obviamente el empresario entra en una zona crítica, porque no tiene insumos para comprar. A nivel internacional o nacional les dicen que no tienen precio, porque por ejemplo una bomba grande cuesta 60 mil dólares, y no es lo mismo pagarla a 18 pesos que a 30. Entonces hay una profunda incertidumbre en cuanto a cómo va a evolucionar la estructura de costos por parte de las empresas y nos preocupa, porque son todas empresas locales», expuso el funcionario.
Respecto de las obras en marcha, detalló que «en Tolhuin tenemos seis obras con dos empresas, una de Ushuaia y otra de Río Grande. En Ushuaia tenemos una decena de empresas diferentes, todas de la localidad. A nosotros nos interesa que las obras se mantengan porque implica inyectar fondos en el mercado local, y esas empresas contratan el ciento por ciento de empleados de la provincia. Hay toda una cadena vinculada con inyección de fondos en el mercado local, que mueve los supermercados y el comercio», subrayó.
Dio cuenta de la decisión de la gobernadora de «sostener por lo menos las obras que están iniciadas. Es la buena noticia en este marco de incertidumbre, porque todas estas obras que tienen contrato confirmado y en algunos casos están iniciadas, van a finalizar, les vamos a pagar a las empresas los certificados mensuales, más las redeterminaciones de precios, por la actualización que van sufriendo los costos a raíz de la inflación», garantizó.
No obstante, reconoció que «hay una enorme expectativa sobre las obras que había anunciado la Nación que todavía no han iniciado», con el alerta que ya se ha encendido ante la demora en las transferencias de fondos nacionales por la parte que le corresponde al gobierno nacional de obras en marcha.
«En total hay una obra en Río Grande, seis en Tolhuin y dieciocho en Ushuaia que lleva adelante la DPOSS. Tenemos solamente dos obras con una fuerte dependencia de recursos nacionales, que son las dos plantas sanitarias grandes de Ushuaia, la planta Arroyo Grande y la planta Bahía Golondrina. Ahí la nación aporta de manera no reintegrable dos tercios del costo de las obras. Estamos sufriendo demoras y la gobernadora Bertone ha decidido que nosotros adelantemos los fondos a las empresas y después los iremos recuperando, cuando la nación los envíe. Una de las obras tuvo un valor base de 212 millones y la otra de 232 millones, y el 66% lo paga la nación. Son cerca de 300 millones entre las dos que tiene que desembolsar el gobierno nacional y hubo desembolsos, pero desde que se anunció el acuerdo con el FMI hay un cono de incertidumbre que nos tiene muy preocupados», alertó.
«No decimos que la nación no va a cumplir, pero hemos sufrido demoras y, para no perjudicar a las empresas y a los trabajadores contratados, la provincia ha prestado los fondos hasta que la nación los envíe. El resto de las obras tienen financiamiento del bono que colocó la provincia a principios del año pasado. La planta que se va a construir en margen sur es una deuda que ha tomado la provincia con el FFFIR y las transferencias del Fondo Fiduciario no dependen de una autorización nacional, así que los fondos están garantizados. Lo mismo ocurre con cuatro de las dos obras de Tolhuin. Hay dos que estamos pagando con plata del tesoro, que son fondos provinciales directamente. La situación de Ushuaia es parecida y, salvo estas dos obras grandes de las plantas, el resto lo tenemos garantizado. Por lo menos en agua, cloaca y saneamiento, el margen de preocupación es relativamente bajo», señaló con alivio.
Enorme deuda
Worman expuso la gran deuda en materia de infraestructura que heredó Bertone y se ha propuesto subsanar. «La situación más caótica cuando asumió la gobernadora era Tolhuin, porque no había nada de tratamiento cloacal. En diciembre de 2016 prendimos la primera planta y estamos terminando de poner en marcha la segunda en un sector del barrio Los Naranjos. Tolhuin tenía cero por ciento de cobertura de cloacas y estábamos en el 53% de servicio de agua. Hoy tenemos 1.850 cuentas activas y de aquí a fin de año vamos a estar conectando más de 800 vecinos con agua y cloacas. Va a seguir quedando un déficit, sobre todo porque Tolhuin tiene un crecimiento urbano violento, no sólo por gente que llega a la provincia sino porque se están haciendo urbanizaciones privadas. Básicamente son vecinos de Río Grande y Ushuaia que compran casas de fin de semana o para vacacionar. Hay un empresario riograndense que ha armado una urbanización privada y otro de Ushuaia. Son inversiones muy bien recibidas, porque esto genera que se mueva la economía y se generen puestos de trabajo para los vecinos de Tolhuin. Pero hay que estar atrás dotando de infraestructura de agua, cloacas y energía», manifestó.
Consultado sobre la capital fueguina en materia de medidores, indicó que «prácticamente no tenemos nada. Hay 215 instalados en Ushuaia, acabamos de comprar 800 de última generación, porque son medidores ultrasónicos. Tenemos prácticamente 25 mil usuarios entre Ushuaia y Tolhuin y vamos a sumar 800 usuarios más de aquí a diciembre. El 93% de las casas de Ushuaia están conectadas a la red de agua, en cloacas estamos en un porcentaje parecido, pero lo que pasa es que hay casas que están conectadas a la cloaca pero el 75% tiene tratamiento y el 25% sigue con el volcado en crudo hasta que terminemos la planta de Arroyo Grande», observó.
«Tolhuin sigue con un porcentaje muy bajo de cloacas, porque tenemos una sola planta prendida, en la bajada del casco viejo hacia el lago, con capacidad de tratar las cloacas de hasta 1.200 habitantes. De los 10.000 habitantes hay tratamiento para 1.200 y vamos a sumar 3.000 con la planta que mudamos de Río Grande a Tolhuin. Acabamos de presentar con el ministro Luis Vázquez al Fideicomiso Austral una obra de 80 millones de pesos para ver si logramos tratar las cloacas del ciento por ciento de la población», fijó como meta.
En Río Grande, si bien el servicio de agua y cloaca es municipal, informó que «tenemos contratado con Cóccaro Hermanos una planta en margen sur con capacidad para tratar las cloacas de 50.000 habitantes, y la empezamos a construir entre septiembre y octubre de este año. Es parte de la infraestructura para la urbanización que va a hacer el IPV en las 80 hectáreas que fueron adquiridas. Allí va a construir cerca de 2.000 viviendas nuevas y obviamente es necesaria esta planta para abastecer a las viviendas que ya están y las que se van a construir».
Dólar y más
Finalmente agregó otras variables que complican el escenario, además del dólar. «Nos preocupa mucho cómo se están disparando los costos de los combustibles. El viernes pasado hubo un incremento del 5% y se suma el gas. Son todas variables nacionales que no son resorte de la provincia, que influyen en el transporte y en los costos de las obras. Una obra como la de margen sur va a tener mucho movimiento de suelo. Eso implica mover mucha maquinaria vial y el costo del gasoil está indeterminado de acá a los próximos meses», concluyó.
