El Dr. Jorge Pintos, abogado de ATE, dio a conocer nuevos delitos que se desprenderían de la investigación de la estafa con las viviendas del gremio, que lo tendrían como víctima de administración fraudulenta. Indicó que la mujer de Miguel Arana, uno de los imputados en la operatoria irregular, fue empleada administrativa de ATE y no descarta la confabulación con su pareja. A más tardar la semana próxima deberían tener novedades de la justicia sobre el pedido de ser tenidos como querellantes.
Río Grande.- El abogado de ATE, Dr. Jorge Pintos, aportó nueva información por Radio Nacional Ushuaia sobre la causa iniciada a partir de la denuncia del secretario general Carlos Córdoba, por las estafas con las viviendas de ATE en Barrancas del Pipo.
En principio fue consultado sobre los tres allanamientos realizados el viernes pasado: «Puedo hablar de lo que conozco por fuera de la causa, porque hay un pedido para ser querellantes por parte de ATE que todavía no ha sido resuelto, por lo tanto no somos parte y no puedo conocer lo que ocurre dentro de la causa», aclaró.
«Con respecto al allanamiento del viernes a la sede, no es una cuestión extraña y está dentro de las facultades del juez. Esto no significa una sospecha o probabilidad de algo que tenga que ver con alguna irregularidad en el gremio. En su momento el juez había pedido información respecto de la operatoria de las viviendas entre ATE y el IPV. Ahora, al tener nuevas pruebas, consideró que faltaba documentación para tener el cuadro completo de la situación, por eso se produce el allanamiento», dijo.
Recordó que «la primera vez el gremio puso a disposición la documentación y el personal de la justicia eligió las carpetas que iba a retirar. Se llevaron lo que consideraron pertinente y evidentemente les faltó algo, pero el gremio siempre se puso a disposición y aportó bastante documentación. Se ve que necesitan tener de principio a fin todo lo que tenía que ver con la lista de afiliados y la documentación relativa a la operatoria», barajó.
Descartó que se haya debido a alguna nueva prueba que involucre a las autoridades del sindicato.
«Siempre que hay un allanamiento se puede suponer alguna sospecha, pero esto tiene que ver con la misma documentación que en su momento pidió el juez. Se allanó para retirar el resto de la documentación y las computadoras. El gremio ha pedido una copia espejo de las computadoras, para que se perite su contenido y se devuelvan las máquinas, a fin de seguir con los trámites normales del gremio que se realizan a diario», dijo.
«El allanamiento no implica que hay nuevos sospechosos, tengo conocimiento de que se habrían presentado varias personas más como posibles damnificados. Yo dije en un principio que algunas de ellas seguramente no iban a ser tenidas como víctimas, porque si ofrecieron algo irregular para meterse bajo cuerda y lo sabían, ahí no existe el ardid o estafa que requiere la figura penal. Por el contrario, podrán ser investigados por algún otro delito, ya sea cohecho, coimas o por tener algún grado de participación dentro del delito que se estaba cometiendo. De allí los otros allanamientos que se ordenaron, porque tengo entendido que hubo personas que se presentaron a decir que pagaron y por eso se terminan allanando los otros domicilios, que no tienen que ver con autoridades del gremio», subrayó.
En su momento se hablaba de nueve personas afectadas, y explicó que esto se debe a que «entre unos papeles se encontró una lista de gente extraña al gremio que pedía ser incorporada a la operatoria. Ninguna de ellas entró, se realizaron los controles, se consultó al IPV, que confirmó que no cumplían los requisitos, y nunca ingresaron a la operatoria. Por eso se hablaba de al menos nueve personas afectadas por esta estafa, y eran los que figuraban en la lista. Eso se aportó al principio a la justicia para que investigara los dos nombres que dio Carlos Córdoba en su denuncia, que eran dos personas que hablaron con él, y se aportó también la lista para que continúe la investigación».
«Sin ninguna duda la investigación es compleja y ha llevado a varias aristas. En el caso de la denuncia de Córdoba, habría otra figura penal que es la posible administración fraudulenta por parte de Arana y Belbey, y fundamentalmente de Arana, porque tenía a su cargo la tramitación de los legajos y la operatoria. Si él no cuidó los bienes del sindicato, evidentemente puede incurrir no sólo en la defraudación sino en administración fraudulenta respecto de ATE y ahí estaría afectado el sindicato como víctima», sostuvo.
Pareja «confabulada»
Consultado sobre el rol de la mujer de Arana, dijo que «en la documentación que se llevaron figura que la mujer de Arana, en un tramo de la operatoria, también era empleada administrativa en ATE. Hace como un año que no está, pero hubo un período en que estuvo como empleada administrativa en el gremio. Arana era vicepresidente de la comisión de vivienda, se encargaba de toda la operatoria, y hace poco se detectó que su mujer estaba también en la parte de administración, y se ha encontrado alguna nota que tenía las dos firmas de Arana. Es decir, se mandaba él una nota informando al gremio, y recibía él y firmaba su propia nota. Hay cosas tan burdas como esta», aseguró.
«En este año la pareja de Arana no estaba en el gremio pero evidentemente recibió los bienes que tenía Arana para armar una empresa y presentarse en la Municipalidad con las máquinas y los equipos pesados comprados supuestamente con el dinero producto de esta estafa. Eso queda ahora en investigación de la justicia», dijo.
«Suponemos que la mujer de Arana ayudó en esta maniobra. Yo aconsejé al personal del gremio que informara esta circunstancia, porque puede facilitar ver cómo era la maniobra. La operatoria venía desde hace tiempo e indudablemente podrían haber estado confabulados para realizar este tipo de acciones. Indudablemente ella estaba encargada de la empresa y tenía a su nombre toda la maquinaria, por eso termina siendo implicada en la causa», señaló el letrado.
La semana que viene a más tardar esperan la respuesta de la justicia para ser tenidos por querellantes. «Nosotros hacemos hincapié en que hay una administración fraudulenta por parte de los imputados, independientemente de la defraudación, por lo tanto el gremio también se ve afectado. He escuchado que habría posibilidad de que la maniobra implicara a una inmobiliaria, que ofrecería alguna vivienda, pero no lo puedo decir a ciencia cierta porque no tengo acceso a la causa todavía», concluyó.
