La legisladora del MPF Mónica Urquiza participó ayer de los actos oficiales por el aniversario de la ciudad de Río Grande y cuestionó el trato desigual del gobierno con las municipalidades, remarcando la “responsabilidad institucional” que le cabe a Bertone, de trabajar en conjunto por la provincia. Incursionó incluso en el acercamiento del intendente Vuoto a la gobernadora y las razones netamente económicas de fondo. Cargó además contra la política del gobierno nacional, por el ajuste en fondos de educación, de salud, y la amenaza de eliminar el subsidio de gas a la Patagonia.
Río Grande.- La legisladora Mónica Urquiza se hizo presente ayer en los estudios de Radio Universidad 93.5, luego de participar del acto aniversario de la ciudad de Río Grande y, más allá del festejo, incursionó en la coyuntura política y en la relación entre el gobierno y los municipios.
“El año pasado no pude estar para los festejos de la ciudad y esta vez pudimos llegar. Fue un acto muy emotivo y cada ciudad organiza su fiesta de manera distinta. Me gustó mucho la participación de los vecinos, porque cada vecino, desde el lugar que ocupa, dejó un mensaje y es lo que uno como representante político tiene que tomar. Ellos nos dicen lo que necesitan y uno puede ver si va por el camino que necesita la provincia para desarrollarse”, expresó.
“Todos sabemos que el tema fundamental hoy está dado por la falta de trabajo, esto se está sufriendo principalmente en la zona norte, aunque se está sintiendo mucho en el comercio de Ushuaia, porque el poder adquisitivo de la gente disminuye cada vez más. La gente define prioridades y deja de lado muchas cosas”, sostuvo, y marcó que “desde la asunción de Macri se ha venido deteriorando cada vez más la situación. Hace bastante que se venía viendo esto y el gobierno de Macri deja mucho que desear en lo que es federalismo, porque está tomando medidas muy centralistas”, cuestionó.
Recordó que “como bloque político, los cuatro legisladores y la senadora Boyadjián -hoy en Cambiemos-ante los primeros tarifazos tuvimos una reunión con el ministro Aranguren y nos dijo que tenían el lineamiento dado por el presidente de que todas las provincias éramos iguales y ninguna debía tener privilegios sobre la otra. Yo le dije que no era así, que no todas las provincias somos guales y reconocer esto no significa que una tenga privilegios sobre la otra. Pero esta visión la tenemos cada vez más cerca con lo que va a pasar con los subsidios en la Patagonia, y en especial el subsidio del gas”, advirtió.
Expuso que “el subsidio del gas es un fideicomiso creado en el presupuesto, que se vence dentro de dos años, y el gobierno nacional apunta a terminar con él. Pero además están apuntando a los subsidios en educación, en salud, en todas las áreas”.
Respecto de la gestión provincial, apuntó a la forma en que se definió el endeudamiento, sin posibilidad de que los municipios recibieran la parte que les corresponde, para avanzar con las obras que consideran prioritarias, luego de las quejas de la gestión Melella por el reparto desigual de los fondos.
“La deuda de Estabillo fueron 55 millones que se coparticiparon a los municipios, y estos 200 millones de dólares no fueron coparticipados. En aquel momento se tomó en cuenta que se comprometían recursos coparticipables, y en este caso el gobierno no lo aceptó. Yo recuerdo que el municipio de Río Grande había aceptado de inmediato en ese momento, luego lo hizo Ushuaia, y estaban reservados los fondos del bono Albatros”, afirmó.
La legisladora ve al intendente Melella gestionando sin apoyo del gobierno, incluso ante situaciones de emergencia social. “Es muy preocupante, porque uno tiene la responsabilidad institucional de dirigir una provincia, un municipio, ser legislador o concejal, y hemos sido electos para cumplir con una tarea más allá de nuestras relaciones personales. Tenemos que trabajar entre todos, aunque son distintas las ideas políticas y la mirada es diferente”, propició.
Comparó esta situación con la relación que tuvo el ex gobernador Colazo con las municipalidades, si bien Bertone “no llegó a ese extremo”, admitió: “A mí me ha tocado ser Secretaria de Hacienda cuando era intendente Jorge Garramuño, y en ese momento tuvimos muchas diferencias con el gobernador Colazo. Era tremendo, porque los funcionarios del municipio no podíamos ingresar a la Casa de Gobierno. Lo teníamos prohibido. No se ha llegado a este límite, pero uno ha vivido personalmente estas situaciones que no dejan cumplir con la responsabilidad institucional que uno tiene”, dijo.
En cuanto al reciente acercamiento del intendente Vuoto a Bertone, luego de dos años de fuego cruzado, sostuvo que “Vuoto tiene 297 millones de razones para amigarse con Bertone, porque el municipio de Ushuaia recibió 297 millones para ejecutar obras, que están incorporados al presupuesto por una ordenanza que salió a los pocos días de la firma del pacto fiscal”.
“A veces hay algunas razones que llevan a amigarse nuevamente y no es que lo cuestione, porque cada uno tiene una responsabilidad institucional sobre sus espaldas, tiene que cumplir con obras y servicios que necesitan los vecinos. Pero no debería ser así”, lamentó.
“Hoy escuché que el gobierno pretendería reclamarle al intendente de Río Grande que le pague la planta potabilizadora, cuando la planta en su gran mayoría está financiada por fondos del Fideicomiso Austral, que son recursos de toda la provincia”, alertó la legisladora.
“En oportunidad de concretarse el Fideicomiso Austral yo era legisladora y el propio Fiscal de Estado manifestó esto, cuando lo discutimos en comisión y luego en sesión. Ahora dicen que son fondos de la provincia, porque son regalías off shore. Uno ve estas diferencias y la verdad no las comprende”, dijo de los esfuerzos de Bertone por recortar fondos de Melella, mientras asiste a los demás municipios.
Consultada sobre la desigualdad de las obras que lleva adelante la DPOSS, si bien tiene jurisdicción sobre Ushuaia y Tolhuin, porque en Río Grande el servicio de agua y cloacas es municipal, la legisladora apuntó a la afectación de recursos de la colocación de bonos, cuando hay una toma de endeudamiento específica con el Fondo Residual por 500 millones para todas las obras de remediación ambiental. “Los 500 millones del crédito del FFFIR no están aplicados totalmente, y hay dos plantas elevadoras de líquidos cloacales que estaban incluidas dentro de las obras, que están siendo financiadas en un 20% por la colocación de bonos por 200 millones de dólares. No entendemos por qué las pusieron en este financiamiento cuando tienen los 500 millones del FFFIR. El 80% restante del valor, viene por un subsidio de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación y no es endeudamiento. La obra que está haciendo la DPOSS en Río Grande es una planta elevadora de líquidos cloacales también financiada por el crédito del FFFIR”, indicó.
Compras secretas con sorpresas
Por último se refirió a los cambios en el Tribunal de Cuentas, donde asumió como vocal el ex titular de la AREF Luis Capellano, tras la renuncia primero de Julio Del Val y luego de Diego Pascuas, en ambos casos vinculadas con las compras secretas, al menos por trascendidos; y expuso un contraste entre lo que informaron los auditores y lo que terminaron resolviendo los tribunos.
“Primero eran 17 millones y después resultaron 24 millones, y hay que aclarar que acá hay dos denuncias, una que hace un ciudadano de Río Grande, el señor Miranda, y es una denuncia penal contra la gobernadora, contra Murray y contra Pablo Blanco como presidente de la comisión de presupuesto. Ese caso no está cerrado y, ante la presentación de nuevas pruebas, puede continuar”, afirmó.
“La denuncia que hicimos con el legislador Pablo Villegas es la que nos habilitó la ley 653 de acceso a la información pública, que contempla plazos después de que uno presenta la nota solicitando la información, y habilita un juicio sumarísimo. Este juicio terminaba con la entrega de la documentación y en las dos primeras horas del jueves pasado nos tenían que entregar sí o sí las copias de los expedientes; entonces el martes la presidente de la comisión de seguridad -Angelina Carrasco- llamó a una reunión de carácter reservado, donde en teoría íbamos a poder tomar vista de los expedientes nada más. Luego lo negó y dijo que nos iban a entregar copia, pero no tenían alternativa: o se las entregaban al juez o nos las entregaban a todos los bloques políticos en esa reunión”, subrayó.
“El carácter reservado se lo da la presidente de la comisión y en realidad ya hemos tenido reuniones reservadas, como cuando ocurrió la desaparición de Sofía, o el asesinato de un taxista en Ushuaia. En esa reunión nos dieron una copia de los expedientes y el Secretario de Seguridad y el Jefe de Policía explicaron lo que compraron. Los auditores fiscales revisaron los expedientes y, aunque está prevista la compra secreta, deben llevar los mismos trámites que cualquier compra directa, como la compulsa de precios y la presentación de al menos tres presupuestos. Cuando el Tribunal hace el control posterior al gasto, incluso con los plazos vencidos para la rendición que debía hacer el Secretario de Seguridad, ahí comienzan las anormalidades. Los auditores fiscales sostienen que está mal encuadrada la contratación, porque se han comprado elementos de uso normal y habitual de la fuerza, como camionetas para patrulleros inteligentes, que son camionetas comunes, porque el equipamiento se compra aparte. No lo vende ninguna concesionaria y después se instala en las camionetas. Ese equipamiento, mirándolo con cariño, podríamos encuadrarlo en una compra secreta, pero hemos investigado y en la provincia de Santa Fe, por licitación pública, compraron 400 patrulleros inteligentes, con el mismo equipamiento que estos, como cámaras y demás”, manifestó.
“También se han comprado chalecos antibalas, protectores de codos, de rodillas, cascos, que son elementos de uso normal y habitual de la fuerza, y así lo dice el Tribunal de Cuentas”, apuntó Urquiza.
Se le preguntó si entre las compras hay elementos para escuchas telefónicas: “Hay elementos de los que no puedo dar detalle y son para las investigaciones que incluso ordena la justicia. Estas cosas pueden ir por el camino de la compra secreta, pero tampoco cumplieron con los requisitos de la compulsa de precios, ni con el registro de patrimonio en la policía”, aseveró.
“Se hicieron muchas observaciones, algunas se levantaron y otras no, pero los vocales del Tribunal de Cuentas concluyeron en que no había perjuicio fiscal. Nosotros estamos analizando los expedientes porque se han aplicado multas al ex funcionario Ezequiel Murray, aunque la gobernadora dijo que ella misma controló los expedientes y estaban bien”, recordó.
“Nosotros haremos nuestro análisis y, si es necesario, haremos las presentaciones en esta misma causa judicial que se había abierto”, concluyó.
