El proyecto ingresado por el legislador Pablo Villegas para declarar nula la intervención dispuesta por el Ejecutivo no prosperó en la sesión del viernes y, para la legisladora Myriam Martínez, fue un acto de “demagogia” de parte del legislador. Afirmó que como abogado sabe que la Legislatura no tiene facultades para anular un acto administrativo del Ejecutivo y lo acusó de “mentirle” a la gente, generando falsas expectativas con la juntada de firmas. Luego del receso citarían a los funcionarios y autoridades del IPES para discutir la situación en comisión.
Río Grande.- La legisladora del FPV Myriam Martínez dio detalles por FM La Isla de los asuntos que generaron mayor debate en la sesión del viernes, entre ellos la intervención del IPES.
“Fue un día tremendo”, expresó, tras los cruces entre los legisladores de las distintas bancadas. “El tema del IPES fue bastante debatido. En la reunión de Labor Parlamentaria se trató el proyecto que había presentado el legislador Pablo Villegas para dejar sin efecto el acto administrativo del Ejecutivo, con el tema de la intervención del IPES. Nosotros entendimos que la Legislatura no tiene potestad para intervenir, tanto en el acto administrativo como en la denuncia penal que lleva adelante el Ejecutivo; pero el legislador Villegas había levantado firmas y había generado alrededor de todo esto una gran expectativa”, dijo.
“Nosotros no nos oponemos a que ingresen los proyectos y se deriven a las comisiones, pero yo sí me opongo a mentirle a la gente y generarles una expectativa, en este caso al sector de la educación, sobre la posibilidad de que la Legislatura pueda resolver esta situación, por eso se pasó al archivo en Labor Parlamentaria”, explicó.
“El día de la sesión se propone nuevamente el proyecto para que pase a la comisión 4, que es la comisión de educación. Yo dije realmente que esto es mentirle a la gente, porque la Legislatura no puede resolver esta situación. Si ellos quieren presentar alguna denuncia con respecto al acto administrativo del Ejecutivo, tienen toda la potestad de hacerlo y pueden ir a la justicia a presentar la nulidad del acto. Por otro lado, piden que la justicia se expida más rápido, y deben generar las acciones correspondientes en la justicia, para que defina si hay un delito o incumplimiento de los deberes de funcionario público como denunció el Ejecutivo”, recomendó al MPF.
“También aclaramos que los directivos del IPES, que hoy están siendo investigados en forma administrativa, están en su lugar de trabajo y cobrando su salario. Lo que ha hecho el Ministerio de Educación ha sido correrlos hasta tanto se pueda esclarecer esta cuestión. Lo que no se puede hacer es mentirle a los directivos y a la comunidad educativa del IPES, diciendo que la Legislatura va a resolver esto”, insistió.
“Nosotros estamos de acuerdo con que se cite al Ministerio de Educación, a las autoridades del IPES, que se abra el debate en la Legislatura sobre todos estos temas, y ver desde qué lugar podemos ayudarlos, pero no aprobar un proyecto para ponerlo en la comisión y después no hacer nada. Este proyecto no prosperó y fue un debate bastante fuerte. Yo le pedí al legislador Villegas basta de demagogia y de mentiras, porque las comisiones en la Legislatura son abiertas; y le recordé al legislador Villegas que en mi anterior período como legisladora ni siquiera tenía la oportunidad de que pasen a comisión mis proyectos, que eran totalmente viables, como la reforma previsional”.
“Son cuestiones de la política que, en vez de beneficiarnos, traen más confusión y enojo, cuando uno no puede resolver estas cuestiones, porque este proyecto era inviable. Aparte levantaron firmas y es un disparate total”, consideró.
“Yo lamento muchísimo lo que han hecho, porque este proyecto era inviable y el legislador Villegas es abogado, así que sabe perfectamente que nosotros no lo podemos hacer. Compararon el proyecto que presentaron con lo que aprobó el gobierno nacional con la resolución 125, mezclaron todo, fue un disparate total. Se puede abrir el debate en la Legislatura, citar a las autoridades para ver de qué manera se puede resolver, en todo caso sacar un proyecto de resolución donde uno vería con agrado que se vayan resolviendo estas situaciones en el menor tiempo posible, para que las autoridades que no tienen nada que ver en la investigación puedan recuperar sus cargos y su buen nombre. Esto es importantísimo y lo podemos hacer de esta manera. Ahora, decir que nosotros vamos a aprobar desde la Legislatura una ley para declarar nulo un acto administrativo del Poder Ejecutivo, es una mentira”, sentenció.
“La forma de continuar esto es citar en comisión al Jefe de Gabinete, al Ministro de Educación, a las autoridades del IPES, y que los legisladores puedan preguntar y saber de boca de cada funcionario del Ejecutivo en qué estado se encuentra la situación del IPES. No tenemos otra manera para poder enterarnos de lo que pasa, pero nunca podemos dictar una ley porque no podemos intervenir en estas cuestiones. El Ejecutivo tiene todo el derecho de generar la investigación correspondiente si cree que hay un delito en una institución, y utilizar todos los procedimientos que corresponden. Hay un sumario y una investigación, y seguramente en poco tiempo vamos a poder saber si lo que hizo el Ejecutivo tiene un resultado positivo. Si no, tendrán que devolverles los cargos y el buen nombre a cada una de las autoridades”, planteó la legisladora.
Antidoping para funcionarios
Con respecto a la ley que establece la obligatoriedad para todos los funcionarios de efectuarse una rinoscopía, la legisladora recordó que se trata del asunto 099 y es de autoría del legislador Furlan. “Esta ley tiene como requisito obligatorio para los funcionarios del Estado el análisis de adicción a drogas ilegales. Se va a hacer un examen previo, ya sea en la Justicia como el Poder Legislativo y el gobierno de la provincia”, dijo.
“Esto fue presentado sobre tablas, anteriormente lo había presentado el legislador, lo volvió a presentar, y logró los consensos necesarios para transformarlo en ley. Falta toda la reglamentación, que es la aplicación de esa ley, previa promulgación. La reglamentación es lo más importante, porque no tiene sentido una ley que no se pueda aplicar”, expresó.
Remarcó que “el Ejecutivo tiene un actor principal, que es el Ministerio de Salud. También se invitó a los municipios a adherir a la ley y el Ejecutivo tendrá que hablar seguramente con el Poder Judicial. Veremos cómo sigue esto”.
Modificación del plan de obras
Por otra parte, se le preguntó sobre el cambio de destino del financiamiento con la colocación de bonos a nuevas obras, que fue objetado por el legislador radical Pablo Blanco, con el argumento de que el financiamiento se concedió para determinadas obras y en todo caso se debería consultar a los tenedores de los bonos: “Este es el asunto 280 del Ejecutivo provincial, el proyecto se pasó a comisión y lo vamos a tratar después del receso. No sé por qué el legislador Blanco dijo esto, pero seguramente se va a tratar en comisión y vamos a citar al Ministro de Economía con su equipo y también al Ministro de Obras Públicas. Ellos piden una autorización para ocupar la ganancia que se ha generado a través de la devaluación, e incorporan una cantidad de obras de infraestructura, agua, cloacas. Suman nuevas obras y de acuerdo a lo que dice el proyecto, hasta la fecha el gobierno nacional ha dejado de enviar algunos fondos para continuar el plan de obras, por lo que piden autorización para ocupar parte de ese recurso en estas obras. También plantean el desfasaje del aumento con respecto a la primera presentación de los proyectos, porque las obras han aumentado y para la actualización de las obras necesitan incorporar un determinado recurso. Son varias cosas, nuevas obras, actualización de las obras en ejecución que se han encarecido por la devaluación, y que se le dé la oportunidad de que el Ejecutivo pueda ir readecuando”, detalló.
