El legislador radical Pablo Blanco hizo un fuerte reproche a AFARTE por su pasividad ante los permanentes ataques de los medios nacionales a la industria fueguina. “No puede ser que en programas auspiciados por ellos mismos se critique el régimen de Tierra del Fuego”, fustigó, y recordó que son “los máximos beneficiarios” del régimen. Los funcionarios, gremialistas y trabajadores “tienen que salir a poner la cara para que ellos se lleven las utilidades que se llevan”, disparó, y les reclamó inversiones, confirmando que el fideicomiso industrial de cien millones no llegará, como resultado del acuerdo firmado el año pasado.
Río Grande.- El legislador Pablo Blanco hizo un fuerte reproche por Radio Universidad 93.5 al referente de AFARTE, ante el silencio que mantienen frente a los reiterados ataques a la industria fueguina e, incluso, aseguró que algunas empresas son auspiciantes en los mismos programas nacionales donde se critica el régimen.
Blanco pidió a los empresarios “que alguna vez salgan a defender el régimen de la provincia ante las noticias mentirosas, insidiosas e interesadas que dan los medios nacionales”, tras el último ataque de un periodista de TN contra el “ensamble” que se realiza en la provincia.
“Habría que preguntarle a estos medios si en la Argentina se fabrican autos, porque si ellos opinan que en la Argentina se fabrican autos, entonces en Tierra del Fuego se fabrican televisores y celulares. Si ellos dicen que en Argentina se ensamblan autos, entonces en la provincia se ensamblan televisores y celulares. Parece ser que en otros lugares del país está bárbaro ensamblar autos y en Tierra del Fuego está mal ensamblar electrónica”, planteó.
Desafió a “esos periodistas eximios de los medios nacionales a que me digan en qué lugar del mundo se fabrican celulares o se fabrican electrodomésticos en forma distinta a la que se hace en Tierra del Fuego. Están demostrando un desconocimiento total, porque Tierra del Fuego fabrica o ensambla igual que Brasil, México y cualquier otro país. Con el mundo globalizado como está, nadie fabrica hasta la última pieza”, sostuvo.
Y apuntó contra “los empresarios, que son los máximos beneficiarios del régimen, y son los que tendrían que salir a defenderlo, no los que estamos en la función pública o los gremialistas o los trabajadores, que tienen que salir a poner la cara para que ellos se lleven las utilidades que se llevan. Alguna vez tienen que invertir y no puede ser que en programas auspiciados por ellos mismos se critique el régimen de Tierra del Fuego o cómo se trabaja acá”, cuestionó.
“Dicen que acá se ensambla y se fabrica como en el resto del mundo, y nadie sale a poner una palabra distinta. Brasil compra los insumos en el mismo lugar que Tierra del Fuego, pero para ellos Brasil fabrica y Tierra del Fuego ensambla. La verdad, es una vergüenza”, consideró.
Consultado sobre el fideicomiso industrial de 100 millones de dólares que iba a aportar la parte empresaria, confirmó que “no apareció y no va a aparecer. Ya lo dijeron cuando firmaron el convenio entre Nación, AFARTE y la Provincia, que el fideicomiso no lo iban a implementar. Es un fideicomiso voluntario y no hay una ley que los obligue a llevarlo adelante”, dijo.
Recordó el esfuerzo de la provincia en la firma de ese convenio, que “dejó de tratar un proyecto para aumentar la tasa de verificación de procesos productivos. No se bajó la tasa, simplemente no se la modificó. Había un proyecto ingresado a la Legislatura que aumentaba el impuesto, pero el compromiso de la provincia fue no tratarlo”.
De haberse aprobado, se estimaban ingresos por 600 millones, pero Blanco aclaró que la provincia no cedió recursos, porque el proyecto “no tenía aprobación legislativa y no sabíamos si la iba a tener. Es como cuando dicen que la ley de promoción industrial le significa a la Nación una pérdida de recursos de 30 mil millones de pesos y son todas suposiciones, porque si no existiera la ley, no existiría la industria y Tierra del Fuego tendría que pagar un montón de impuestos nacionales, pero sin la ley no habría habitantes que los paguen”, señaló.
Cambios al menú de obras
También se le preguntó sobre la autorización que pide el gobierno para destinar 1.100 millones de pesos a nuevas obras, que sería “la ganancia” de las colocaciones financieras de los fondos del endeudamiento por 200 millones de dólares. “Hay una diferencia de cambio que hay que ver. Hay un proyecto del Ejecutivo que fue girado a comisión y hay que analizar detenidamente cuáles son las obras que se quieren hacer, de dónde salen los recursos, cuál es la variación de lo que era la cotización al inicio y ahora, porque como aumentaron los precios las obras también aumentaron en pesos”, observó.
“Hay todo un estudio para hacer antes de hablar tan fácilmente de cifras. Veremos más adelante qué sucede y vamos a ver si son 1.100 millones. Lo que pide el gobierno son 1.100 millones, pero cuando la provincia tomó el crédito de 200 millones de dólares, el dólar estaba a 15 pesos, hoy está a 30 pesos, y entonces no son mil millones de pesos la diferencia de cotización, porque 200 millones de dólares a 15 pesos son 3.000 millones; y a 30 pesos son 6.000 millones. Por eso hay que sentarse a ver, y por suerte el pago está garantizado en la misma moneda, porque está garantizado por regalías, que la provincia las recibe en dólares”, dijo.
Ley ‘antidoping’
Respecto de la ley aprobada por unanimidad en la sesión del viernes, aclaró que no es solamente un proyecto ingresado por el legislador justicialista Ricardo Furlan. “Este es un proyecto que se presentó hace tres años atrás, y es de autoría del legislador Furlan, el legislador Löffler y quien habla. Ese proyecto tuvo tratamiento en comisión, teníamos algunas dudas sobre la posibilidad de llevar a la práctica el control, y perdió estado parlamentario. El legislador Villegas y la legisladora Urquiza este año retomaron el tema y volvieron a presentar el proyecto, lo seguimos discutiendo en comisión y el viernes tomamos la determinación de aprobarlo, con una serie de modificaciones y dejando algunas cosas sujetas a la reglamentación. Se aprobó por unanimidad de los 13 legisladores que estuvimos presentes”, sostuvo.
“Este proyecto es de aplicación obligatoria para el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los organismos de control, y se invita a los municipios de Río Grande y Ushuaia a adherir, porque tienen carta orgánica. Tolhuin no tiene carta orgánica y lo tiene que aplicar. Esto es obligatorio para los tres poderes, entes autárquicos y descentralizados”, subrayó.
Indicó que “hay varias cuestiones que quedaron sujetas a la reglamentación, que se hace por decreto y tiene un plazo no mayor de 60 días. Después hay un plazo de cuatro meses para que todos los funcionarios electos o designados se hagan los análisis. El procedimiento quedó sujeto a la reglamentación porque es mucho más fácil modificar un decreto que una ley. El funcionario que tuviera inconvenientes se tiene que someter a un tratamiento y, una vez rehabilitado, puede retornar a la función o no, si es designado, porque dependerá de la persona que lo designó; y si es electo puede retomar su mandato”, dijo.
Crisis en Audivic
Consultado sobre el vaciamiento de Audivic, manifestó que “la situación no es nueva, hace tiempo que viene con dificultades, uno de los que les compraba a ellos cayó en convocatoria de acreedores y generó una deuda importante para el nivel de esta empresa, que ha traído dificultades, pero seguramente el Ministro de Industria tendrá más información de este tema, porque yo no conozco más de lo que veo en los medios. Realmente quien debe contestar esto es el ministro Caballero, para no decir cosas que desconozco”, planteó.
Arias, complicado
Como integrante del Consejo de la Magistratura, se refirió a la denuncia contra el fiscal Arias, contra quien pesa un pedido de jury. Informó que “el Consejo de la Magistratura decidió por mayoría dar la documentación al fiscal para que proceda con la investigación sobre el accionar del funcionario”.
“Hay pasos que hay que seguir. Hay una presentación y el primer paso fue el informe de la presidente del Consejo. A partir de ese informe, el cuerpo decide si inicia el trámite de jury o gira la documentación para iniciar la investigación, para ver si, finalizada la investigación del fiscal, corresponde un jury o se desestima. El primer paso fue analizar el informe de la presidente, y el Consejo por mayoría le dio traslado al fiscal para que inicie las investigaciones. Luego del informe del fiscal vamos a saber si corresponde o no el juicio”, dijo.
No quiso abundar en consideraciones sobre su actuación porque “en cumplimiento de la ley, cualquier opinión que emita puede ser motivo de recusación si tengo que actuar en el futuro en el juzgamiento o no, por eso no puedo dar otra información al respecto”.
Elecciones 2019
Por otra parte se le preguntó sobre las declaraciones del diputado (mc) Luis “Tachi” Trejo, quien dio a conocer su decisión de postularse como precandidato a senador por Cambiemos, y dice estar dispuesto a disputarle la interna. “No sé de dónde sacaron que voy a ser candidato a senador. Primero el que tiene que manifestar si quiere ser candidato soy yo, y no he abierto la boca en ese sentido. Hoy no soy candidato a nada, pero si el día de mañana quiero ser candidato y hay otro dentro del partido, habrá internas. Todavía no soy candidato y he ido siempre a internas, ganando o perdiendo. Hay muchos que se acuerdan de las elecciones cuando hay posibilidad de ser candidatos y mientras tanto no abren la boca ni por la UCR ni por Cambiemos”, criticó.
“Más adelante veremos, y falta mucho todavía. Todavía no tengo decidido si voy a ser candidato a algo. Alguna vez uno tiene derecho a dedicarse a uno. Nunca dije que quiero ser candidato a senador, y hoy soy legislador”, expresó.
Blanco adelantó que no aspira de ninguna manera a una banca en la Cámara baja: “No me gustaría ser diputado nacional, prefiero ser legislador de la provincia antes que ser diputado nacional”, sostuvo.
Respecto de qué candidato a intendente apoyaría, tampoco adelantó nombres y condicionó las posibilidades de Cambiemos a una mejora en la respuesta que le está dando a la gente: “Hay algunos están muy apurados, tenemos serias dificultades en la provincia y el país para estar pensando en las elecciones. Si logramos solucionar los problemas la gente por ahí hay aspiraciones del espacio Cambiemos. Si no le podemos solucionar el problema a la gente, olvidémonos”, sentenció.
Alimentos para carenciados
En declaraciones a FM La Isla, fue consultado sobre el proyecto girado a comisión que plantea la distribución de alimentos a sectores carenciados, que son descartados en la actualidad por la proximidad del vencimiento. La Coalición Cívica había presentado un proyecto similar referido a la cuestión alimentaria y para Blanco “creímos oportuno adherir a esta ley. Es un proyecto que ingresó y fue girado a la comisión respectiva para su tratamiento, sobre un banco de alimentos de mercadería que se pueda distribuir antes de vencida”, dijo.
“Hoy es algo que ya se viene haciendo voluntariamente. Esto sería ordenar un poco la cosa y ver de qué manera se puede interactuar mejor con la participación del Estado. La entrega de módulos alimentarios no es nueva y es recurrente de acuerdo a la situación económica del país. Aun en épocas de mejoría, la distribución de alimentos se hace y es una buena herramienta”, manifestó.
“Nuestra idea es presentar la adhesión y discutir la viabilidad en comisión, por eso no planteamos el tratamiento sobre tablas. Debe haber un análisis sobre la viabilidad y la posibilidad de lograr un entendimiento con todos los sectores involucrados, y aunar criterios entre provincia y municipios”, propició.
Los legisladores radicales entienden que es “inadmisible que toneladas de alimentos aprovechables terminen siendo desperdiciados”, por lo cual incentivan la donación “a fin de mitigar la necesidad alimentaria de los fueguinos que lo necesiten”.
El proyecto promueve la adhesión a la Ley Nacional Nº 25989, que estableció hace 14 años, en plena crisis del 200, el régimen especial para la donación de alimentos, y busca “satisfacer las necesidades alimentarias de la población económicamente más vulnerable”.
En el articulado, se señala que “podrán ser objeto de donación todos aquellos productos alimenticios que cumplan con las exigencias bromatológicas y de inocuidad contenidas en el Código Alimentario Argentino, para el tipo de producto correspondiente”, y establece que toda persona de existencia física o ideal “podrá donar productos alimenticios en buen estado a instituciones públicas o privadas de bien público, legalmente constituidas en el país o a grupos humanos o personas individuales, para ser equitativamente distribuidos entre familias o sectores poblacionales necesitados”.
