En mayo pasado el fiscal federal de Río Grande Marcelo Rapoport, con asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, pidió por primera vez –y luego de una década– la detención y declaración indagatoria de 26 militares. Ahora Jorge Eduardo Taranto, uno de los imputados acusado de “estaquear” combatientes, pidió el cierre de la causa por considerar que los delitos ya prescribieron. El diario La Nación salió a respaldarlo. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia deberá decidir la suerte de este caso el 8 de agosto próximo.
Río Grande.- Un extenso informe del sitio web “Nuestras Voces” señala que “La causa en que se investigan las torturas que oficiales y suboficiales aplicaron a su propia tropa durante la Guerra de Malvinas volvió a toparse con una serie de obstáculos que buscan entorpecer su avance. El expediente tramita hace más de una década en los tribunales federales y cobró un nuevo impulso el 11 de mayo pasado luego de que el titular de la Fiscalía Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, requiriera al juez, por primera vez en más de una década, la detención y declaración indagatoria de 26 militares, todos integrantes del Regimiento de Infantería Nº 5 (RI5). Mientras el magistrado continúa reuniendo prueba, algunos de los acusados interpusieron distintos recursos con el objetivo de cerrar la pesquisa. A la par, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia fijó fecha para una audiencia clave: será el 8 de agosto y definirá la suerte del caso”.
El trabajo periodístico advierte luego que “uno de los 26 acusados que mayor movimiento le dio al expediente en los últimos días es Jorge Eduardo Taranto, quien cuestionó a las querellas y pidió se cierre la causa por considerar que los delitos ya prescribieron. El debate de fondo es si los crímenes que se cometieron en el archipiélago austral –vejaciones, “estaqueamientos” y “enterramientos”, cuyas consecuencias implicaron hasta amputaciones de miembros inferiores en las víctimas– son imprescriptibles”.
Taranto, subteniente durante el conflicto bélico de 1982, ya había logrado a su favor en noviembre de 2009, un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en lo que hace a otros hechos de la misma causa.
“Concretamente, el máximo tribunal penal del país abordó unos pocos casos de torturas que se le imputaban a Taranto y que ahora no se tratan por considerarse cosa juzgada. La sala I de la Casación había revertido dos fallos de primera y segunda instancia que lo tenían como protagonista y, en una controvertida decisión, consideró que los delitos en cuestión, adjudicados a Taranto, no fueron de lesa humanidad y por ende prescribieron. Por una cuestión de forma, la apelación de los ex conscriptos no llegó a ser tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación –que nunca se expidió sobre el fondo del asunto– y el caso de las torturas en el archipiélago austral terminó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ex soldados hoy nucleados en el CECIM – La Plata accionaron, en 2015, contra el Estado argentino “por privación de acceso a la justicia”. El expediente en la CIDH sigue su curso”, menciona la información publicada en “Nuestras Voces”.
En la actualidad, Taranto –quien tras retirarse del Ejército se volcó a la seguridad y luego a la investigación compleja en medios de comunicación–, se aferra a aquel fallo de Casación para deslegitimar la nueva acusación en su contra, en la que se le adjudican nuevos hechos, distintos a los ya abordados. Junto a Reinaldo Lugo Oliver –quien en 1982 era teniente primero, jefe de la Compañía B del RI5–, pide una vez más la prescripción de los hechos. Ambos resaltan que son cosa juzgada y citan el incidente que llegó a la Corte y esta no abordó.
A su vez, Taranto cuestionó a las querellas entre las que se encuentran la Comisión Provincial por la Memoria, el CECIM-La Plata, la secretaría de Derechos Humanos del Chaco y de Buenos Aires, por sólo citar algunos. La defensa del acusado asegura que “adolecen de legitimación activa” ya que, sostiene, no hubo delitos de lesa humanidad y por ende, no tendrían lugar. Este planteo se encuentra en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que deberá expresarse sobre el tema.
