El abogado de Ushuaia recordó que todavía están pendientes de resolución las demandas presentadas por los aumentos tarifarios, hace más de seis meses, cuando desde ayer comienzan a aplicarse nuevos ajustes.“El problema que tenemos en la ex República Argentina (sic) es la lentitud de la justicia. Precisamente hoy no tenemos una república en toda su dimensión como lo dice la Constitución, y le adjudico gran parte de la responsabilidad al Poder Judicial”, sostuvo. Para el letrado el recorte a las asignaciones obedece a “un plan” que prevé retirar fondos de la región y ponerla en un pie de igualdad con otras provincias. No obstante, abrió la puerta a algunos argumentos en contra del decreto por la discriminación que implica, al quitar fondos al sector privado pero no al estatal. “El argumento de fondo es el mismo que en los círculos tecnócratas del Poder Ejecutivo nacional viene circulando desde hace dos años, con relación a los beneficios de la 19640 y sus exenciones fiscales”, aseguró.
Río Grande.- El Dr. Federico Rauch fue consultado por Radio Provincia sobre el recorte de las asignaciones familiares y la posibilidad de obtener un remedio judicial. Aclaró que todavía no tuvo a la vista las presentaciones efectuadas,“pero se puede hacer un análisis de contexto sobre la política que el gobierno nacional está implementando en la Patagonia”, dijo.
“El recorte a las asignaciones familiares, a través de este decreto, muestra un poco la tesis de lo que el año pasado venía advirtiendo, sobre el retiro de fondos de Tierra del Fuego en mayor o menor medida, para tratarla de la misma manera que al resto de las provincias patagónicas, y a su vez igualar a las provincias patagónicas en su totalidad con el resto del país. Esto es lo que ha hecho el decreto en materia de sostenimiento social. Al margen de igualar los aranceles, lo que más afecta a la Patagonia y a Tierra del Fuego es el quite de la asignación por zona”, subrayó.
“Esa quita del adicional por zona es parte de una decisión que se encastra también en materia de servicios públicos, es decir en los servicios monopólicos de provisión de energía. Ahí también hay una diferenciación muy fuerte, porque en el caso del gas es del 87%, y también en el resto de los combustibles, porque se han ido apropiando del beneficio fiscal. Formalmente hablando, existen diferenciaciones para la provisión de energía en la provincia de Tierra del Fuego y otras provincias patagónicas. El criterio que se aplica ahora para la asignación por hijo y para la asignación universal, que son dos cosas distintas, está expuesto en el decreto de Macri y va indicando el camino de adónde quieren ir. Eso es parte de la letra chica que se firmó con el FMI y yo estoy analizando: quitar lo que el gobierno llama subsidios, uno de ellos con fecha de vencimiento para dentro de un año y medio, y hay que ver si el gobierno nacional está dispuesto a mantener esta política de restricción de lo que denominan subsidios para compensar las diferencias de facturación en gas, energía, petróleo, agua, etcétera, en los servicios patagónicos y en particular en Tierra del Fuego”, señaló.
“Esto podría vincularse con la limitación o reducción de los beneficios fiscales, es decir, el no cobro de ciertos impuestos dentro del componente tarifario. La política es decir que las familias que viven en Tierra del Fuego y los hijos de esas familias no tienen gran diferencia en el acceso de servicios o costo de vida con una familia ubicada en Catamarca, San Luis o en la provincia de Buenos Aires y, al advertirse que esas diferencias se han disminuido no es necesario asignarles casi el triple en algunos casos a los chicos que viven en Tierra del Fuego. El argumento de fondo que se podría controvertir judicialmente parte del supuesto de que es el mismo que viene circulando en los círculos tecnócratas del Poder Ejecutivo Nacional desde hace dos años, con relación a los beneficios de la 19640 y sus exenciones fiscales”, aseguró.
Explicó que “se sostiene que los motivos que existieron en su momento para este tipo de leyes de promoción económica e industrial ya no existen, y que en definitiva las familias fueguinas no se diferencian de una familia ubicada en otra parte del país. El argumento ideológico de fondo es el mismo, y es el que se aplicó ahora en las asignaciones por hijo. Esto debe verse como un conjunto, porque no sólo las familias van a recibir menos asignaciones por hijo. En el caso de Tierra del Fuego esto es aún más grave, porque hay que fijarse cuáles son las escalas de esas asignaciones. En líneas generales, la media del salario está entre 24 y 35 mil pesos, hablando de los ingresos familiares, y con los valores unificados sin zona van a quedar a la mitad. Es una reducción importante, pero no tan importante como la suba tarifaria de gas, de electricidad y agua, que se va a sumar, y en especial el retiro del subsidio del gas, que es lo que provee a los otros dos servicios, la electricidad y el agua en alguna medida”, anticipó.
“La suma de estas dos cosas, más el desempleo creciente que está habiendo, genera un contexto de crisis importante. En la provincia de Tierra del Fuego no hubo paritarias y los salarios quedaron notablemente retrasados frente a esta quita de subsidios y reducciones de asistencia para los hijos”, apuntó.
Como punto de partida de un cuestionamiento judicial tomó en cuenta que este recorte en las asignaciones “no incluye al sector estatal. El sector privado tuvo paritarias pero el porcentaje logrado se pierde con el recorte a las asignaciones. Pero el sector estatal, que siempre es más privilegiado y siempre es un problema en sí mismo, no está exento tampoco, porque si no les sacan por un lado, les sacan por el otro. Termina siendo lo mismo”, lamentó.
La posibilidad de revertir el decreto depende en gran medida de una celeridad que la justicia no está demostrando en otros casos análogos. “El planteamiento por el lado judicial va a ser complicado, como lo ha sido en el caso de las tarifas. Todavía está tratándose la constitucionalidad, la razonabilidad o la legalidad de los aumentos tarifarios, y las causas han terminado siendo unificadas en una Cámara Federal de Capital Federal y en distintos lugares del país. Esto todavía está muy lejos de ser resuelto y ya lleva seis o siete meses. Mientras tanto la realidad nos pasa por arriba rápidamente. Todas las causas que están en la Cámara Federal se refieren a los aumentos que ocurrieron hace seis o siete meses y ya estamos con una nueva tanda de aumentos a partir del 1° de agosto”, alertó.
“No veo que haya una posibilidad de resolver judicialmente de manera oportuna esta cuestión. En lo que hace a la cuestión de fondo, es decir si el Poder Ejecutivo está facultado por decreto para reformar estas asignaciones por hijo, que son las que pegan más fuerte en la provincia, en principio el Poder Ejecutivo tiene facultades reglamentarias y de ponderación en lo que hace a Tierra del Fuego, respecto de si deben existir o no las zonas que había”, indicó.
“Pero el decreto se refiere al sector privado y no al estatal, y ahí veo un punto de discriminación importante, porque la misma tarea se realiza en el sector privado: el argumento del Poder Ejecutivo es que el sector privado no se diferencia mucho con la Capital Federal, y hay que ver si ese argumento se corresponde o no con la realidad, si es arbitrario y no se sustenta. En caso de que no fuera falso, tendrán que explicar por qué razón ese criterio se puede aplicar para un trabajador privado y no para uno estatal, que vive en el mismo lugar”, planteó.
“El que trabaja en Ushuaia en el sector estatal no se diferencia del trabajador privado, por el mercado en que se mueve, y ese argumento no se puede dividir: si dicen que la condición de una familia en Ushuaia es similar a la de una familia en La Matanza, eso no puede ser dividido o sostenido respecto de otra familia por la circunstancia de que trabaja en el sector público”, expresó sobre eventuales consideraciones que deberían ser tenidas en cuenta en futuras demandas.
No obstante, consideró a la justicia más como parte del problema que de la solución: El problema que tenemos en la ex República Argentina (sic) es la lentitud de la justicia. Precisamente hoy no tenemos una república en toda su dimensión como lo dice la Constitución, y yo le adjudico gran parte de la responsabilidad al Poder Judicial”, concluyó.
