A raíz de las diferentes medidas que el Gobierno nacional está tomando contra Tierra del Fuego, el Movimiento Popular Fueguino, a través de una iniciativa del legislador Damián Loli Löffler, presentó dos proyectos que tienen que ver con impedir que la empresa prestataria del gas natural domiciliario y energía eléctrica continúen con el corte del servicios en aquellos hogares que poseen deuda. Y por otro lado impulsa un proyecto de Resolución para rechazar el Decreto del Presidente Macri que reduce las asignaciones familiares pese a la suspensión provisoria de la aplicación del mismo.
Río Grande.- El legislador provincial Damián Löffler, con el acompañamiento de los legisladores Mónica Urquiza y Pablo Villegas, presentó dos iniciativas. Por un lado se busca preservar el derecho de los consumidores de gas natural y electricidad pensando en los sectores vulnerables y por el otro, para rechazar la decisión del Gobierno nacional de recortar las asignaciones familiares.
En el primero de los proyectos, el legislador del MoPoF en los considerandos de la norma remarca «el carácter esencial que reviste del suministro de gas domiciliario, y mucho más aún en nuestra Provincia austral» y en virtud de los aumentos de tarifas dispuestos por el Gobierno nacional y la caída del empleo, «muchas familias han sufrido también el corte en este servicio tan básico» por lo que el proyecto busca «atender a la necesidad humanitaria urgente de los usuarios consumidores y de sus familias, que no sólo se ven afectados por las elevadas tarifas sino también por las decisiones -en algunos casos intempestivas- de las empresas prestadoras de los servicios».
Esto surge en virtud de que han habido casos, denunciados por los usuarios en que el gas se corta en horas de la madrugada con el perjuicio que esto implica para las familias que se ven afectadas por esta decisión».
Por lo tanto con la sanción de la Ley se busca que «durante el periodo de temporada invernal, en forma previa a la suspensión o interrupción del suministro domiciliario de electricidad y gas natural por falta de pago, las empresas prestadoras deberán comunicar la situación a la autoridad administrativa competente en materia de Defensa del Consumidor correspondiente al domicilio del usuario».
En dicha comunicación se deberá consignar: nombre y domicilio del usuario, número de medidor y montos y períodos adeudados; debiéndose adjuntar las intimaciones efectuadas en forma previa a la determinación de la suspensión o interrupción del servicio. Efectuada la comunicación, la autoridad administrativa competente en materia de Defensa del Consumidor dispondrá la citación del usuario a fin de que formule el correspondiente descargo».
Y posteriormente, «el usuario podrá solicitar, o bien cuando -por las circunstancias del caso- la autoridad administrativa de Defensa del Consumidor lo considere pertinente (atendiendo a la situación de vulnerabilidad del usuario o de su grupo familiar), la intervención a las autoridades municipales y provinciales con competencia en asuntos sociales, y en materia de protección de la niñez, adolescencia y la familia».
Finalmente Löffler entre los considerando de la propuesta también mencionó lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia señalando que «el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios» además, señala el mismo fallo, «resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos.
Asignaciones familiares
En lo que respecta a las asignaciones familiares y al Decreto del presidente Macri para eliminar los porcentuales zonales de la Patagonia y ponerlos al mismo nivel de la provincia de Buenos Aires señaló que desde la Legislatura «estamos promoviendo un Proyecto de Resolución para rechazar ese Decreto», y si bien reconoció que la semana pasada se suspendió la aplicación del mismo por 30 días también alertó sobre la posibilidad de que Cambiemos insista con la idea en el futuro porque «ya sabemos el interés que Macri tiene por la Patagonia» dijo con ironía.
Por lo tanto anunció que a través de la iniciativa «vamos a solicitar que diputados y senadores fueguinos impulsen una norma en la que ya queden establecidos esos porcentuales y evitar que el Gobierno nacional en el futuro insista con esa decisión que nos parece totalmente impopular y atenta contra el bolsillo de los trabajadores que vienen soportando todo tipo de ajustes en su bolsillo».
El legislador explicó que una norma de esta naturaleza «va a garantizar el derecho de los Trabajadores porque en la actualidad como ya lo demostró la gestión de Cambiemos, un simple Decreto podría dejar sin efecto los mismos».
