La legisladora del MPF Mónica Urquiza informó que este miércoles está prevista una reunión de la comisión de presupuesto, ante la intención del oficialismo de que se apruebe el jueves un paquete de obras por mil millones de pesos, financiadas con la diferencia generada por la devaluación. Se prevé la presencia del Ministro de Economía y el de Obras Públicas, y la legisladora pedirá explicaciones sobre la subejecución del presupuesto, que arroja un 8% de los trabajos previstos para el año. Recordó varios pedidos de informe girados al ministro Vázquez que no tuvieron respuesta y, de no obtenerla esta semana, avanzarían con una nueva acción judicial para acceder a la documentación.
Río Grande.- La legisladora del MPF informó por Radio Universidad 93.5 sobre la convocatoria a reunión de comisión de presupuesto para este martes, con la intención de dictaminar sobre el proyecto ingresado antes del receso legislativo sobre un nuevo paquete de obras por mil millones de pesos, que podría aprobarse en la sesión del jueves.
En principio se la consultó sobre la eliminación del fondo sojero que, según el oficialista Federico Bilota, incumple el pacto fiscal. “El pacto fiscal es bien claro y dice que se seguirá coparticipando el fondo en la medida que exista, y el gobierno nacional o dejó sin efecto. Esto tiene que ver con los distintos acuerdos que han venido suscribiendo el gobierno de la provincia con el gobierno nacional, que llamaron ‘el acuerdo para el nuevo federalismo’. Esto lo basan en la eliminación gradual de la detracción del 15% de coparticipación por las presentaciones judiciales de algunas provincias, que terminaron acordando con el resto. Estas medidas que se van tomando están escritas en los distintos acuerdos”, aseveró.
“Puede que se hayan adelantado unos meses en eliminar el fondo sojero -de hecho el gobernador de Salta Urtubey reconoció que estaba acordado para 2019- pero uno lee el acuerdo y está escrito. La Legislatura, con el bloque del FPV y el bloque de Cambiemos, que desde el inicio del gobierno tiene un acuerdo político y de gobernabilidad, lo aprobaron”, indicó.
“Nosotros sostuvimos que esto significaba ceder recursos y derechos de la provincia y nos dijeron que no, hasta nos mandaron a leer. Pero uno lo leyó en su momento, lo vuelve a leer y no hay mucha vuelta para darle. Para la gobernadora este era el mejor acuerdo de los últimos 50 años”, apuntó.
En función de esta lectura del pacto fiscal, habría una “falsa sorpresa” de parte de los funcionarios del gobierno: “Hoy todos quieren despegarse del gobierno nacional cuando avalaron todas estas medidas.
Uno escucha que no lo sabían y tanto el ministro Frigerio como el ministro de Economía de la Nación dicen que los gobernadores lo sabían. Uno por otro lado sabe que han tenido un par de reuniones para discutir el presupuesto 2019 y sabíamos el porcentaje del déficit nacional que iban a tener que absorber las provincias. Esto evidentemente se tiene que haber discutido”, barajó.
“Uno escucha que se están discutiendo los fondos del FONAVI también, pero lamentablemente nuestro bloque no es convocado para este tipo de reuniones”, dijo.
Se le preguntó si como bloque no tienen información de la senadora Boyadjián, que está en el interbloque de Cambiemos. “Lo que nosotros sabemos es que ella tampoco tenía novedades sobre esto”, respondió Urquiza.
Presupuesto 2019
De cara al análisis del presupuesto del próximo ejercicio, teniendo en cuenta que el 31 de agosto vence el plazo para la presentación del proyecto provincial, la legisladora dijo que “habrá que hacer un análisis finito de los recursos, porque en el presupuesto 2018 están incorporados los 200 millones de dólares del endeudamiento, que teóricamente estaban destinados a obras que ni siquiera se han iniciado. Veremos qué proyectan para el año que viene y pretendemos discutir todos los temas”, subrayó.
“A partir de 2019 empezamos a pagar intereses y capital de la deuda, y este año están presupuestados 345 millones de intereses, a un dólar a 19,30 pesos. Son más o menos 18 millones de dólares de intereses. El año que viene va a ser más porque se suman las cuotas de capital. Cuando empecemos con el análisis vamos a tener la ejecución real de los recursos, porque uno presume lo que va a recaudar y gastar, y habrá que ver el ejecutado”, observó.
Descartó un reconducido en la provincia como se presume que puede ocurrir con el presupuesto nacional, porque “si en la provincia tenemos que trabajar con un presupuesto reconducido va a ser responsabilidad exclusiva del oficialismo. Tienen mayoría propia y, con su acuerdo con Cambiemos, tienen 11 votos, así que tienen cómo aprobar el presupuesto. A nivel nacional el oficialismo no tiene todos los votos, pero no es así en la provincia, porque tienen mayoría propia simple, y agravada con el bloque UCR-Cambiemos”, señaló.
Comisión de presupuesto
Consultada acerca de si tienen alguna información de las reuniones del ministro José Labroca con autoridades nacionales, dijo que “a nuestro bloque no bajó ninguna información”, y confía en poder conocer más detalles este miércoles, dado que “han convocado a una reunión de comisión de presupuesto, para el análisis de un proyecto presentado el mes pasado por el Ejecutivo, por la diferencia de cotización del endeudamiento de los 200 millones de dólares. Ellos dicen que por la diferencia de cotización tienen más recursos para realizar más obras y pretenden afectar más de mil millones de pesos en una serie de obras. Estamos atentos al miércoles y esperamos tener la presencia del Ministro de Economía y el de Obras Públicas”.
Cuestionó que estén “apurando una ley de estas características, con todo lo que uno viene escuchando de pasillo, porque ya está confirmado que no van a existir los recursos de la soja y por ahí no van a llegar los recursos del FONAVI. Acá hay que establecer prioridades y determinar adónde se dirigen los fondos. Hay 400 millones afectados a la obra del microestadio de Río Grande de los fondos de la devolución del 15%, que otorgó préstamos a las provincias por el fondo de sustentabilidad del ANSES. En 2016 la provincia recibió 346 millones; en 2017, unos 125 millones, ya pagamos en 2017 casi 70 millones de intereses y en 2018 vamos a pagar 104 millones de intereses, y no hemos visto que haya comenzado la construcción del microestadio”, remarcó.
“Por eso esperamos tener al Ministro de Economía. Esto está escrito en el informe de la cuenta general del ejercicio de 2017 que presentó el gobierno al Tribunal de Cuentas, y la obra no está iniciada. No veo el negocio que estamos haciendo, porque este gobierno nos ha endeudado terriblemente, y no hace ninguna obra. Por otro lado reclama que, por no tener el fondo sojero, no se va a poder pagar la redeterminación de un centro de salud. La ley 1149 determina el destino de los 200 millones de dólares y de los fondos de los préstamos del fondo de garantía de sustentabilidad de 2016 y 2017; incluso hay dos obras de Ushuaia, que son plantas para obras sanitarias, que se financian en un 80% con subsidios de recursos hídricos de nación, y la diferencia del 20% se paga con endeudamiento de los 200 millones de dólares”, dijo.
“La verdad es increíble que no se hagan las obras, porque los recursos están y ya pasaron dos años. Evidentemente es un modelo de gestión para endeudarnos, porque uno ni siquiera piensa que puede ser una decisión política comenzar todas las obras a fin de año para ganar las elecciones en 2019. Vemos que el microestadio de Río Grande ya tiene problemas con la empresa; el puerto comercial de Ushuaia no tiene ni siquiera el proyecto; con el camino costero todavía tienen problemas con las tierras de los privados, pero lo adjudicaron y pagaron un anticipo financiero de más de 200 millones de pesos, porque el pliego habla del 15% del total”, estimó.
“Hemos pedido informe obra por obra al Ministerio de Obras Públicas y no recibimos absolutamente ninguna respuesta. Es más, estamos preparando una presentación judicial como tuvimos que hacer con los expedientes de la Secretaría de Seguridad. Vamos a ver ahora qué ocurre en la reunión de la comisión de presupuesto y que el Ministro de Obras Públicas nos venga a explicar todo esto, pero lamentablemente no somos autoridad en ninguna comisión”, sostuvo.
Finalmente cuestionó que no se le dé la posibilidad de participar de las licitaciones a las empresas locales, que “tienen su capital en la provincia”, pese a las malas experiencias con las empresas que llegaron de afuera. Puso como caso paradigmático la ampliación del muelle de Ushuaia, que “le quita seriedad a la provincia como destino turístico” al no poder cumplir con el compromiso asumido con las empresas de cruceros.
