El Dr. Jorge Pintos, abogado de Carlos Córdoba, cargó contra la filtración de información a los medios, “con lujo de detalle”, de las pruebas que obrarían en poder de la justicia contra su defendido. Adelantó que iniciará acciones por la violación del secreto que se debe preservar, dado que sólo las partes pueden tener acceso al expediente. Expuso una “intencionalidad política” al dar a conocer puntualmente detalles de supuestas grabaciones que involucran a su cliente con las estafas. Carlos Córdoba no declarará este jueves sino el próximo lunes, tras pedir una reprogramación de la indagatoria. Según Pintos, está “tranquilo”, y el hecho de haber pasado de denunciante a imputado “no es algo que preocupe demasiado, porque nadie es tan tonto para estar involucrado en una maniobra e ir a denunciarla, para poner la cabeza en el cepo”, argumentó.
Río Grande.- El abogado de ATE, Dr. Jorge Pintos, realizó declaraciones ayer a FM Del Sur, tras conocerse el allanamiento a la vivienda de Carlos Córdoba y su nueva calidad de imputado en la causa de las estafas con las viviendas de ATE, tras haberse presentado como denunciante.
El jueves estaba citado aindagatoria pero pidió una postergación, porque no estará en la provincia, por lo cual fue reprogramada para el próximo lunes 6, a las 10 de la mañana. En caso de quedar procesado, no hay temor de una prisión preventiva porque “la pena para estos delitos es muy baja, con un máximo de seis años y de hecho todos están en libertad”, dijo.
Para el letrado, “el llamado a indagatoria de Carlos Córdoba era una probabilidad que se manejaba desde el inicio de la causa. Él hizo la denuncia y está como secretario general, máximo responsable del gremio y, al denunciar una maniobra de gente involucrada en el gremio, podía existir la posibilidad de que lo llamaran en algún momento para ver alguna cuestión puntual, y es lo que ocurrió”.
“Se puede llegar a suponer que él sabe todo lo que ocurre, todas las actividades del gremio, y sabemos que no es así, porque hay muchos delegados y cada uno tiene su área. La imputación tiene que ver con un grado de sospecha sobre algo y es conveniente que se lo cite en calidad de imputado y no de testigo. Si no, se estaría violando su derecho a no declarar contra sí mismo, por reconocer documentación o alguna cuestión que haya dentro de la investigación”, explicó.
“El hecho de que declare como imputado resguarda más sus garantías procesales como responsable. No es algo que preocupe demasiado, porque nadie es tan tonto para estar involucrado en una maniobra e ir a denunciarla, para poner la cabeza en el cepo”, sostuvo.
Recordó que “cuando él se enteró de que había alguna maniobra, y cuando esto tuvo una cierta trascendencia que demostraba la verosimilitud, se presentó a hacer la denuncia, para que sea la justicia la que investigue y vaya hasta las últimas consecuencias. Indudablemente había al menos dos personas de la comisión de vivienda del gremio que estaban directamente involucradas, por lo que decían los afectados, que son Arana y Belbey, y fueron los primeros denunciados porque las versiones hablaban de ellos”.
Recién ayer tenía previsto acceder a la causa, “porque Carlos Córdoba como responsable del sindicato fue denunciante y por lo tanto no era parte. Él nunca tuvo conocimiento de qué se estaba investigando y quiénes eran los demás involucrados. Recién ahora que recibe una imputación podemos tener acceso como para saber qué se hizo, qué se investigó y si hay algo más para aportar”, dijo.
Reiteró que “la denuncia fue contra Arana y Belbey porque fueron los nombrados por algunos presuntos damnificados. Hay una persona más del gremio que es Lilian Galli, que está llamada a indagatoria, y era una especie de superior dentro de la estructura sindical, y estaba por encima de Arana. El llamado a indagatoria es para que preste declaración y diga si sabía o no lo que estaba sucediendo. Galli dará su versión, pero eso no significa que existan pruebas de que ha hecho algo. Es razonable que se llame a indagatoria a personas que están un poquito más arriba, para saber el grado de conocimiento que tienen, pero no significa que estén directamente implicados en la maniobra de estafa y no hay ninguna prueba que tenga que ver con dinero ni nada por el estilo respecto de ellos”, aseveró.
Consultado sobre el resultado positivo de los allanamientos del viernes, dijo que “si bien las noticias hablan de ‘resultado positivo’, eso es porque se encuentra lo que el juez pide que secuestren, una computadora, un celular, y nada más. En el caso de Córdoba le secuestraron el celular, lo entregó, y una computadora que estaba en su casa. El resultado positivo indica solamente eso. Si la computadora tiene algo de importancia todavía no se sabe porque no hubo tiempo de hacer las pericias. Por lo que sé, tampoco va a haber nada porque la computadora no tenía nada comprometedor, pero eso vendrá después”, indicó.
Querella denegada
Sobre la posibilidad de constituirse en querellante para acceder a la causa con anterioridad, el abogado explicó que “a Carlos Córdoba nunca le dieron el carácter de querellante porque todo tenía que ver con el seno del gremio y había una sospecha de que podía haber algo más dentro del seno del gremio. Recién ahora vamos a acceder a la causa porque está imputado y ahora sí tiene derecho a ver todo. Arana, que fue acusado por Córdoba, siempre tuvo acceso a la causa porque está imputado”, diferenció.
La filtración a los medios
En otro tramo de la entrevista, el abogado cargó contra la filtración de “información muy precisa” a los medios de comunicación, donde “se están mencionando un montón de detalles de imputados, de los involucrados, los montos y todo lo demás, cuando el que denunció no tiene conocimiento todavía. Las causas penales son secretas, y lo dice la ley, entonces también se va a pedir la investigación para ver quién ha filtrado todo este tipo de información, porque el Poder Judicial no puede filtrar este tipo de datos”, cuestionó.
Ante la pregunta sobre las motivaciones para filtrar esta información, sentenció que “indudablemente pueden ser utilizados políticamente, al estar hablando de un gremio tan importante como ATE. Seguramente esto va a derivar en otra actuación porque no se puede sacar información tan livianamente de una causa penal tan importante como esta”, fustigó.
Ratificó que a su criterio “indudablemente hay un interés de algún lado en que se mencione que el secretario general de ATE está involucrado en una causa. No me cabe otra. Esto lo veremos después, cuando tome vista de la causa, porque lo que me enteré, fue todo por los medios”.
Hizo hincapié en que “acá hay una falla importantísima del Poder Judicial para que se esté ventilando información en una causa que por ley es secreta, salvo para las partes. Si la información salió de algún miembro del Poder Judicial sería gravísimo. Si lo hizo el imputado (Arana) es una posibilidad y será su responsabilidad, pero no creo que haya salido de ahí porque lo complica más todavía”, observó, prácticamente descartando esta fuente.
“Me parece raro que alguno de los imputados haya dado tanta información y vamos a pedir que se investigue si es que hubo algún tipo de filtración de información. Carlos Córdoba está tranquilo porque no tiene nada que lo involucre directamente en esta maniobra. Se presentará, dará su versión y explicará cualquier duda que hubiera dentro de las pruebas que hay en el expediente”, adelantó, por lo que se presume que no se va a negar a declarar el lunes.
Apuntó que “la causa está compuesta por 11 cuerpos y son más de 2.400 fojas que habrá que analizar con detalle, pero Córdoba está tranquilo porque fue el que denunció apenas vio que había verosimilitud sobre una supuesta maniobra”.
El pedido de Arana a Córdoba
Pintos hizo referencia a un pedido del denunciado Arana al secretario general Carlos Córdoba para incluir gente en el listado que no cumplía con los requisitos, pero negó que Córdoba conociera que había dinero de por medio. “En algún momento Arana le pidió a Carlos Córdoba ingresar al listado determinada gente que no era del gremio. Por lo que tengo entendido, en ese momento dijeron que creían que no correspondía, pero quien tenía el control era el IPV y quedó en que se le consultara al IPV. Se hizo una nota al Instituto, que dijo que no reunían los requisitos, y todas esas personas quedaron fuera de la operatoria. Quedó como que estaban fuera de la operatoria, lo que no se sabía era que alguien de ahí adentro estaba cobrando para tratar de ingresarlos”, aseguró.
“No son víctimas sino partícipes“
Finalmente el abogado deslizó sospechas sobre quienes se presentan como víctimas y serían partícipes del delito, por pagar una presunta coima: “Se habla de muchísimo dinero y ahí hay otro detalle, porque ¿cómo una persona puede entregar 500 mil, 600 mil pesos, una camioneta, dólares, y semejante cantidad de plata sin un recibo, sin nada? -se preguntó-. Acá habrá alguno pudo haber sido sorprendido en su buena fe, pero en otros casos, si esa persona estaba pagando porque sabía que no cumplía los requisitos, para forzar su ingreso a una lista, no es una víctima. En todo caso es un partícipe de la maniobra también. Es alguien que intentó ser beneficiado por una maniobra y eso se tendrá que determinar después”, concluyó.
