Luego de una tensa negociación entre el Poder Ejecutivo y un grupo de legisladores de la oposición, el Gobierno nacional accedió a girar por decreto a las provincias y municipios $4.125 millones del fondo sojero. Lo cobrarán aquellos distritos que adhirieron al pacto fiscal, es decir que quedan afuera La Pampa y San Luis, donde la mitad de esos fondos deberá ser destinada a los municipios. Un punto clave de la medida es que no deja restablecido el Fondo Sojero para el 2019, algo que se deberá discutir en el Congreso cuando comience el debate por el Presupuesto, que no contempla su existencia.
Buenos Aires.- El Gobierno nacional logró desactivar la sesión especial en la que oposición amenazaba con derogar el decreto que dio de baja el Fondo Sojero, para lograrlo, tuvo que negociar el giro de 4100 millones de pesos hasta fin de año a modo de compensación para provincias y municipios.
La concesión de la Casa Rosada es parte de las negociaciones que se estaban llevando adelante desde el fin de semana para desactivar una sesión especial en la Cámara de Diputados que podría terminar con una derrota fuerte para el oficialismo, donde de todos modos confiaban en que no pasaría por el Senado, por lo cual la sesión especial de este miércoles quedó automáticamente cancelada.
Tras la eliminación del mecanismo de transferencia automático, un grupo de diputados activó un diálogo con altos funcionarios para obtener el dinero pendiente de pago de 2018, y en ese marco, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, se comprometió a cancelar los montos adeudados del ejercicio vigente.
En las próximas horas el presidente Mauricio Macri suscribirá otro decreto, que crea el Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios, con la transferencia de $4.125 millones en cuatro cuotas hasta finalizar el año el 31 de diciembre de 2018.
Sin embargo, esa medida solo beneficiará a las jurisdicciones que aceptaron y firmaron el Pacto Fiscal en 2017, por lo cual La Pampa y San Luis no recibirán un solo peso.
La norma de Macri establecerá que una vez recibidos los fondos, los gobernadores deberán repartir el 50% de cada cuota a los municipios, un 20% por encima de la distribución habitual del impuesto, que era del 30%.
La iniciativa se tomó luego de la reunión del mandatario con los gobernadores en la Casa Rosada y en medio del debate por la aprobación del Presupuesto 2019, condición fundamental del FMI para autorizar el anticipo de desembolsos para la Argentina del 2020 y 2021.
En este marco, los legisladores opositores levantaron la sesión especial convocada en la Cámara baja para este miércoles a las 11.30 en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 756/2018 de Macri, que derogó el 206/09 de Cristina de Kirchner y eliminó del Fondo.
«Trabajamos para que se les reconozca a las provincias el dinero que le correspondía», celebró el diputado salteño Pablo Kosiner. «Implica el reconocimiento de las razones que se expusieron desde el bloque Argentina Federal», agregó.
Según Kosiner el Gobierno se «comprometió a constituir un programa de asistencia que fortalecerá los presupuestos de obras de infraestructura y compensa los recursos del Fondo Federal Solidario hasta fin de año». «Es un tema que nos tenía preocupados y teníamos como objetivo resolver el problema», expresó.
Además de Kosiner, en la negociación participaron Diego Bossio, el tucumano Pablo Yedlin y los oficialistas Nicolás Massot y Emilio Monzó. El gobernador que destrabó el asunto y mantuvo varios contactos con Frigerio fue Juan Manzur, de Tucumán.
Desde Argentina Federal anticiparon que también se habría acordado que para el año que viene la adenda al Pacto Fiscal que se aprestan a firmar varios gobernadores establece una «mayor recaudación» para las provincias por los cambios previstos en el sistema tributario habrá, con lo cual podrán suplir en parte lo que no recibirán por el eliminado Fondo Sojero.
La sombra del Presupuesto
Este nuevo guiño del Ejecutivo a las provincias se dio a horas de que se presentase en Diputados el Presupuesto 2019.
Durante su ponencia del lunes, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dedicó un apartado a los gastos sociales, previsionales, de salud y programas alimenticios en lo que se interpretó como un guiño del Gobierno al peronismo para lograr su apoyo a la hora de aprobar la iniciativa en el Parlamento.
Se trata de la faceta “social” que, según los números que proyectó el Poder Ejecutivo, superarán a la inflación durante el año próximo. Dujovne se encargó de resaltar esta cuestión en varias oportunidades.
Según lo anunciado, el gasto primario del Estado nacional crecerá a un ritmo del 24% en 2019 y el gasto social se expandirá un 32%, según el proyecto de Presupuesto 2019 presentado este lunes por el Gobierno en el Congreso.
«Este es un proyecto con prioridades presupuestarias. Es austero, pero con prioridades claras», dijo el ministro de Hacienda, al presentar la iniciativa en la Cámara de Diputados.
«Hemos logrado minimizar el impacto de la consolidación fiscal sobre la actividad económica y la situación social», dijo el funcionario ante los legisladores del oficialismo y la oposición política.
En este marco, Dujovne precisó que el gasto primario del Estado crecerá a un ritmo del 24% anual; el gasto social, un 32%; el gasto en la seguridad social, 35%; en salud al 29%; vacunas y remedios, 94%; asistencia social, 29%; programas de compras de alimentos, un 60%.
Asimismo, las transferencias a universidades se expandirán un 39%; y el gasto en ciencia y técnica crecerá a un 28%.
La cuestión social es una de las variables que el Gobierno buscó negociar con el FMI a la hora de sellar el préstamo y sus condiciones.
Voto a Voto
Según los números que maneja el Gobierno, el oficialismo contaría con 40 diputados y 50 senadores en el Congreso para votar el Presupuesto 2019.
En este sentido, creen que si bien la votación estará muy disputada, la ley sería aprobada gracias al apoyo del peronismo no kirchnerista. También esperan contar con el apoyo de los gobernadores en dos puntos clave.
El primero, consistirá en que los mandatarios presionen a sus representantes en el Congreso y permitir la aprobación del Presupuesto. El segundo, que los gobernadores avancen en la adenda fiscal, un compromiso de deuda de las provincias que también ingresará en el Senado.
