El legislador del MPF Pablo Villegas ató esta decisión a “los vaivenes” en la relación política entre la gobernadora Bertone y el intendente Walter Vuoto. Recordó que el Superior Tribunal de Justicia ya falló a favor de la demanda de la AREF, reconociendo la facultad de la provincia para recaudar el tributo, pero el oficialismo puso un freno nuevamente a la aplicación de la ley 1075.
Río Grande.- Ayer se desarrolló la séptima sesión ordinaria del período legislativo 2018 y, como novedad, se impuso una nueva suspensión a la aplicación de la ley 1075, poniendo paños fríos al conflicto entre el gobierno y los municipios por el cobro del impuesto inmobiliario.
“En la sesión se trató el impuesto inmobiliario urbano previsto por el código fiscal que se estableció por la ley 1075 y se planteó una nueva suspensión de ese régimen”, informó el legislador del MPF Pablo Villegas por Radio Universidad.
Recordó que “la ley 1075 -votada en el paquete de enero de 2016- modificó el régimen del impuesto inmobiliario urbano, que hasta 2016 estaba en cabeza exclusiva de los municipios, en cuanto a su cobro y libre disponibilidad de esos recursos. A partir de la ley 1075 se cambiaron las reglas de juego y la provincia recuperaba la potestad de percibir los recursos del inmobiliario urbano. El MPF no votó esto en esa oportunidad y esta ley provocó un verdadero terremoto político, fue una tensión político-institucional que, al parecer, no ha tenido sentido, porque el Superior Tribunal de Justicia se expidió sobre la acción declarativa de certeza que presentó la AREF, le reconoció la potestad a la provincia, los municipios plantearon recursos extraordinarios que fueron rechazados y hoy en día están en queja ante la Corte Suprema de Justicia. Pero después de todo ese trámite institucional, jurídico y político que se dio en medio, de la noche a la mañana plantean una nueva suspensión de la ley”, sostuvo.
“Uno sinceramente no entiende el porqué de esta tozudez de generar semejante inseguridad jurídica, porque al día de hoy no sabemos quién tiene la potestad de cobrar el impuesto, de fijar las alícuotas, no sabemos si son los concejales, si somos los legisladores o el gobierno de la provincia”, cuestionó.
“Hoy el mismo bloque oficialista, con sentencia judicial a favor, es el que suspende el régimen que ellos mismos impusieron en enero de 2016, sin dar mayores razones. La única explicación es que se trata de una cuestión política”, afirmó.
Para Villegas “la cuestión política tiene que ver con este ida y vuelta que tiene la relación de la gobernadora Bertone con el intendente de Ushuaia. Si están peleados, Bertone avanza con quitar la posibilidad de percibir el impuesto a los municipios, y si se amigan por cuestiones electorales, en función del escenario del año que viene, suspenden el régimen”, señaló.
“Esto es poco serio y los fueguinos nos merecemos otra forma de gobernar”, reclamó.
MPF con debate interno
Por otra parte, se le preguntó sobre la relación con la senadora Miriam Boyadjian, que decidió formar parte del Interbloque de Cambiemos, cuando a nivel local desde el MPF tienen un discurso muy crítico de la gestión e incluso del acompañamiento en las votaciones.
“Desde hace tiempo yo no tengo contacto personal con ella, que tiene una agenda muy cargada en la ciudad de Buenos Aires, pero hablamos y uno trata de debatir con el respeto debido sobre las opiniones tanto de ella en la Cámara como nuestras en la Legislatura, en el ámbito que corresponde, que es el partidario”, dijo.
Se le indicó que salvo las voces de Urquiza y Villegas, el MPF se mantiene en silencio sobre la realidad nacional y provincial, al menos en los medios. “Nosotros hablamos entre nosotros, tenemos nuestras opiniones, pero quedan reservadas al ámbito partidario. Son debates internos que los hacemos de manera muy respetuosa, sabiendo que nadie es dueño de la verdad, más allá de la mirada personal que puede tener cada uno respecto de la actuación del gobierno provincial y el nacional”, argumentó.
“Con la realidad social y económica que viven muchas familias en Tierra del Fuego, estas cuestiones están en un segundo orden. Tratamos de abocarnos más a una militancia partidaria tendiente a resolver los problemas de la gente, que la está pasando muy mal. La desocupación está lastimando a la familia fueguina y la tarea política de mi parte está enfocada a esa temática. La rosca la tengo en un segundo o tercer grado de prioridad”, subrayó.
Se insistió con la observación sobre la falta de posicionamientos del MPF de manera orgánica sobre la realidad nacional y provincial, dado que como partido no se toma postura frente a temas tan importantes que se debaten a diario. “La última vez que nos reunimos y sacamos un comunicado de parte de la convención fue respecto de la reforma electoral que había propuesto el Poder Ejecutivo de la provincia. Fuimos muy claros como partido político sobre lo que pensábamos y lo que íbamos a hacer en el ámbito legislativo.Dijimos que la reforma política no estaba en el orden de prioridades de la gente y que queremos debatir el problema de la desocupación, de la salud pública, el parate en la construcción del hospital de Ushuaia por errores garrafales de la gestión, los problemas del ámbito educativo como la intervención arbitraria del IPES Florentino Ameghino. Hemos pedido que se cite al Secretario de Seguridad, al Ministro de Educación, al jefe de gabinete, para que den explicaciones a la Legislatura sobre los supuestos atentados que hubo en los colegios, y que no son más que situaciones de deficiencia en la infraestructura escolar. Tratamos de poner distintos temas en la agenda política que son de interés de la gente, pero la realidad es que somos minoría. El oficialismo tiene un acuerdo de co-gobierno con la UCR-Cambiemos y esto nos imposibilita el tratamiento de esta agenda en el ámbito legislativo. Convivimos con esta realidad y tratamos todos los días de modificarla”, expresó.
Presupuesto y tarifa social
Por otra parte, se le preguntó sobre el proyecto de presupuesto y la tarifa social, dos proyectos que también tomaron estado parlamentario en la sesión de ayer.
Sobre el primer punto, indicó que “la comisión 2 ya estableció un cronograma de trabajo. Durante los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre vamos a tener un trabajo arduo, como se hace todos los años. El presupuesto provincial va a depender en gran parte de lo que suceda con el nacional y de algunas definiciones políticas que se den en la provincia”.
En cuanto a la tarifa social eléctrica, recordó que “en su momento nosotros presentamos un proyecto para crear un ente regulador de los servicios públicos en el ámbito de la provincia, que tenga potestad para establecer tarifas de estas características.Sabemos que la deuda flotante de la DPE ronda los 500 millones de pesos, y también están efectuando la compra de las famosas turbinas de Sullair por 12 millones y medio de dólares. Esa compra estaría por realizarse en el corto plazo y, frente a la negativa de entrega de información de parte del presidente de la DPE, hemos presentado judicialmente una acción sumarísima en el marco de la ley de acceso a la información pública”, anunció.
“Ya se encuentra tramitando la causa y seguramente mañana estarán notificando a la DPE para que entregue la información correspondiente sobre el informe económico-financiero que realizaron para avanzar en una compra por ese monto, cuál es el estado del material que se pretende comprar y toda la documentación respaldatoria. La demanda ingresó en el juzgado N° 1 del distrito judicial sur civil y comercial”, precisó Villegas.
Con respecto a las declaraciones del presidente de la DPE Alejandro Ledesma, sobre la imposibilidad de afrontar el costo de una tarifa social, reconoció que “hoy están con un cuadro tarifario desactualizado pero, si la DPE hace malos negocios e invierte más de 300 millones para comprar tres turbinas usadas en un estado que nadie conoce, a un precio mayor del mercado internacional, seguramente no va a haber situación financiera que pueda llegar a mejorar”.
“La eficiencia y la racionalización del gasto público en la gestión también tienen que ver con lograr ciertos estándares de mejoramiento financiero, y no es lo que ocurre precisamente en la DPE”, cuestionó.
Ampliación del muelle en Ushuaia
Finalmente volvió a cuestionar la falta de gestión de la provincia que hoy impone apurar la obra de dragado para que puedan entrar los grandes cruceros. El vicepresidente de la Dirección Provincial del Puertos había garantizado ayer que se llegará a tiempo con las obras, pero Villegas sostuvo que “está soslayando una cuestión fundamental, porque hubo un error estratégico de dejar en manos de terceros, en este caso el gobierno nacional, la ampliación del muelle de Ushuaia, y a la vez haber tomado compromisos con armadores marítimos internacionales. Esto provoca que ahora la provincia tenga que salir corriendo a hacer un dragado en la zona sur del puerto, porque la batimetría no da para que puedan amarrar estos buques de gran porte. Este dragado nos va a costar entre un millón y medio y dos millones de dólares, y nos va a servir para una o dos temporadas”, indicó.
“La decisión política acertada y estratégica debió haber sido la que van a tomar ahora. Hace un año y medio atrás tuvieron la posibilidad de tomar decisiones estratégicas de ampliar el muelle con fondos de la provincia. Ahora lo van a hacer, pero en forma previa habrá un gasto de casi dos millones en el dragado. Estas son las cosas que uno no comparte y es una verdadera picardía política este gasto innecesario para todos los fueguinos, cuando hace mucho tiempo se pudo haber licitado y ejecutado nosotros mismos la obra de ampliación del puerto.Esta licitación es de 2016 y se adjudicó a una empresa que empapeló Ushuaia de cheques voladores. En un principio es responsabilidad del gobierno nacional pero también hay una cuota de responsabilidad del gobierno provincial de no haber fijado esta obra como prioritaria, teniendo los recursos”, concluyó.
