El legislador Pablo Blanco se adjudicó la gestión ante YPF para lograr el aporte de cien mil dólares en concepto de responsabilidad social empresaria, como contraprestación al beneficio que implica el anexo del área Lobo a San Sebastián, aprobado ayer por mayoría. Aseguró que no existe ninguna presentación en la Secretaría de Hidrocarburos sobre los incumplimientos de YPF que expuso el gremio de petroleros privados en medio de la sesión, y recordó que es el organismo que debe velar para que esto no suceda. Al aporte de cien mil dólares por única vez a lo largo de diez años de concesión, se le sumarán 200 mil pesos anuales por canon de superficie como único beneficio para la provincia, por fuera de las regalías.
Río Grande.- El legislador del bloque UCR-Cambiemos Pablo Blanco dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre los beneficios para la provincia con la unificación de las áreas San Sebastián y Lobo, que quedan en manos de la petrolera YPF.
Explicó que “en la sesión se unificó el área Lobo, que no puede ser licitada porque está unida al área CA1, adjudicada oportunamente a YPF. Los recursos que hay en el área Lobo ya están siendo extraídos a través del área CA1. Si se llamara a licitación, se estaría propiciando una irregularidad, porque si se presenta otra empresa se le está ofreciendo un área donde no hay reservas, porque no hay reservas declaradas en el área Lobo, y están siendo extraídas por otra concesión”.
Mencionó que “hubo un caso similar que explicó el ingeniero Suárez”, con la unificación de ARA-Cañadón Alfa luego de la queja de Total porque YPF extraía recursos de su yacimiento. La petrolera francesa se quedó con ambos yacimientos luego de acciones judiciales, a diferencia de esta oportunidad donde nuevamente YPF extrae recursos de un área sobre la que no tenía concesión, pero que se le termina anexando.
Blanco se refirió a “los argumentos de quienes se oponían, particularmente el legislador Pablo Villegas, que dijo que podía haber presentaciones por parte de los municipios porque se los está perjudicando con la extracción del producto. Eso no es cierto, porque las regalías por lo que se está extrayendo del área CA1 se están pagando, con un convenio renegociado por el que se paga el 15% en lugar del 12%”.
Con esta fusión “la contraprestación que recibe la provincia, aparte del canon de superficie, es en concepto de responsabilidad social empresaria, que es un poco más del doble de lo que por metro cuadrado de concesión se obtuvo en la renegociación anterior. No olvidemos que son 42 kilómetros cuadrados, no 1.500 kilómetros cuadrados como se dijo. La concesión de Lobo son 42 kilómetros y el aporte por responsabilidad social empresaria -de 100 mil dólares- es en base a un promedio de 2.300 dólares por kilómetro cuadrado. En la concesión anterior el aporte era en base a un promedio de 989 dólares por kilómetro cuadrado”, recordó de la renegociación con YSUR-YPF.
“La concesión de Lobo se anexa a la concesión por los diez años que tenía la CA1, que fue renegociada con YPF. El canon de superficie que recibe anualmente la provincia es de alrededor de 200 mil pesos, independientemente de las regalías. Aparte está la contraprestación que gestionamos y ofreció la empresa, de 100 mil dólares, en concepto de responsabilidad social empresaria. Esos 100 mil dólares son por los diez años y en la otra renegociación fue un millón y medio de dólares, por un área de 1.500 kilómetros cuadrados”, apuntó.
Incumplimientos desconocidos
Consultado sobre la intervención del representante del sindicato de petroleros privados René Vergara, que se suma a las quejas de proveedores de YPF porque paga tarde y pide cada vez más requisitos, dejándolas casi en la quiebra, el legislador dijo desconocer esta situación.
“Yo le dije al representante del gremio que nos enteramos por la mañana de esta situación. Acá hay organismos de control que tienen que verificar el cumplimiento de la concesión llevada adelante por la renegociación. El organismo de control es la Secretaría de Hidrocarburos de la provincia, que fiscaliza el cumplimiento del contrato”, remarcó.
“Nosotros nos enteramos cuando fue el señor Vergara al ámbito de la Legislatura y tengo entendido que no hay ninguna presentación en ese sentido en el órgano de fiscalización, que es la Secretaría de Hidrocarburos. No estoy negando esa situación y no tengo información para decir que no es cierto”, sostuvo.
Respondió a las críticas de los que “opinan por desconocimiento, porque este tema ingresó a la Legislatura la semana pasada para ser tratado sobre tablas y nosotros dijimos que no, que debía ser discutido en comisión porque hacía falta mayor información. Uno estuvo haciendo averiguaciones y el gremio estaba en conocimiento. El gremio tranquilamente podría haber ido a la Legislatura a plantear la situación y no al momento en que se estaba llevando adelante la sesión, o media hora antes de que empiece”, manifestó.
El radical se adjudicó la gestión de los 100 mil pesos dado que, de otra manera, la provincia no iba a recibir nada a cambio de esta fusión: “Yo me encargué de que hubiera un bono de responsabilidad social empresaria porque no era posible llamar a licitación, por impedimentos legales. La propia ley dice que es imposible pretender cobrar un bono de renegociación porque no hay reservas probadas. Si alguno tiene alguna duda de cómo se actuó, en lugar de despotricar, que actúe”, desafió por último.
