En la sesión especial de la Legislatura fueguina, celebrada el jueves, se sancionó la modificación a la Ley que establece los límites geográficos de explotación hidrocarburífera, se incorporaron 42,25 km2 al área CA1. Se trata de una conexión hidráulica de las estructuras. En la negociación, la empresa concesionaria YPF deberá «destinar 100 mil dólares a obras de infraestructura social», anunció Pablo Blanco, durante el debate legislativo.
Ushuaia.- Se trata de 42, 25 km2, del área Lobo donde se realiza la conexión hidráulica de las estructuras, esta modificación a la negociación de contratos petroleros contó con 11 intenciones a favor y el voto contrario de la bancada de MPF, desde donde expusieron cuestionamientos durante la sesión, al asunto 441/18.
Durante el encuentro, el presidente de la bancada de UCR- Cambiemos, que acompañó el proyecto, argumentó su postura y mencionó las renegaciones realizadas años anteriores bajo la figura de responsabilidad social empresarial, “la Legislatura solicitó un monto de 3 millones de dólares en esa negociación”, recordó.
Además, el Parlamentario mencionó que en esta oportunidad, la empresa YPF, en la extensión del área se incluyó un artículo que “habla sobre un monto de 100 mil dólares destinados a proyectos y programas de infraestructura social, producto de gestiones que realizamos con la empresa. Creo que por la prontitud con la que fue tratado el tema, es lo mejor que se pudo lograr”, aseguró Blanco.
Párrafo aparte, criticó a quienes mencionaron que, en este acuerdo se logró a pesar de “los dichos de un funcionarios de la AREF, que dijo que cuando uno solicitaba un resarcimiento adicional, perjudicaba las inversiones”.
En la sesión, en tanto, el legislador Pablo Villegas (MPF) se quejó sobre los tiempos de análisis del asunto: “A esta altura de las circunstancias no entiendo cuál es el apuro existente para que en diez días tengamos que aprobar un acuerdo, cuando en la Secretaría de Hidrocarburos se tenía esta información desde hace más de dos años”, donde se menciona que podría estar en peligro el abastecimiento de gas para Tierra del Fuego.
Villegas recordó que en la Constitución de la Provincia, en el artículo 34 se establece “el sistema contractual para el otorgamiento de la exploración o explotación de yacimientos hidrocarburiferos, sistema con jerarquía constitucional, se estableció teniendo en miras que a través de los procesos licitatorios, previo al otorgamiento de una licitación pública, de esta forma tendríamos garantizada una mejor oferta económica, en mejores condiciones técnicas. Lisa y llanamente esta es la razón por la que se estableció el régimen de la concesión pública en la Constitución, este régimen se está pasando por encima esto”.
“Además de ser inconstitucional, tiramos por la ventana la posibilidad de negociar mayores y mejores recursos en concepto de regalías para la Provincia” por la explotación de nuestras áreas hidrocarburíferas, se quejó el legislador mopofista.
En este contexto, Villegas dijo que los fondos provenientes de estas negociaciones son necesarios para concluir obras de fundamental importancia para los vecinos de Tierra del Fuego.
Por otra parte, expresó que en esta renegociación se está dejando de lado la defensa de los intereses de la Provincia, “ya que si bien hoy se está buscando el marco legal para extender la zona de explotación, esta situación se viene realizando y el Ejecutivo debería pedir un resarcimiento económico por el uso de estos espacios sin autorización.
“En cambio lo que se hace es legalizarlo sin reclamar, esto es una cuestión litigiosa, algo similar ocurrió con Cañadón Alfa y Ara, que significó una demanda por 500 millones de dólares, porque a través de este yacimiento se estaban explotando los recursos naturales de otro yacimiento que no correspondía, en este caso pasa lo mismo” dijo.
El texto de la normativa, establece aprobar “la determinación del área CA1 Tierra del Fuego, fracción B incorporando 42,25 km2 correspondientes al área Lobo, la misma queda constituida por una superficie total de 1557,44 km2 de conformidad al Anexo I y en los términos del decreto provincial 2518/18”. En tanto, en el próximo artículo, la normativa sancionada, instruye “al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir un acuerdo específico con YPF SA” que busca definir en conjunto las obras y acciones “que se realizarán con el porte extraordinario equivalente a US$ 100.000”, que formarán parte de proyectos y programas de infraestructura social.
