El senador Julio Catalán Magni acompañó a la gobernadora Bertone en las gestiones realizadas en Buenos Aires y afirmó que el dictado del decreto 864 no es un error, sino que hay “intencionalidad manifiesta”. Vinculó esta apertura de importaciones de insumos con algunas señales que ayer dio el presidente en una fábrica de la ciudad de Buenos Aires, donde precisamente consultó sobre el costo de los televisores. “Al principio uno pensaba en equivocaciones, pero después de tres años claramente hay intencionalidad manifiesta de a quién quieren ayudar y a quién quieren perjudicar”, sentenció.
Río Grande.- “El decreto 864 generó una enorme preocupación y ha sido pública la manifestación de nuestra gobernadora, repudiando la decisión y cómo se tomó. Son 187 posiciones arancelarias con beneficio de arancel cero para el continente, entre ellas 40 de televisores, y tres de celulares”, dijo por FM La Isla el senador del FPV Julio Catalán Magni, que no ve “un error” en el dictado de esta norma, sino una “intencionalidad manifiesta” de beneficiar determinados sectores a costa de la producción fueguina.
Particularmente mencionó la nota que se publicó en la página de Facebook del presidente Macri, donde se lo ve “reunido en una fábrica de Nueva Pompeya”, de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de una fábrica de electrodomésticos que da a conocer la expansión en marcha y la intención de incorporar 80 trabajadores, y puntualmente Macri le pregunta sobre el costo de los televisores. La sospecha pasa por el intento de favorecer la radicación y generación de mano de obra en los centros de mayor población y en manos de Cambiemos, a costa de la provincia.
El senador recordó que se había avanzado “en una línea de diálogo responsable con el Ejecutivo nacional, con el ministro Sica, con los sindicatos, los empresarios, y nos encontramos con esta decisión tan dura. La gobernadora se puso al frente de esta discusión y nosotros estamos acompañando”, dijo de su rol en las negociaciones.
Informó que hoy a las 16:00 está prevista una reunión en Buenos Aires “con los empresarios, el ministro Sica, va a estar el ministro Caballero, para rever este decreto que supuestamente se modificaría. Para nosotros es poner en riesgo casi nueve mil fuentes de trabajo y todo lo que representa en la economía de la provincia. Estamos todos ocupados en hacer escuchar nuestra voz y que el Ejecutivo revea esta decisión equivocada, porque no evalúan el daño que genera al interior”, cuestionó.
Aseguró que “ni de parte de la provincia ni de AFARTE hubo consentimiento para avanzar con estas 187 posiciones planteadas en el decreto. En ningún momento hubo algún tipo de consenso, sino todo lo contrario, y ya conocemos la posición de la provincia y de la UOM”.
“El gobierno tiene estigmatizada a la Patagonia y desde hace unos días permite ingresar tablets, celulares, notebooks a los que tienen el privilegio de viajar al exterior, cuando lo que se había planteado desde AFARTE, la UOM y la provincia era ver de qué manera se podía controlar el contrabando. El propio Ejecutivo nacional termina blanqueando ese contrabando”, fustigó.
Para el senador estas decisiones son parte de las señales “que nos ponen en una situación de alerta. Esto va de la mano de la firma del pacto fiscal, porque hubo compromisos que asumimos de ambas partes, y vimos lo que pasó con el fondo de la soja después, con procesos licitatorios en marcha. Por un decreto el Ejecutivo nos deja sin recursos y se tiene que hacer cargo el gobierno provincial. Ahora nos enteramos de un decreto con 40 posiciones que impactan sobre la fabricación de televisores y una en particular es grave, porque golpea de forma directa en este producto. En el caso del celular son tres y muy graves para el desarrollo de esta industria”, aseveró.
Consultado acerca de si se puede considerar un nuevo “error” del gobierno, respondió que “después de tres años, claramente no. Al inicio de la gestión el gobierno de Cambiemos planteaba la prueba y error, empezó con la designación de jueces de la Corte por decreto; avanzó con las tarifas sin audiencia pública. Uno pensaba en equivocaciones pero, después de tres años, claramente hay intencionalidad manifiesta de a quién quieren ayudar y a quién quieren perjudicar. En este caso la Patagonia, los trabajadores y las pymes son los que más sufren estas decisiones, y hay un sector ligado al empresariado absolutamente beneficiado”, concluyó.
