Más de treinta asociaciones de defensa del consumidor presentarán en conjunto durante los próximos días un proyecto ante la Justicia para impugnar la disposición del Gobierno vinculada con que los usuarios paguen un importe adicional en la tarifa de gas por el impacto de la devaluación.
Buenos Aires.- Tras la decisión del Gobierno de autorizar un importe extra que deberán pagar los usuarios por el impacto de la variación en el tipo de cambio, la presidenta de la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (FEMUDECO), Inés Bienati aseguró que «la situación es desesperante para todos los ciudadanos».
La administración de Mauricio Macri autorizó a las distribuidoras de gas a cobrar a los usuarios un importe «extra» en 24 cuotas mensuales por la fuerte suba del dólar.
En ese escenario, Bienati destacó que “estamos en comunicación con otras organizaciones y estamos en total desacuerdo con la determinación». En ese sentido, resaltó que las organizaciones que forman parte de la Comisión de Usuarios de Enargas, las cuales «son más de treinta», presentarán una iniciativa ante la Justicia para «defender al consumidor».
Así, remarcó que presentarán «urgentemente el proyecto para lograr la impugnación y nulidad» de la resolución publicada en el Boletín oficial. «Es una barbaridad. Si ya la gente no podía pagar, no quiero imaginar ahora, que hay que abonar un dineral», cuestionó Bienati.
«Hay gente que la está pasando mal. Esto no sólo afecta a los más vulnerables, también a la clase media que ha quedado sin trabajo o tiene un solo empleo», consideró.
Evaluó que las quejas por parte de los consumidores «no constituyen un tema ideológico o de un partido» y subrayó: «Entiendo que era demasiado barato, pero tampoco estos valores se pueden pagar». «Los jubilados no pueden usar la estufa, cierran el gas, tratan de no usar el horno», apuntó Bienati.
Por su parte, la asociación Consumidores Libres calificó a la resolución de la Secretaría de Energía de «absolutamente abusiva, arbitraria, inconstitucional, y claramente confiscatoria». El representante legal de la entidad, Héctor Polino, consideró que «los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del peso». «En todo caso, tendría que hacerse cargo el Gobierno nacional a través de recursos que provengan de la recaudación impositiva», puntualizó.
Analizó que «el Congreso nacional debe tomar cartas en el asunto, dejando sin efecto la resolución porque la provisión del gas natural es un servicio público esencial que debe llegar a la totalidad de los habitantes del país».
Afirmó que las «tarifas deben ser razonables, progresivas, transparentes y proporcionales a la capacidad de pago de los usuarios».
