El Dr. Mauricio Neubauer, abogado de 36 trabajadores despedidos en febrero pasado, informó sobre la decisión de la Alzada de revertir el fallo de primera instancia, por lo cual se trabó embargo por 12 millones a la empresa Audivic. Esta demanda se suma al reclamo de los 70 trabajadores que siguen vinculados con la empresa y el letrado avizora una liquidación de bienes, dado que presentó el pedido de quiebra. Recordó la prioridad que tienen los trabajadores como acreedores.
Río Grande.- El Dr. Mauricio Neubauer, abogado de 36 trabajadores de Audivic que habían iniciado acciones legales luego de su despido en febrero pasado, informó de la decisión de la Cámara de Apelaciones, que dio vuelta el fallo de primera instancia y confirmó el embargo a Audivic por un monto de 12 millones.
Por Radio Universidad 93.5, explicó que se trata de “un embargo preventivo, porque estamos tramitando un proceso judicial contra Audivic, entendiendo que los montos que venían percibiendo y la modalidad de contratación de los trabajadores eran irregulares. En este caso Audivic generó una irregularidad mayor que en otras empresas”, dijo, frente a una compleja situación por la que no se los reconoce como empleados.
Separó el grupo que representa de los trabajadores que siguen vinculados con Audivic: “Yo estoy representando a los que se consideraron despedidos o fueron despedidos en febrero de 2018. Habían sido tomados en julio de 2017, cuando Audivic deja de ser cooperativa y pasa a ser empresa. En ese momento se firmó un convenio entre UOM y Audivic, que planteaba una situación de crisis que no se acreditaba en los balances. El tratamiento preventivo de crisis puede reducir algunos derechos del trabajador ante la crisis de una empresa, y esto intenta evitar la quiebra y que el trabajador pierda su fuente de trabajo. Esto lo puede solicitar el sindicato, el Ministerio de Trabajo o la propia empresa, pero hay que demostrar la situación de crisis, presentando los balances”, advirtió.
Según el letrado, esto no quedó demostrado y “Audivic solicitó seguir pagando como cooperativa. Esto nunca fue homologado por el Ministerio de Trabajo, ni de la provincia ni de la nación, es decir que es un hecho inexistente. Sin homologación no hay convenio, y además se firmó el 27 de julio con retroactividad al 1 de junio. Si bien no se homologó, la empresa lo puso en ejecución igual”, manifestó, lo que configura una de las irregularidades denunciadas.
“Cuando solicitamos la sábana de aportes de los trabajadores vimos que no había aportes, porque no había retenciones, es decir que los trabajadores no tenían un peso aportado a la obra social y al sistema de seguridad social. Se les pagaba con un recibo ficticio de 28 ó 30 mil pesos, que son entre 5 y 6 mil pesos menos de lo que cobraba cualquier operario de UOM. Esto generó diferencias salariales y que la relación fuera irregular. El 17% de los aportes que debieron ser realizados, son del trabajador, y esta gente no va a poder jubilarse porque ese período no se les computó”, sostuvo.
“La demanda planteó irregularidades manifiestas, como la aplicación de un convenio que no existía. La homologación de convenios implica comunicar a la AFIP, a la seguridad social y el empleador debe aportar, pero no hizo nada de eso. Por eso solicitamos una medida cautelar, porque durante una noche quisieron retirar elementos de la empresa y entendimos que estábamos frente a un demandado que podía intentar hacerse de los bienes que tenía la empresa. Fue una medida preventiva hasta tanto tuviéramos la sentencia judicial, y pedimos el embargo del inmueble. La suma de la demanda fue de 12 millones de pesos, pero en primera instancia se nos rechazó la cautelar. La resolución se apeló y el Dr. Löffler y la Dra. Martín determinaron la procedencia”, dijo de la decisión de los camaristas.
Ayer se notificaron de la sentencia de Cámara y pidieron que se trabara de inmediato el embargo. Neubauer agregó que “tomamos conocimiento de que la empresa tiene una solicitud de quiebra. Hay gente que no ha cobrado y no tiene ningún tipo de cobertura, y seguramente va a haber una acción judicial posterior a la que estamos haciendo”, barajó sobre el grupo de trabajadores que continúa con el reclamo y todavía no inició acciones.
“Audivic le debe plata al fisco, tiene un montón de acreedores, bancos a los que les debe, trabajadores que han trabado embargos, y lamentablemente los bienes que pueden llegar a quedar y los inmuebles son finitos. Si se toma una decisión solidaria sobre todos, va a haber muchos trabajadores que no van a poder percibir sus créditos. Los trabajadores tienen algo que se llama ‘pronto pago’, los síndicos ya cerraron su intervención y tenemos que ver cómo sigue ahora la situación, en el marco de la quiebra y posible disolución de los bienes”, planteó.
Aseguró que “la mayoría de los trabajadores que representa está todavía en la isla. Es gente que tiene mucha historia dentro de las fábricas, no son gente que trabajaron cuatro meses sino que la pelearon en Audivic desde hace mucho tiempo”. Asimismo fue crítico de las autoridades que tenían la responsabilidad de controlar y no lo hicieron. “Cualquier empleador chiquito de la ciudad, si no paga sus aportes a la AFIP, a los dos meses se encuentra bloqueado en el sistema. Esta empresa durante meses no pagó un peso por trabajador, pero tenía un proyecto fabril aprobado por la Secretaría de Industria de la Nación. Los Ministerios generalmente toman conocimiento cuando la problemática ya estalló. En el medio se sucedieron cosas bastante irregulares y no sé por qué ni AFIP ni ANSES no identificaron esta situación previamente”, cuestionó.
“Ahora vamos a analizar la situación de la quiebra, se verificarán todos los créditos y hay una prioridad en el cobro que son los trabajadores. La situación es muy compleja, porque los trabajadores no fueron reconocidos como tales. Los despidieron, no les pagaron liquidación final porque dijeron que había un contrato temporario, que era ilegal, y no le pagaron ni siquiera el salario que les correspondía por mes, porque pagaron sumas menores”, aseveró.
Sostuvo que “en las empresas en general han existido reglas complejas y desiguales, con un aval nacional. Muchas veces se critica a las provincias y a los ministerios provinciales, pero la realidad es que los contratos y los convenios se manejan a nivel nacional y quien da las habilitaciones a las empresas para trabajar determinados productos es a nivel nacional también”.
También cargó contra el convenio que flexibilizó condiciones de los trabajadores, al integrar el trabajo temporario y “no se tuvo en cuenta la renovación nominal, para que el trabajador que estaba en esta situación pudiera retomar la tarea en las fábricas. Por el contrario, se apeló a una rotación de trabajadores”.
“Además no hay reglas claras a nivel nacional de qué se va a poder fabricar y qué no, y para abajo es muy complicado generar tranquilidad. La empresa obviamente va a cortar por el lado más débil”, expuso de las condiciones que facilitaron esta crisis.
Por ahora el embargo está firme sobre los bienes de la empresa, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en el juicio y puedan cobrar de allí los créditos adeudados.
