Los legisladores del Movimiento Popular Fueguino, Mónica Urquiza y Pablo Villegas, participaron este martes de la Comisión de Economía, que contó con la presencia de las autoridades del Ministerio de Educación donde se avanzó con el Presupuesto 2019.
Ushuaia.- Luego de concluido el encuentro, Villegas indicó que “aprovechamos la presencia del ministro Romero, para desde el MPF, efectuar preguntas. Particularmente, me queda un sabor amargo de dicha reunión, ya que uno puedo llegar a concluir que se está llevando a cabo un ajuste en el ámbito de educación en horas cátedras y cargos, que implican una menor cantidad de docentes y una menor calidad en la prestación del servicio educativo por parte del Gobierno de la Provincia”.
En la misma línea sostuvo que “ante datos objetivos, reconocidos por el propio ministro, como por ejemplo que la matricula de alumnos en todos los niveles había aumentado en el 2018 en 3700 personas y que iba aumentar en un promedio muy similar en el 2019, no guarda congruencia con otro dato relacionado con que, por razones de saneamiento administrativo vamos a tener un aumento de matriculados y vamos a tener la misma cantidad de docentes”, recalcando que “esto pone de relieve, lo que venimos sosteniendo, que la educación no es prioridad por parte del Gobierno de la Provincia, y desde el Movimiento Popular Fueguino, no podemos compartir esta decisión”.
Por otra parte, durante la reunión se consultó al responsable de la cartera educativa, sobre los supuestos sabotajes o atentados en establecimientos educativos públicos, denunciados por funcionarios del Gobierno. “Ha sido muy pobre la exposición al respecto ya que no supo indicar en qué instituciones se habrían producido y dijo desconocer acerca de los avances en la investigación. Además, hemos criticado que no sea una autoridad del ministerio de educación la que determine cuando se suspenden las clases y que si esté en manos de Infraestructura Escolar”, expresó Villegas.
Por último, el legislador sostuvo “insistimos en el cese de la intervención del IPES, que consideramos arbitraria, ilegitima e ilegal. Hablo de la supuesta existencia de un informe contable y jurídico, de la cual hemos pedido copia “. En cuanto a las becas, el Gobierno ha otorgado a 350 alumnos becas de 2000 pesos anuales “lo que es irrisorio y pone de relieve el orden de prioridades, ya que por una lado adelantan más de 260 millones de pesos a una empresa y a la vez dicen cumplir con esta política de inclusión en la educación, otorgando este tipo de becas”.
