El secretario de Finanzas Oscar Bahamonde dio detalles de los retrasos de coparticipación por parte del gobierno, los saldos definitivos pendientes, e incluso juicios con sentencia a favor que no fueron cancelados en el presente ejercicio. El viernes volvieron a remitir un reclamo formal porque, si bien se achicó la brecha en noviembre, quedan unos 60 millones pendientes de coparticipación que ingresó en octubre a las arcas provinciales. En cuanto a la decisión del Concejo Deliberante de congelar la unidad fiscal para 2019, en base a la cual se calculan los impuestos, dijo que “nosotros estamos defendiendo el presupuesto que elaboramos, con una unidad fiscal de 14 pesos. Se pretendió confundir a la gente con un impuestazo para juntar firmas en contra, lo cual es falso”.
Río Grande.- El secretario de Finanzas del Municipio local, Oscar Bahamonde, dio detalles por Radio Universidad 93.5 de la situación actual con los giros de coparticipación por parte del gobierno, luego de la carta documento con el reclamo de 200 millones de coparticipación enviada el 20 de noviembre pasado. “A ese día llevábamos 60 millones recibidos, cuando lo normal era estar en 120 ó 130 millones”, recordó, y dijo que “la semana posterior a la carta documento mejoró la situación y cerramos el mes de noviembre con 180 millones aproximadamente, aunque igualmente estamos por debajo de los niveles que teníamos, porque veníamos de un promedio de 220 millones mensuales”.
“La tesorera nos contestó la carta documento y el viernes enviamos otra, porque todavía quedan 65 millones pendientes de octubre, más todo noviembre. Mes a mes se va acumulando y se va haciendo una bola más grande, por el retraso en la liquidación diaria de coparticipación”, afirmó.
“De los definitivos salieron cuatro, porque se cancelaron hasta abril, y quedan mayo, junio y julio. Ahora está venciendo agosto también porque se cumplen los 90 días de finalizado el mes. Están pendientes de liquidación, no han salido los decretos y no se han pagado”, sostuvo.
Dado que Labroca negó deuda con la municipalidad, barajó que “quizás no se comunicó con la tesorera o no leyó la respuesta a la carta documento. Como los definitivos no los emiten, ellos dicen que no los deben, pero los plazos para el pago están vencidos”, ratificó el secretario.
Sin bono pero con premio de 25 mil
Consultado sobre el bono de fin de año, que pagará la provincia y la Municipalidad de Ushuaia, pero no el Municipio de Río Grande, explicó que “con un nombre distinto, el Municipio de Río Grande todos los años paga un subsidio o premio vacacional, que es equivalente al SAC. Es decir que es otro medio sueldo que se suma al medio aguinaldo, con lo cual la gente cobra mucho más. El que menos cobra este año va a recibir 15 mil pesos, y en promedio son 25 mil pesos. Esto significa una erogación para el municipio de casi 50 millones de pesos. Es una cifra muy importante”, destacó.
“Esto se da todos los años y, cuando el compañero municipal está por salir de licencia, cobra este premio vacacional, que se paga a todos los empleados municipales y a todos los poderes del municipio”, apuntó.
Respecto de las finanzas municipales, dijo que “el intendente Melella lleva una gestión de siete años y no tenemos un déficit que presente endeudamiento o necesidad de créditos para llevar adelante las obras o prestar los servicios. No hemos tenido la suerte de contar con aportes no reintegrables como otras ciudades y defendemos nuestros recursos, porque son los que nos permiten realizar la gestión”, enfatizó.
Congelamiento de impuestos
En cuanto a la decisión del Concejo Deliberante de congelar la unidad fiscal para 2019, en base a la cual se calculan los impuestos, dijo que “nosotros estamos defendiendo el presupuesto que elaboramos, con una unidad fiscal de 14 pesos. Se pretendió confundir a la gente con un impuestazo para juntar firmas en contra. El congelamiento, como se denominó a mantener la unidad fiscal a valores del 2018, va a provocar una pérdida de recaudación propia y de recaudación provincial, que va en función de la recaudación de cada municipio”.
Indicó que “Ushuaia aumentó sus impuestos, hizo una tarifaria nueva, que no hizo Río Grande, y esto provocó que perdiéramos 80 millones de coparticipación provincial. Este congelamiento plantea trasladar recursos de una ciudad a otra, porque se va perdiendo participación en la recaudación provincial. Entre los dos efectos, la pérdida podría llegar a ser de 300 millones de pesos”, estimó, y sostuvo que “es el equivalente a un plan de obra pública o dos años de asistencia social, que perjudica a los que menos tienen. El congelamiento beneficia al que puede pagar, que tiene distintas herramientas, como un plan de 12 cuotas sin interés”.
“La unidad fiscal está a $11,28 y el proyecto del Ejecutivo plantea 14 pesos para el 2019. Es un incremento de 24%, y veníamos de una unidad fiscal de $9,70 en 2017, lo que dio un incremento para este año del 16%. Ese presupuesto se aprobó en base a expectativas de inflación que se superaron ampliamente y el municipio tuvo que hacerse cargo de las variaciones. La variación de la unidad fiscal va respondiendo a la modificación de los precios y permite al municipio mantener el poder de compra. La mercadería o los insumos por ejemplo para potabilizar el agua que compra el municipio, aumentaron este año y van a aumentar el año que viene también, y plantear que el municipio tenga que adquirir los mismos bienes con el mismo dinero que en 2018, claramente lleva a un recorte de las actividades”, sentenció.
Deudas de nación
Por otra parte, se refirió a las deudas que mantiene el gobierno nacional con el municipio, por la planta potabilizadora. “El servicio de agua era un problema muy grande que teníamos en la ciudad y tratamos de buscarle una solución. Luego de mucha demora y de la obra paralizada, se tomó la decisión de aportar fondos del municipio. Todavía tenemos 60 millones por cobrar del Fideicomiso Austral y la planta está funcionando desde el 1° de mayo. El municipio fue pagando las redeterminaciones de precios, también porque el vecino paga sus impuestos. No aumentamos las tasas y los vecinos pueden ver en la calle las obras que se hacen con sus impuestos”, dijo.
“La prestación del servicio de agua nos genera un déficit, porque la tarifa cubre el 40% de los costos, y por eso habíamos hecho unas 15 comparaciones con distintos barrios y la ciudad de Ushuaia. Vimos que un departamento de Chacra II que paga 100 pesos, en Ushuaia pagaría 300. En los distintos barrios va variando y en todos los casos la diferencia era de al menos el doble. Con toda esta información los concejales decidieron que el año que viene tenemos que cobrar lo mismo que este año”, cuestionó.
“Con el natatorio estamos unos 25 millones abajo. La piscina ha llegado de Europa y está lista para ser instalada. Todos los certificados de este año se pagaron con fondos municipales, siendo una obra del área de Deportes de nación. Más allá de que se presentan los certificados, no se están devolviendo los fondos de nación, y obviamente el municipio va a seguir aportando fondos para que continúe esa obra, que es necesaria para la ciudad. Es una obra de 2015 y todos sabemos la devaluación que hubo, y toda la diferencia la está pagando el municipio”, expresó Bahamonde.
Deudas acumuladas
Entre las deudas de nación y de la provincia, la cifra supera los 300 millones de pesos, y luego hay deudas tributarias, aseguró el secretario, cuestionando la “discrecionalidad” del gobierno respecto de cada municipio. “Hay distinto trato entre los municipios. Nosotros tenemos un titulo ejecutivo con sentencia a favor y la provincia ha sido notificada en 2017. A pesar de eso no incluyó los fondos ni en el presupuesto 2018 ni en 2019. Es un título que, actualizado a la fecha, ronda los 40 millones de pesos. Hemos visto que luego del consenso fiscal, la provincia firmó un convenio con el Municipio de Ushuaia por 300 millones de pesos, de los cuales 30 millones eran un pago a cuenta de tributos, y 270 millones fue un aporte no reintegrable para hacer obras. Hace pocos días en una conferencia de prensa se anunció que para el año que viene hay otros 300 millones de aportes no integrables para Ushuaia. Pero al Municipio de Río Grande no se le cancelan sentencias favorables, ni saldos de coparticipación. El título ejecutivo es una sentencia del 2017 por tributos acumulados al 2015 y no es la única deuda, porque tenemos más en sede administrativa y en estos días vamos a proceder a realizar un título ejecutivo que puede rondar los 30 millones de pesos”, adelantó.
“Luego del consenso fiscal, hubo un compromiso de compensar deudas en 15 días, pero seguimos esperando y por eso hacemos el reclamo también”, señaló.
Goteo necesario
El secretario cuestionó que no se tome la decisión política de aplicar el goteo, que puede hacerse por decreto, no necesariamente por ley, dado que la provincia puede adelantar a Ushuaia recursos de coparticipación. “De esta manera se genera una discrecionalidad, porque se asigna a un municipio 470 millones de pesos y se podría plantear una herramienta para que los municipios no deban depender de la voluntad o los tiempos administrativos. Puede haber ley de goteo o un decreto, para que automáticamente se transfieran los fondos cuando ingresan, como ocurre con la AREF que retiene el 4,2% y remite el saldo restante a Economía”, comparó.
“Hace años las provincias reciben el goteo diario de la nación y acá cada uno debería poder administrarse con sus recursos, sin estar dependiendo de las transferencias. Pero cada vez hay más retraso de coparticipación al municipio”, concluyó.
