El titular del instituto provincial de vivienda, Gustavo Vázquez, dio a conocer modificaciones que prevé debatir vinculadas con el proyecto presentado por dos cooperativas de vivienda, para destinar un porcentaje de los fondos a esta operatoria. La reunión de la comisión legislativa prevista para este jueves se realizará la semana próxima y, de aprobarse la ley, a partir de 2019 podría comenzar a trabajarse con la nueva modalidad. También se refirió a las deudas de nación con el instituto que, si bien se redujeron con el aporte de 181 millones, todavía ascienden a otros 300 millones pendientes de cancelación.
Río Grande.- El presidente del IPV Gustavo Vázquez fue consultado por Radio Nacional Ushuaia sobre el proyecto de construcción de viviendas sin fines de lucro, ingresado por dos cooperativas de vivienda a la Legislatura.
“Hay dos cooperativas que han venido al IPV, están trabajando en este proyecto de ley que presentaron en la Legislatura sobre construcción cooperativa de viviendas. Nosotros ya participamos en la comisión de vivienda de la Legislatura y lo que planteamos desde el IPV es una pequeña modificación a la ley 19, de creación del instituto, a los fines de asegurar que algún porcentaje de fondos vaya destinado específicamente a este tipo de operatoria”, dijo.
Desde las cooperativas piden el 50% del presupuesto de vivienda, pero no podría prosperar, según el funcionario. “Es un proyecto muy ambicioso pero muy difícil de aplicar y de conseguir los consensos, porque las dos asociaciones contemplan una estructura paralela al IPV simplemente para esto, y nosotros no creemos que sea necesario. No tenemos que burocratizar más el estado, sino hacerlo más eficiente y, con la estructura que hoy tiene el IPV, tranquilamente se puede llevar adelante este plan”, afirmó.
“Después en el proyecto tomaban distintos porcentajes de las reparticiones para que sea aplicado a este tema, como el 10% de AREF, el 25% de Puertos, el 20% del IPAUSS, y es muy complicado sacar recursos de otras áreas. Nosotros planteamos algo concreto para que, cualquiera sea la gestión que esté llevando adelante el gobierno, en la ley esté establecido un porcentaje de los fondos FONAVI para este tipo de operatoria. Con esto creemos que aseguramos este tipo de proyectos”, reiteró.
El porcentaje no está definido y “lo estamos analizando. La reunión estaba programada para el jueves pero este miércoles viajamos a la reunión del Consejo Federal de la Vivienda, que se realiza en Bariloche. Es muy importante nuestra presencia porque ahí las provincias reclaman al estado nacional y se discuten las políticas habitacionales. Es un buen momento para encontrar alguna otra opinión respecto de este tema”, indicó.
“No tenemos definido el porcentaje, pero para la semana que viene lo vamos a tener. Hace poco se cerró la ley de presupuesto y ya tenemos en claro cuáles son los fondos FONAVI del presupuesto nacional. El fondo FONAVI se envía por un goteo semanal y hay que buscar un promedio para ver cómo se puede establecer ese porcentaje. No es algo fijo y hay entre 3 y 7 millones semanales que se remiten al IPV. Un mes pueden ser 2 millones y otro mes pueden ser 10 millones, y hay que analizar este tema”, observó.
“Estos programas han existido en la nación, también se está discutiendo la operatoria en Salta y Jujuy con las cooperativas de vivienda. Acá hay una experiencia muy buena con la cooperativa Casa Base, que ha trabajado también con el IPV, y hay que apoyar estas iniciativas. En eso estamos nosotros”, dijo.
“El presupuesto 2019 ya estaría y esto sería una modificación a la ley 19 que empezará a regir una vez que se publique. Si se aprobara antes de fin de año, se implementará a partir del año que viene”, anticipó.
La intención es acelerar el tratamiento: “Yo me comuniqué con algunos legisladores y no queremos dilatar este tema, así que la semana que viene queremos cerrarlo”.
Respecto de las deudas de nación, dijo que “hace un par de semanas la nación realizó un depósito en dos días distintos por un monto total de 181 millones. Eran depósitos que estaban en Tesorería de nación para abonar, no tenían ninguna observación y no entendíamos por qué estaban frenados. Se destrabaron y pudimos cobrar ese dinero, pero hay una deuda todavía pendiente y es parte de lo que queremos ir a reclamar en el Consejo Federal de la Vivienda para reprogramar para el año que viene. Todavía estamos arriba de los 300 millones de deuda a la fecha aproximadamente. La deuda era cercana a los 500 millones y este desembolso de 181 millones ha sido un respiro, que nos da un poco de espalda para llevar adelante las obras en que estamos trabajando”, manifestó.
No descartó que pueda haber cambios en la forma de distribución de los fondos de vivienda. “No me extrañaría, porque en todas las participaciones que tuve surgieron nuevas reglamentaciones que unilateralmente dispuso la nación. En algún momento fueron motivo de queja de todas las provincias, como la resolución que obliga a remitir a nación la información de los beneficiarios de las viviendas. Si no se remitía esa información, no pagaban lo que debían. Esto no tenía nada que ver con los pagos que ya estaban devengados y fue una queja de todas las provincias. Con este gobierno es bastante complicado saber qué va a pasar, porque cambian muchas veces las reglas de juego”, cuestionó.
Vázquez tiene previsto regresar este sábado y “a partir del lunes estamos inaugurando obras en Río Grande, como el gimnasio de la margen sur, que es una obra de una calidad muy buena y muy esperada. Es un espacio muy moderno y grande para el desarrollo de actividades sociales y deportivas”, destacó.
Viviendas a menos de la mitad
Desde la cooperativa de viviendas Nuestro Techo, Javier Branca aseguró que la operatoria que proponen implica poder construir unidades habitacionales a menos de la mitad del precio que paga el IPV en las licitaciones.
Junto con la cooperativa Casa Base presentaron en septiembre un proyecto que fue tomado por los tres bloques legislativos. Branca recordó que este proyecto también fue declarado de interés municipal en la ciudad de Ushuaia, en tanto ingresó a la Legislatura como asunto 447/18.
En los fundamentos, los autores buscan “contribuir con la finalización de la crisis habitacional en la Provincia, aumentando sustancialmente la producción de viviendas debido a sus bajos costos; e incidiendo de forma positiva en el mercado de alquileres, al bajar la demanda y por lo tanto sus precios”.También proponen el “compre fueguino” de los materiales necesarios, tal como lo han realizado en sus primeras experiencias de construcción.
“Ya hubo una instancia con la presentación formal del proyecto, donde pudimos mostrar los números, aunque había legisladores que habían recorrido las viviendas y sabían el monto que había costado la ejecución”, dijo por FM Centro. “Hicimos un contraste entre el precio que paga el IPV por las viviendas y el costo de la cooperativa, y demostramos que con el costo de 100 viviendas se pueden hacer 220 con la cooperativa, con el agregado de que se suelen entregar sin pintura, sin luz y sin un montón de terminaciones que tienen nuestras viviendas. Así y todo, con el precio de una se pueden hacer casi dos y media. Además, todos los materiales han sido comprados en la ciudad de Ushuaia, mientras que en el Pipo se veían a diario los camiones con los contenedores recién bajados de los barcos, con insumos de fuera para todos los materiales de las viviendas”, comparó respecto de las licitaciones habituales.
“Ya demostramos que la modalidad con que viene trabajando el IPV es un fracaso y entregan viviendas que valen más del doble, compran los materiales en el continente y no tributan a la AREF. El IPV en un momento tenía una línea de créditos para autoconstrucción, pero la mayor parte del dinero va a las empresas que ganan las licitaciones públicas y solamente un porcentaje pequeño es para esta línea de créditos. Nosotros planteamos que la mitad de la masa de dinero destinada a construcción de viviendas siga por el camino que tiene actualmente, y la otra mitad sea para créditos de autoconstrucción”, explicó de la propuesta.
“Generalmente a las familias de menos recursos le cuesta mucho acceder al crédito en un banco y la intención es que todas las personas que están en barrios irregulares en proceso de regularización, que tampoco están en condiciones de constituirse en una cooperativa, puedan acceder a un crédito. Ellos determinarán a quién contratan para hacer las viviendas en su barrio, y puede ser una empresa o una cooperativa de trabajo. Nosotros planteamos que haya un registro en el IPV de constructores de la economía social, porque sobran cuentapropistas, como plomeros, albañiles, gasistas, hay cooperativas de trabajo y pymes de la construcción. De esa manera el IPV no solamente entrega el dinero, sino que puede asesorar”, planteó.
“Nosotros, siendo una pequeña cooperativa, hemos conseguido descuentos de hasta el 35% en comercios locales, para hacer apenas diez casas. El estado puede generar programas para que los tomadores de créditos puedan ir a comprar materiales más barato. El IPV viene haciendo 250 viviendas por año en promedio. Nosotros demostramos que podrían llegar a 550, aumentando la calidad y comprando todo en la provincia. Después de 25 años de creado el IPV, hemos logrado poner esto en discusión”, destacó Branca, y apuntó que “para el presupuesto del año que viene están las viviendas de nuestro primer barrio, con un costo de 1.200.000 pesos, y en la misma ley hay viviendas por 4.200.000 pesos”, por la modalidad tradicional del IPV.
