Así lo confirmó el titular de la Oficina de Migraciones de Tierra del Fuego, Lisandro
Ruiz Cardona, quien observó la imposibilidad de ejecutar la medida debido a que el
dominicano tiene que cumplir la mitad de la condena, pero éste ya lleva varias causas en
proceso, por lo que su expulsión se dilata indefinidamente.
Río Grande.- Lisandro Ruiz Cardona, responsable de la Oficina de Migraciones de Tierra del Fuego, fue consultado sobre la situación de los extranjeros que cometen delitos en la provincia y en especial en esta ciudad, que siguen reincidiendo en causas criminales como los cometidos por el dominicano Yonatán Parra y que ha puesto en tela de juicio la legislación por parte de la comunidad que ve que estos sujetos peligrosos siguen viviendo en la ciudad.
En este sentido, Ruiz Cardona contrastó entre los extranjeros “que comenten algún ilícito de los que infringen la ley migratoria” ya que “son dos procedimientos distintos y con plazos diferentes”.
El funcionario nacional separó estas situaciones explicando que “en el caso de los extranjeros que cometen ilícitos siempre hay que esperar que culmine el proceso judicial y en caso de que se los encuentre culpables hay que esperar a que se cumpla la mitad de la condena para poder proceder con su expulsión”.
Sin embargo, “no es así cuando un extranjero infringe con una falta a la ley migratoria donde se resuelve en forma administrativa desde la Dirección Nacional de Migraciones, siendo un proceso con plazos recursivos más acotado, lo que se reduce a un plazo de dos meses en que se puede llegar a concretar la expulsión en caso de que el extranjero no se acoja a los criterios de radicación vigentes y estipulados por la ley”, agregó Cardona.
En este sentido explicó que en el segundo supuesto, “son por ingresar al país por pasos no habilitados o bien por no acogerse por un criterio de radicación, también puede ser por haber adulterado alguna documentación para acceder a una radicación; son cuestiones netamente administrativas de infracciones a la ley migratoria”.
Sobre la impotencia de la sociedad ante casos de extranjeros que reinciden constantemente en sonados casos delictivos, como el del dominicano Yonatan Parra, Lisandro Ruiz Cardona manifestó que “en el caso de público conocimiento de que un extranjero que tiene una acumulación de causas, un prontuario delictivo muy, ya está dictaminada la expulsión por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, situación que no se puede concretar hasta tanto no se finalicen los procesos judiciales de la totalidad de las causas judiciales que tiene en curso”.
Ruiz Cardona observó que esta situación “genera una dilatación en el tiempo y vale aclarar que no es una situación ex profeso o adrede, sino que lamentablemente este sujeto comete ilícitos en forma reiterada lo que hace que antes de terminar una causa se esté encaminando otra. Esto nos impide ejecutar la disposición de expulsión de la Dirección Nacional de Migraciones”.
La polémica disposición de que antes de expulsar a un extranjero que comete delitos en la provincia debe cumplir la mitad de la condena es justamente lo que impide que sea extraditado a su país de origen. “Cada vez que se expulsa del país a un ciudadano extranjero, se le impone una prohibición de reingreso que va desde los cinco años hasta en forma permanente siempre que cometen un ilícito”.
El responsable de la Oficina de Migraciones en la provincia explicó que “aún con la modificación de la ley de inmigración –Decreto 70/2017- los plazos son diferentes los plazos estipulados y nosotros debemos respetar y acogernos a lo que dice la ley y estos plazos son judiciales”.
“Una vez que la justicia nos autoriza la expulsión, se solicita mediante carga pública los pasajes, que van por costas del Estado, en el caso de que la persona esté cumpliendo condena en algún centro de detención, va escoltado hasta el aeropuerto –dependiendo del grado de peligrosidad- se lo acompaña hasta la ciudad de Buenos Aires –en caso de que no sea de un país limítrofe y que tenga que salir por vía aérea- y va custodiado hasta el avión que va a su país, automáticamente se le carga una prohibición de ingreso al país y por ende no podrá entrar a la Argentina por ningún paso fronterizo”, detalló.
Agregó que “en el caso de que sea un país fronterizo, se lo lleva hasta la frontera y se lo entrega a las autoridades del país vecino de nacimiento de esta persona y son las que dictaminarán el futuro de dicha persona”.
En cualquiera de los casos, si esta persona reingresa ilegalmente a la Argentina, “automáticamente se lo expulsa porque está cometiendo un delito migratorio grave”, finalizó diciendo Ruiz Cardona.
