El titular de la Oficina de Migraciones de Tierra del Fuego Lisandro Ruíz Cardona valoró la adhesión de la provincia a la discusión sobre la expulsión de aquellos extranjeros que cometen ilícitos, si bien observó que al margen de un decreto provincial, hay que analizar la manda constitucional y cualquier modificación debe hacerla el Congreso nacional.
Río Grande.- Lisandro Ruíz Cardona, responsable de la Oficina Nacional de Migraciones, celebró que “los gobiernos provinciales hayan tomado cartas en el asunto principalmente a las discusiones que se tienen que dar con respecto a la permanencia de los extranjeros en el territorio nacional”.
En ese sentido valoró las declaraciones del ministro José Luís Álvarez y de la provincia de Chubut, “porque están en consonancia con la filosofía que viene trabajando el Gobierno nacional con respecto a la permanencia de extranjeros que delinquen en el territorio”.
Sin embargo admitió que “para un decreto provincial hay que trabajarlo mucho para ver cómo se puede acoplar con la Constitución, creo que la discusión se debe dar en el Congreso argentino, tanto en la Cámara Baja como en el Senado y es la forma en la que hay que trabajar, por eso celebro que la Provincia de Tierra del Fuego se sume a la discusión y que tengamos este nuevo lugar para hablar de la permanencia de los extranjeros, si bien venimos trabajando junto a la Secretaría de Estado de Seguridad de la Provincia y queremos que se sume a la discusión de esta filosofía del Gobierno nacional respecto a los extranjeros que deben cumplir una pena migratoria, cuando cometen un ilícito”.
Sobre este punto, Ruíz Cardona enfatizó que “tenemos que definir la expulsión y la permanencia de los extranjeros que cometen ilícitos, esto siempre lo vamos a remarcar: nosotros queremos un país de puertas abiertas para todos los que quieran venir a trabajar y todos los que quieran progresar dentro del país, en un todo de acuerdo con el preámbulo de la Constitución Nacional y sus artículos, pero no para los que quieren cometer ilícitos”.
Confió que ya tuvo una conversación telefónica con el ministro Álvarez “y estamos dispuestos a tener una reunión para analizar y ver cómo se puede darle forma y llevarlo a la discusión al ámbito que corresponde con el apoyo de las autoridades provinciales, como nacionales y los representantes en las cámaras, tanto Diputados como Senadores”.
Ruíz Cardona recordó que Migraciones es la autoridad de aplicación en relación a la permanencia o no de los extranjeros en el país, “pero es importante un apoyo político de las provincias a cualquier decisión que tome el Congreso al respecto, si bien desde el ámbito legislativo no es la discusión sobre un decreto provincial con respecto a la libertad de tránsito que rige constitucionalmente en el país la que tenemos que dar, sino el hecho de sumarse a esta filosofía del Gobierno nacional y que es que aquel extranjero que comete ilícitos, debe caberle el máximo rigor de la ley”.
Admitió que “cualquier ilícito es un problema grave, lo cometa o no un extranjero, me críe como fueguino con las puertas abiertas de la casa y debemos volver a eso. En el caso de los extranjeros así sea una sola persona tiene que caberle todo el peso de la ley, tanto penal como civil”.
Caso de Yonatán Parra
El funcionario nacional fue consultado sobre la situación de los extranjeros que cometen delitos en la provincia y en especial en esta ciudad, que siguen reincidiendo en causas criminales como los cometidos por el dominicano Yonatán Parra y que ha puesto en tela de juicio la legislación por parte de la comunidad que ve que estos sujetos peligrosos siguen viviendo en la ciudad.
El titular de la Oficina de Migraciones de Tierra del Fuego observó la imposibilidad de ejecutar la medida de expulsión debido a que el dominicano tiene que cumplir la mitad de la condena, pero éste ya lleva varias causas en proceso, por lo que su expulsión se dilata indefinidamente.
Pero “con la modificación de Ley Migratoria con el Decreto 70/2017 se han acortado los plazos recursivos ante la medida administrativa de la Dirección Nacional de Migraciones. Esto nos permite revocar la permanencia del extranjero que delinque una vez que tenga la condena, así no haya cumplido la mitad de la condena para proceder con la expulsión en forma instantánea, una vez que cumple con los requisitos migratorios. Ha funcionado, hay que seguir discutiendo, hay que llevar una modificatoria de la legislación al ámbito que corresponde que son las cámaras (Diputados y Senado) y esperamos contar con el apoyo de todos los representantes fueguinos para hacer estas modificaciones y hacer cumplir la ley en todos los sentidos”.
Ruíz Cardona recordó que el pasado año fueron ocho los extranjeros expulsados del país y reveló que este año son cuatro los que están en proceso.
En este sentido, Ruiz Cardona contrastó entre los extranjeros “que comenten algún ilícito de los que infringen la ley migratoria” ya que “son dos procedimientos distintos y con plazos diferentes”.
El funcionario nacional separó estas situaciones explicando que “en el caso de los extranjeros que cometen ilícitos siempre hay que esperar que culmine el proceso judicial y en caso de que se los encuentre culpables hay que esperar a que tenga resuelta la totalidad de sus causas, para poder proceder con su expulsión”.
Sin embargo, “no es así cuando un extranjero infringe con una falta a la ley migratoria donde se resuelve en forma administrativa desde la Dirección Nacional de Migraciones, siendo un proceso con plazos recursivos más acotado, lo que se reduce a un plazo de dos meses en que se puede llegar a concretar la expulsión en caso de que el extranjero no se acoja a los criterios de radicación vigentes y estipulados por la ley”, agregó Cardona.
En este sentido explicó que en el segundo supuesto, “son por ingresar al país por pasos no habilitados o bien por no acogerse por un criterio de radicación, también puede ser por haber adulterado alguna documentación para acceder a una radicación; son cuestiones netamente administrativas de infracciones a la ley migratoria”.
Sobre la impotencia de la sociedad ante casos de extranjeros que reinciden constantemente en sonados casos delictivos, como el del dominicano Yonatan Parra, Lisandro Ruiz Cardona manifestó que “en el caso de público conocimiento de que un extranjero que tiene una acumulación de causas, un prontuario delictivo muy grande, ya está dictaminada la expulsión por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, situación que no se puede concretar hasta tanto no se finalicen los procesos judiciales de la totalidad de las causas judiciales que tiene en curso”.
Ruiz Cardona observó que esta situación “genera una dilatación en el tiempo y vale aclarar que no es una situación ex profeso o adrede, sino que lamentablemente este sujeto comete ilícitos en forma reiterada lo que hace que antes de terminar una causa se esté encaminando otra. Esto nos impide ejecutar la disposición de expulsión de la Dirección Nacional de Migraciones”.
La polémica disposición de que antes de expulsar a un extranjero que comete delitos en la provincia debe cumplir la mitad de la condena es justamente lo que impide que sea extraditado a su país de origen. “Cada vez que se expulsa del país a un ciudadano extranjero, se le impone una prohibición de reingreso que va desde los cinco años hasta en forma permanente siempre que cometen un ilícito”.
El responsable de la Oficina de Migraciones en la provincia explicó que “aún con la modificación de la ley de inmigración –Decreto 70/2017- los plazos son diferentes los plazos estipulados y nosotros debemos respetar y acogernos a lo que dice la ley y estos plazos son judiciales”.
“Una vez que la justicia nos autoriza la expulsión, se solicita mediante carga pública los pasajes, que van por costas del Estado, en el caso de que la persona esté cumpliendo condena en algún centro de detención, va escoltado hasta el aeropuerto –dependiendo del grado de peligrosidad- se lo acompaña hasta la ciudad de Buenos Aires –en caso de que no sea de un país limítrofe y que tenga que salir por vía aérea- y va custodiado hasta el avión que va a su país, automáticamente se le carga una prohibición de ingreso al país y por ende no podrá entrar a la Argentina por ningún paso fronterizo”, detalló.
Agregó que “en el caso de que sea un país fronterizo, se lo lleva hasta la frontera y se lo entrega a las autoridades del país vecino de nacimiento de esta persona y son las que dictaminarán el futuro de dicha persona”.
En cualquiera de los casos, si esta persona reingresa ilegalmente a la Argentina, “automáticamente se lo expulsa porque está cometiendo un delito migratorio grave”, finalizó diciendo Ruiz Cardona.
