Los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia definieron este martes en reunión de acuerdo una agenda de temas «sensibles» a tratar, en un principio, hasta julio. Es decir, que son sentencias que se emitirán hasta un mes antes de las PASO.
Buenos Aires.- Se trata de 11 fallos, muchos de los cuales generan preocupación en el Gobierno ya que podrían implicar por un lado golpes al presupuesto y, por otro, a la imagen de la gestión. Es que figuran desde reajustes de haberes a un análisis del banqueo que involucró a la familia presidencial. A diferencia de lo ocurrido en los últimos meses del año pasado, los integrantes del máximo tribunal (Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) no dieron a conocer un cronograma de dictado de sentencias, por lo que habrá que esperar a último momento para conocer los casos.
El último antecedente no fue favorable al Gobierno ya que días atrás le ordenó al Estado Nacional pagarle $15 mil millones a la provincia de San Luis por una deuda de coparticipación. Este precedente podría ser utilizado por otras provincias.
La nómina de casos a tratar es la siguiente:
– Planteo de inconstitucionalidad del decreto 1206/2016 por extender la posibilidad de blanqueo de capitales a familiares de funcionarios. El pedido fue realizado por el diputado Felipe Solá. El Gobierno cuestiona la legitimación del exgobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue el primero en cuestionar judicialmente aquella medida. El caso alcanza al presidente Mauricio Macri y su familia.
– Ampliación de «Badaro». En este fallo, la Corte Suprema estableció un reajuste de haberes para el período 2002-2006. Hace diez años, el entonces defensor del Pueblo de entonces, Eduardo Mondino, presentó un amparo para que se condene al Estado Nacional a disponer un ajuste por movilidad en los términos del mencionado precedente ‘Badaro’ a casi un millón de beneficiarios. Su impacto económico puede hacer caer el presupuesto y el ajuste fiscal llevado a cabo por el Gobierno.
– Impuesto a las ganancias a jubilados. Por una modificación en las escalas de Afip, miles de jubilaciones comenzarían a verse obligados a pagar impuesto a las Ganancias. El máximo tribunal debe definir si deben pagar ese impuesto o no.
– Reelección en La Rioja. Fue remitida a la Procuración en febrero de este año para que se expida antes de que se dicte sentencia. En el expediente iniciado por Cambiemos se pide que se declare la invalidez de la enmienda constitucional y de la consulta popular que se realizó para permitirle al actual mandatario provincial presentarse a una nueva reelección.
– «Canales». Trata sobre el alcance del juicio por jurados. El fallo proviene de la justicia de Neuquén.
– «Bazán». Se debate la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en particular a la potestad del Tribunal Superior de Justicia porteño para resolver conflictos de competencia entre los fueros penales nacionales y locales.
– «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ provincia de Buenos Aires» y «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Córdoba». La Constitución Nacional establece los casos en que las provincias pueden recurrir al máximo tribunal. En estos casos se plantea si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accede también a la competencia originaria de la Corte. Es decir, si se la puede equipar a una provincia o no.
– AMX c/ Municipalidad de General Güemes. Se analiza el tema de la instalación de antenas de celulares y la autonomía municipal de regular su instalación.
– «Ingenieros». Se analizará si prescriben o no de las acciones civiles vinculadas a víctimas de la dictadura.
– «Barrick Gold y otros c/Estado Nacional»: Las empresas mineras pidieron declarar la inconstitucionalidad de la ley de glaciares. Consideran que la norma vigente les impide llevar a cabo sus inversiones.
-Farfán. Es una causa proveniente de la provincia de Jujuy en donde a dirigentes sindicales vinculados a Milagro Sala, al ser excarcelados, se les exigió no asistir a asambleas o reuniones de trabajadores.
Y comenzará con las audiencias públicas para debatir el tema y poder fallar con:
– Fondo Sojero. Las provincias de Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero cuestionan el DNU que eliminó el Fondo Federal Solidario, a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja.
– ESSO c/ Municipalidad de Quilmes: Se realizarán audiencias públicas para analizar las potestades de los municipios en materia de tasa de inspección de seguridad e higiene. Las empresas consideran que no lo tienen. Luego, vendrá el fallo.
Cualquiera sea su fallo, el mismo será interpretado en clave política. No es para menos: las sentencias, sin dudas, impactarán en la campaña electoral.
