Mensaje corto y de tono electoral. Así se espera que sea el discurso del presidente Mauricio Macri cuando a las 11 de la mañana arranque la cadena nacional con la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Mencionará la palabra inflación como una preocupación del Gobierno con promesas de que “todo mejorará”.
Buenos Aires.- Será el cuarto mensaje del jefe de Estado frente a la asamblea legislativa en un año con poco debate en el recinto por el temor de sufrir una mala pasada con las iniciativas que quiere plantear el oficialismo.
Casi todo pasará por las políticas de seguridad y algunos cambios en materia política. Si bien Macri aprovechará la presentación como un lanzamiento de la campaña por la reelección evitará referirse a temas que complican a la gestión como, por ejemplo, la situación económica. Mencionará la palabra inflación como una preocupación del Gobierno con promesas de que “todo mejorará”. Destacará la importancia de la inserción en el mundo para lograr una reactivación económica y hará mención de los logros con la cumbre del G-20.
Al abrir el período 137º de sesiones, Macri presentará una serie de medidas que incluirá un paquete en materia de seguridad. Por un lado, la reforma del régimen penal juvenil con la baja de la inmutabilidad de 16 a 15 años para los delitos graves. Además insistirá con el debate por la ley antibarras, un proyecto que busca combatir la violencia en el fútbol que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. La iniciativa iba a ser aprobada el año pasado pero pasó para marzo al no convocar a extraordinarias en febrero.
Salvo el primer discurso ante al Congreso, el resto de los mensajes apenas se extendieron unos minutos más de los 40. La misma dinámica se utilizará esta vez. Incluso se habla de que sea algo más corto que las tres veces anteriores.
En cuanto a los proyectos que impulsarán en el año legislativo, Cambiemos buscará modificar la ley de financiamiento de partidos políticos. El proyecto del oficialismo plantea la bancarización de los aportes, la legalización de las contribuciones que hagan las empresas -hoy prohibido- con un tope y controles para evitar el lavado de dinero. En algún momento se pensó en un decreto para limitar el uso efectivo en las campañas, pero fue descartada ante el asesoramiento del entorno presidencial. Pese a que el Gobierno eligió debatir el tema en un año electoral espera que sea aprobado antes de las PASO de agosto.