Tanto desde la Comisión que integra la CTA Autónoma como desde el SUTEF denunciaron que “el recorte en educación afecta la escolaridad de los alumnos y alumnas en proceso de inclusión”. Señalaron además que “es urgente y necesario que padres, alumnos y docentes nos unamos para exigir el cumplimiento de los derechos de nuestros estudiantes”.
Ushuaia.- Desde la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma y el SUTEF advirtieron en un documento que “el recorte en educación afecta la escolaridad de los alumnos y alumnas en proceso de inclusión”.
En el mismo texto señalan que “el cinismo del gobierno de Bertone-Arcando se expresa también en un área tan sensible como es la educación de alumnos y alumnas con discapacidad y/o estudiantes con necesidades educativas particulares”.
Después advierten que “Los docentes bregamos por la educación de excelencia, la inclusión y la atención a la diversidad. La inclusión de los estudiantes se logra casi siempre gracias el esfuerzo personal y profesional de muchos de nosotros; sin políticas educativas que contemplen por ejemplo: la capacitación docente, el sostenimiento de grupos reducidos, la accesibilidad de los establecimientos educativos, llegando al extremo de no garantizar el transporte a la totalidad del estudiantado con discapacidad que así lo requiere”.
“En cambio el Ministerio de Educación ha cerrado cursos y proyectos en las escuelas medias y ha dado de baja innumerable cantidad de cargos docentes como maestros tutores; a esto se suma la resistencia de la Supervisión de Media para solicitar la intervención de la modalidad especial en los procesos de inclusión; lo que deja a los y las estudiantes secundarios sin ninguna clase de acompañamiento en sus trayectorias educativas”, remarcan.
Comentando luego que “En nivel inicial y primaria la situación también es preocupante; otra vez en nombre de la “inclusión” se niegan los recursos de Maestros acompañantes, se obliga a docentes y equipos directivos a presentar extensas fundamentaciones para solicitar parejas pedagógicas y/o Maestros/as de Apoyo a la Inclusión y una vez cumplido el trámite tampoco se garantiza el otorgamiento de dichos cargos. Al día de la fecha en la provincia no hay escuela que cuente con la totalidad de recursos solicitados para este fin”.
Advierten además que “La preocupación por la falta de cargos es moneda corriente entre las familias de alumnos/as con discapacidad; basta con chequear las redes sociales en estas últimas semanas para comprobar que este tema las angustia ya que entienden que sin estos recursos humanos la inclusión deja de ser posible”.
Después expresan que “Tampoco se cumple con el número de alumnos que debe haber por curso para garantizar una propuesta pedagógica acorde y en función de las necesidades individuales. La normativa establece el número de alumnos/as por nivel (19 alumnos nivel inicial, 20 alumnos para primer ciclo de primaria, 22 para el segundo ciclo y 24 estudiantes para secundaria y que los grupos podrán tener menos alumnos si hay en ellos procesos de inclusión)”.
Finalmente indican que “En este contexto creemos que es urgente y necesario que padres, alumnos y docentes nos unamos para exigir el cumplimiento de los derechos de nuestros/as estudiantes y desenmascarar el cinismo del gobierno que esconde bajo la bandera de la inclusión un ajuste despiadado”.