La decisión de acortar el plazo en el que los comercios reciben el dinero de las ventas que hacen por tarjeta de crédito fue recibida como una buena noticia por parte de los dueños de las estaciones de servicio.
Buenos Aires.- Se trata de un sector que viene reclamando a las emisoras de dinero plástico que liquiden los ingresos por ventas de naftas y gasoil en una menor cantidad de días hábiles a los que hasta ahora venían demorando y que llegaban a los 19.
Ahora, y como parte del paquete de medidas anunciadas por el Gobierno para impulsar el consumo y combatir la recesión, ese lapso se achica a 10 días hábiles, por resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Además, los bancos no van a cobrar más comisión por esta operatoria. Es decir, dejarán de percibir entre 1% y 2% que abonaban las pymes por ceder el efectivo a las entidades financieras, situación que no estaba regulada por el BCRA que ahora fijará la regulación y prohibirá la comisión.
En el sector del expendio de combustibles estiman que el dinero que empresas como Visa, MasterCard y American Express retenían al sector por las ventas con tarjetas de sus marcas durante 19 días hábiles ascendía a $22.500 millones por mes, lo cual les impedía bajar costos, contar con más fondos para pagar la compra de combustible a las productoras petroleras y, además de sufrir la depreciación propia de no poder contar por casi un mes con semejante nivle de fondos en un marco de elevada inflación.
Ahora, según fuentes de la Federación de Empresarios de Combustible (FECRA), el escenario será diferente y le permitirá a las estaciones de servicio operar en mejores condiciones que las actuales.
Fuentes de la entidad empresaria, estimaron ante iProfesional que cada estación de servicio de las 4.500 que operan en el país vende cerca de 330.000 litros de combustible por mes a un precio promedio de $45 pesos por litro.
De esa venta, entre el 40% y el 45% se realiza con tarjeta de crédito. Es decir, algo así como $5 millones por mes por cada estación de servicio que las emisoras retenían durante 19 días hábiles (28 corridos) en un país con 45% de inflación anual.
De hecho, un informe de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (FAENI), advierte que la venta de combustibles mediante medios electrónicos es una tendencia creciente que, según datos de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc), durante el año 2017, se incrementó un 30,4% en facturación, mientras que en número de transacciones creció un 8,6%.
En cuanto a las tarjetas de débito, el documento también estima una suba del 39,9% para el mismo año en términos nominales y de un 10,2% en cantidad de operaciones, datos que, de acuerdo al trabajo, «implican un gran desafío para las estaciones de servicio porque la ecuación económica en la venta de combustible muestra notorias diferencias respecto a las de cualquier otro rubro o producto por los bajos márgenes bruto y neto en el comercio de derivados de petróleo, específicamente en el canal minorista».
En este marco, la entidad empresaria califica de «excesivos» a los plazos de acreditación que venían aplicando las emisoras de dinero plástico y reclamaba «una urgente modificación», que ahora llega con el paquete de medidas que acaba de anunciar el Gobierno para intentar mejorar la percepción social sobre la gestión de Cambiemos.
Como ejemplo, el documento hacía referencia a los plazos en otros países como Uruguay, donde la acreditación se concreta en tres días hábiles, o en Brasil donde los plazos son similares a los argentinos pero en donde una ley local permite a los comercios y empresas trasladar al consumidor final el costo de oportunidad que surge de no disponer de los fondos en el corto plazo.
«Asimismo, el riesgo financiero inherente a la aceptación de éste medio de pago, plantea un potencial quiebre de empresas del comercio minorista de combustible que explican la razón por la cual no habría que discontinuar la venta con tarjetas», señala el documento de FAENI que también se refiere a los indicadores de rentabilidad que se encuentran en los niveles históricos más bajos como otro de los motivos.
De todos modos, el trabajo estima que el peso de componentes impositivos, sumado a costos financieros y laborales crecientes, amenaza la continuidad de gran cantidad de empresas del sector que al ser también agentes de recaudación pero sin ser sujetos pasivos de los tributos recaudados, «sufren doble imposición sobre un mismo hecho imponible, además de tener que incurrir en numerosos costos financieros sobre dinero no propio».
Por ese motivo, la reducción de los plazos de pago es para los empresarios de este sector una medida que les permitirá modificar sustantivamente la situación de ahogo financiero, «permitiendo la supervivencia de un gran número de empresas pymes comercializadoras minoristas de combustible».
