La ex directora del Colegio Trejo Noel de Tolhuin espera ser restablecida al frente de la institución, ante la conclusión del sumario administrativo, que le resultó favorable. En 2014 comenzaron las acciones judiciales de la familia de Lautaro Crespo, un menor con síndrome de Down víctima de discriminación, que finalmente pudo egresar del nivel secundario el año pasado. Durante el gobierno de Fabiana Ríos hubo una batalla judicial contra la familia, y no se tomaron medidas con la directora ni los docentes acusados, hasta que se inició el sumario correspondiente en la gestión Bertone. La conclusión, según Del Estal, fue que “no hubo discriminación” y reclama celeridad al ministro Diego Romero para que la reponga en el cargo.
Río Grande.- La ex directora del Colegio Trejo Noel de Tolhuin, María Angélica Del Estal, visitó los estudios de Radio Universidad 93.5 para dar a conocer el dictamen favorable que obtuvo como conclusión de la investigación sumaria por discriminación a un menor con síndrome de Down. La docente reclama ser restablecida en el cargo y quiere “volver con la frente alta”, luego de la batalla judicial que debió librar la familia del joven Lautaro Crespo durante el gobierno de Fabiana Ríos, para que se le permitiera seguir estudiando y se adecuaran los contenidos a sus capacidades.
La familia decidió en 2014 recurrir a la justicia, ante la falta de respuestas del establecimiento, y logró un fallo favorable que fue apelado por el Ministerio de Educación de la gestión anterior. No existió ninguna acción sumaria, hasta que, con el cambio de gobierno, en agosto de 2017 se inició la instrucción correspondiente, se decidió separar el cargo a la directora Del Estal, y trasladarla a Río Grande, donde se desempeña en el área de biblioteca.
“La investigación llevó un tiempo prudencial, porque recién el 6 de marzo se terminó de cerrar el sumario, que plantea que no existió ningún tipo de discriminación”, aseguró la docente. “Lo primero que se hizo fue cambiar la carátula de la instrucción sumaria, que hablaba de una situación irregular en relación con un escolar del colegio secundario. Se realizaron nueve expedientes y declararon muchas personas, profesores del colegio, supervisores ya jubilados, gente del ministerio de educación de la gestión anterior y de la actual, y el sumario terminó con un dictamen favorable”, sostuvo.
Si bien la integración de alumnos con discapacidad está prevista en los establecimientos, y en general se lleva adelante sin inconvenientes, el tratamiento que tuvo Lautaro Crespo se convirtió en un verdadero escándalo: “El colegio es el único secundario de la zona y siempre incorporamos cualquier tipo de alumno que viniera a matricularse. En 2012 (Lautaro) comienza su trayectoria en el colegio secundario de Tolhuin y egresó en diciembre del año pasado. La primera dificultad que encontramos es que había querido matricularse en el colegio Los Andes de Ushuaia y no se lo permitieron. Estuvo en Kayú-Chenén y en otros colegios, y fue alojado (sic) en el colegio secundario de Tolhuin”, relató Del Estal.
Reconoció que “era toda una cuestión nueva atender las necesidades del joven, que egresó con 20 años del colegio secundario, cumpliendo con todas las materias y con estrategias que se manejaron para que pudiera alcanzar el objetivo. Fueron muchos los profesionales que trabajaron, con idas y venidas, y algunas directivas del ministerio de educación anterior, pero todavía queda reglamentación pendiente para atender la discapacidad en la provincia”, indicó.
Argumentó que cuando surgió la controversia judicial no había directivas claras. “El dictamen tiene 70 fojas y la resolución 311/16 sale en 2016, para atender cada una de las capacidades que había que atender. En abril de 2017 recién sale un anexo con todas las consideraciones para realizar configuraciones de apoyo. El dictamen dice que en la provincia aún no existe reglamentación para atender las necesidades en el nivel secundario, en la gestión política del actual gobierno”, criticó.
“En 2012 comenzamos a trabajar con los ministros que pasaron por la gestión anterior, como (Amanda) Del Corro, (Sandra) Molina, y varios profesionales de los equipos técnicos del ministerio. Fueron muchos los profesionales que intervinieron y cada vez que presentaban alguna acción judicial, ni los directores ni los profesores podíamos intervenir y mucho menos participábamos de esas decisiones”, dijo la ex directora, tomando distancia de las apelaciones y recursos que se interpusieron contra la familia durante la gestión Ríos.
“La familia presentó un recurso de amparo porque no se le daba el boletín y eso no lo resuelve la dirección, sino el equipo técnico. En primaria se daban boletines por capacidades y el boletín que se iba a dar iba a ser por capacidades. Las presentaciones de la familia siempre fueron contra el estado, y la cuestión mediática siempre apuntó contra la dirección”, lamentó.
“Nosotros no salimos de salir a los medios y un directivo no puede contestarle a la familia públicamente. Nosotros se lo planteamos a la familia pero no los convencíamos y entonces salieron a los medios y a la justicia, y los abogados del ministerio de educación participaron de esa situación, pero nunca nosotros”, reiteró.
Aseguró que “el sumario dice que no existió nada de lo que me endilgaban y dice que se debe dar por concluido el traslado preventivo. Ahora hace falta la resolución del ministro Romero, que diga que debo cumplir funciones nuevamente en el lugar donde estaba. Hoy figuro en primer lugar en la nómina de supervisores, pero al tener un traslado preventivo y no estar al frente de la dirección, pierdo el lugar para integrar esa nómina. Desde el 6 de marzo no me han notificado de ninguna situación y empecé a investigar en la junta de disciplina, y me dicen que está por salir un dictamen, que debe pasar por jurídicos hasta que llegue al ministro para que firme la resolución. Así funciona la burocracia en el estado”, dijo.
La docente aspira a volver a su puesto en Tolhuin, que “tiene una comunidad muy activa y muy joven, que necesita de mucha atención y trabajo. Son muchas familias migrantes del norte del país y hay personas que están arraigadas hace mucho tiempo. Los profesores provienen de Río Grande y de Ushuaia, y hasta que me fui tenía profesores que fueron alumnos míos”, destacó.
Ahora depende de la decisión que tome el ministro Diego Romero: “Del 6 de marzo al 6 de mayo ya pasaron 60 días y se está pasando el tiempo. A mí me gustaría que todos los docentes que fueron vapuleados en su profesión, en su trabajo, porque les dijeron que eran discriminadores y no querían trabajar, o que se enfermaban y renunciaban, se queden tranquilos porque hicimos todo lo que pudimos hacer, sin ningún tipo de respaldo administrativo. Me gustaría volver con la frente alta al colegio, y el tiempo dirá si hubo o no persecución”, planteó.
“Mi experiencia siempre está dispuesta para colaborar, permanentemente escucho los reclamos de los padres que piden un par pedagógico, un acompañante, configuraciones de apoyo y a veces no cuentan con las herramientas necesarias para esas configuraciones de apoyo, porque son aulas nutridas con cinco u ocho escolares integrados en los salones. Hay que hablar en serio de inclusión y no se trata de escolarizar solamente. Se trata de hacer un trabajo serio, dándole más protagonismo a la dirección de modalidades y habilitar espacios para que los profesores dialoguen”, propuso.
Además negó todo cuestionamiento de parte de las autoridades de la gestión anterior y durante el primer tramo de la actual, por su desempeño: “Desde el 2012 al 2017 no vino ningún supervisor a plantearme si estaba haciendo algo mal y que por eso me iban a hacer una investigación sumaria. Vino una vez una persona que estaba de paso de Río Grande a Ushuaia, y me entregó la documentación”, dijo del inicio del sumario, ya finalizado.
