La ex embajadora argentina Alicia Castro destacó la decisión del intendente Gustavo Melella de avanzar con un amparo antes del 16 de este mes, cuando está prevista la adjudicación de las áreas off shore a distintas empresas, entre ellas la británica Tullow Oil. Recordó que la ley de hidrocarburos prohíbe que una empresa petrolera que haya operado en Malvinas pueda hacerlo en la plataforma continental argentina, y es el caso tanto de la británica Tullow Oil, como de la noruega Equinol, ambas preadjudicatarias. Aseguró que el accionar del presidente Macri roza la “traición a la Patria” porque, si bien no hay una guerra con Gran Bretaña, existe una controversia y sostiene una política de entrega de soberanía, que se plasma nuevamente en estas licitaciones. Asimismo, advirtió que prevé recaudar “718 millones de dólares para dárselos al FMI”.
Río Grande.- La ex embajadora Alicia Castro consideró que raya con la “traición a la Patria” la entrega de recursos naturales a una empresa británica de parte del gobierno de Macri, y además advirtió que viola la ley de hidrocarburos, dado que tanto Tullow Oil como la noruega Equinol han realizado explotaciones en las Islas Malvinas por decisiones unilaterales de Gran Bretaña.
La ex funcionaria kirchnerista había publicado en su cuenta de Twitter que “el 10 mayo hubo una reunión en la Cancillería Argentina en la que evaluaron las posibilidades de explotación de recursos y establecer medidas de conservación en la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas, incluyendo la creación de áreas marinas protegidas OROP”, con lo cual se está reconociendo a Gran Bretaña como “estado ribereño”, para el caso de la organización que entendería en materia de pesca.
Por Radio Provincia, afirmó que “es una política de entrega y no olvidemos que están analizando por estos días en completo secretismo, como es práctica habitual de la Cancillería argentina bajo el gobierno de Macri, la concesión de bloques petroleros en la primera licitación nacional de áreas costa afuera, en la plataforma argentina. No se conocen los integrantes de la comisión evaluadora, no hay publicados estudios de impacto ambiental, y esto puede ser gravísimo, porque un derrame en una plataforma off shore en Malvinas podría alcanzar el continente en dos semanas y sería un desastre ecológico”, alertó.
“Las empresas ganadoras de esta licitación van a ser conocidas cuando ya estén adjudicadas las áreas, y las autoridades argentinas permiten que, si hay una queja o un juicio, los tribunales sean en el exterior. Una vez que se adjudiquen estas áreas, si hay alguna objeción, ya hay que litigar. En realidad se tendría que haber dado a conocer antes, como para que pudiera haber un proceso de evaluación”, consideró.
Violación de la ley
La ex embajadora aseguró que, de adjudicarse las áreas a estas dos empresas en particular, se está violando la ley de hidrocarburos. “Es muy grave, porque dos de las empresas, tanto la británica Tullow Oil como la noruega Equinol, han actuado en la explotación de petróleo dentro de Malvinas. La ley de hidrocarburos, que fue modificada en 2013 por el gobierno Kirchner, prevé que ninguna empresa petrolera que haya actuado en Malvinas pueda actuar en la plataforma continental argentina, porque obviamente se trata de una explotación clandestina e ilegal, de acuerdo no sólo a la legislación argentina, que no ha otorgado permisos para esa explotación, sino también a resoluciones de Naciones Unidas, que indican que no puede haber acciones unilaterales mientras se está dirimiendo la controversia de soberanía”, dijo.
“Se pretende entregar a los británicos que están usurpando nuestras islas toda la información sobre la prospección geofísica, geológica y sísmica de nuestras Malvinas. Tienen una base gigantesca con casi dos mil efectivos, tanques de guerra, aviones de combate y un submarino con capacidad nuclear, usando la Argentina como hipótesis de conflicto. Las islas van a estar rodeadas de plataformas británicas y es de una gravedad enorme”, enfatizó.
Amparo del Municipio
Alicia Castro celebró que “el municipio de Río Grande haya decidido iniciar acciones legales antes del 16 de mayo, según nos informó la gestión de Gustavo Melella. Espero que la actuación del municipio sea reconocida por la justicia y que el recurso tenga frutos”, dijo, tratándose de un amparo para frenar las adjudicaciones, que deberá definir la flamante jueza federal Mariel Borruto.
Consultada sobre los pronunciamientos del gobierno fueguino, que hasta ahora no se han traducido en acciones, dijo que “yo eso se lo dejo a los fueguinos. Yo me alegro que Melella tenga siempre una mirada puesta sobre Malvinas, lo cual me consta porque he participado todos estos años de los Diálogos de Río Grande”.
Respecto del rol del secretario Jorge Argüello, reiteró que no quiere ponerse “a evaluar eso y lo harán los fueguinos. Es importante que todos se pongan en acción, porque no se puede perder tiempo ante un gobierno que va corriendo a entregar nuestros recursos a los británicos. Hay una resolución complementaria de Naciones Unidas que impide que se tomen medidas unilaterales mientras no se resuelva la controversia. Es decir que ni Argentina ni el Reino Unido pueden tomar una medida de explotación del petróleo en el área de controversia, y eso está siendo violado”, sentenció.
Todo para el FMI
Además, observó que todas estas adjudicaciones tienen como fin recaudar “718 millones de dólares para entregarlos al FMI. Realmente es un escándalo, porque ante el estado de miseria, de pobreza, el crecimiento del desempleo, la marginalidad y la desindustrialización, nosotros estamos rematando valiosas cuencas de nuestros recursos naturales no renovables y renovables a los británicos, para darle 718 millones al FMI. Esto es el resumen del macrismo. Es macrismo en estado puro”, sostuvo.
En cuanto a la OROP, dijo que “el 10 de mayo hubo una reunión secreta de varios ministerios en la Cancillería, para evaluar la posibilidad de constituir una organización regional pesquera, que le daría a Gran Bretaña en el Atlántico Sur el estatus de estado ribereño, lo cual es completamente opuesto a nuestra reivindicación de soberanía”.
Prácticamente lo equiparó a una “traición a la Patria, aunque no tenemos una guerra con el Reino Unido. No configura el estatus legal de traición a la Patria, que se aplica a un estado de guerra. No tenemos una guerra pero sí hay una controversia, y hay una cláusula transitoria de la Constitución Nacional que nos obliga a todos a perseguir la finalidad de la soberanía de las islas Malvinas. Esto alienta y permite la continuidad de la dominación británica en nuestras Islas Malvinas, es decir que es netamente inconstitucional y en principio viola la ley de hidrocarburos. Es una acción netamente ilegal y espero que la acción del Municipio de Río Grande sea reconocida por la justicia y que el recurso tenga frutos”, concluyó.
La tarea de la flamante jueza
Cabe señalar que, de presentarse el amparo entre hoy y mañana, la definición de frenar el proceso de adjudicación recaerá en la jueza Mariel Borruto, quien se deberá expedir sobre la legalidad del proceso licitatorio que lleva adelante el gobierno nacional y puso en marcha en octubre pasado.
El juzgado federal entraría en una carrera contra el tiempo para expedirse antes de este jueves dado que, una vez adjudicadas las áreas, la jurisdicción es internacional ante cualquier queja o litigio.
Lo cierto es que el jueves 16 la Secretaría de Energía de la Nación tiene previsto firmar las actas para la adjudicación definitiva de las 18 áreas licitadas, siete de las cuales serán otorgadas a las británicas Shell, British Petroleum y Tullow Oil. Pese a las disposiciones de la ley de hidrocarburos, el gobierno del presidente Macri admitió que Shell, British Petroleum y Tullow Oil participaran de la licitación y se convirtieran en pre-adjudicatarias de siete áreas petroleras, de las cuales tres están directamente dentro de la jurisdicción de Tierra del Fuego, frente a las costas del litoral atlántico de la isla Grande, en la Cuenca Malvinas Oeste.
El juzgado federal registra antecedentes de una postura clara en defensa de la soberanía, a partir de la actuación de la ex jueza Lilian Herráez, también por un litigio en materia hidrocarburífera, cuando en 2015 se declaró competente ante la denuncia presentada por la PROCELAC, contra las petroleras de origen británico Falklands Oil and Gas Limited (F.O.G.L) y Otras, por realizar exploración en la plataforma continental argentina sin autorización del estado nacional y en un sector de disputa soberana.
Según recuerda el portal Agenda Malvinas, la jueza Herráez dictó medidas cautelares, ordenó embargos de bienes el secuestro de estructuras móviles, plataformas sumergibles y semi-sumergibles, y libró 16 oficios a organismos nacionales, como Aduana, Prefectura, Cancillería, Registro Nacional de Empresas Petroleras; además de enviar cinco exhortos diplomáticos.
Con el arribo de Mauricio Macri al gobierno y el cambio en la política con relación a la Cuestión Malvinas, se congeló la acción penal y los exhortos nunca fueron enviados por la cancillería macrista.
La flamante titular del juzgado federal de Río Grande ocupó la Secretaría, acompañando a la jueza Lilian Herráez hasta su retiro, por lo que conoce las causas que se tramitan sobre la Cuestión Malvinas, ahora bajo su órbita.
